EN MEDIO DE UNA BOLIVIA MARCADA POR LA CRISIS DE COMBUSTIBLE Y LA EXPECTATIVA ELECTORAL, la justicia liberó este viernes a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, tras ser denunciado por violencia doméstica.
La jueza a cargo del caso determinó que el acusado, de 33 años, deberá cumplir cinco meses de terapia psicológica, luego de haber permanecido un día detenido, informó el Ministerio Público.
Sobre Arce pesaba una orden de captura desde el 20 de septiembre, después de que su expareja lo denunciara por “violencia familiar o doméstica” en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande del país y epicentro económico del oriente boliviano.
Las autoridades no lograron ubicarlo durante casi un mes, hasta que el jueves pasado se presentó ante la justicia acompañado de su abogado.
En imágenes difundidas por medios locales, se le observa abandonando la sala de audiencias con el rostro cubierto por una gorra y mascarilla.
La fiscal Jessica Echeverría, encargada del caso, informó que la jueza dispuso el tratamiento psicológico pese a la oposición del Ministerio Público, que había solicitado 180 días de detención preventiva.
“La jueza calificó el caso como uno de conciliación diferida, lo que permite un acuerdo entre las partes”, explicó Echeverría.
Durante la audiencia, la víctima y su abogado solicitaron no continuar el proceso, mientras que un certificado médico confirmó que la mujer presentaba 12 días de incapacidad tras la agresión denunciada.
El presidente Luis Arce no ha emitido declaraciones sobre la detención ni sobre la liberación de su hijo.
El caso estalla en medio de una coyuntura política crítica: Bolivia se prepara para el balotaje presidencial, que definirá el fin de dos décadas de gobiernos socialistas.
Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz, ambos de centroderecha, competirán este domingo en una elección que podría reconfigurar el mapa político boliviano.
Mientras tanto, el país enfrenta una profunda crisis económica y energética.
La escasez de diésel ha paralizado parte del aparato productivo y generado largas filas en estaciones de servicio en regiones clave como Santa Cruz, donde el malestar social crece y se proyecta como un factor electoral decisivo.
En este contexto, el caso judicial que involucra al entorno familiar del mandatario aumenta la tensión y alimenta el debate público sobre la transparencia institucional en los últimos días de campaña. N
(Con información de agencias)
