TRANSCURRIDOS más de 1,000 días de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, Brasil está considerablemente peor que cuando asumió el cargo. La pésima gestión de la pandemia de covid-19, la agudización de la crisis de seguridad pública y la gran devastación ambiental son solo tres de los resultados de un mandato que ha representado un verdadero desastre para los derechos humanos.
En el informe “1,000 días sin derechos: las violaciones del gobierno Bolsonaro”, Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto 32 actuaciones del gobierno que han conducido claramente a graves violaciones de derechos humanos desde la toma de posesión del presidente hasta el 26 de septiembre de 2021. Millones de personas en todo el país han notado los efectos de estás políticas nocivas en sus bolsillos, en sus mesas a la hora de comer, en sus territorios y en sus cuerpos.
El país que Bolsonaro describió en su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas no existe. Lejos de las pretensiones de un presidente que afirma que gobierna un país sin corrupción, con sólida protección ambiental y credibilidad restaurada de cara al mundo, la realidad es que Brasil está sumido en una crisis de derechos humanos grave y multidimensional.
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El desempleo afecta a 14 millones de personas, que forman parte del 56 por ciento de la población que hace frente a la inseguridad alimentaria y tiene escaso o ningún acceso a asistencia social. El hambre afecta cada día a 19 millones de personas —de modo desproporcionado a personas negras e indígenas—, y con frecuencia las mujeres han de asumir en solitario el desafío de asegurar el cuidado y la subsistencia de sus familias, sin apoyo alguno del gobierno federal.
La ayuda económica de emergencia, que comenzó a prestarse en 2020, se interrumpió durante tres meses y después se reanudó con capacidad reducida. Las organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para mitigar los efectos del hambre en Brasil, han distribuido alimentos a residentes de las favelas y han prestado asistencia jurídica para ayudar a personas indígenas y quilombolas (personas afrobrasileñas residentes en asentamientos históricos fundados por personas esclavizadas que escaparon) a defender sus derechos. Pero el Estado también debe hacer más.
El presidente Jair Bolsonaro ha respondido a la pandemia de covid-19 con una mezcla de negacionismo, negligencia, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. Las constantes declaraciones y acciones de Bolsonaro para restar importancia a los efectos de la enfermedad, entre ellas sus innumerables discursos contra las vacunas de covid-19, la demora en la adquisición de vacunas, su defensa de fármacos ineficaces, y su apoyo a grandes concentraciones de personas son algunos de los motivos por lo que Brasil se acerca a la desoladora cifra de 600,000 vidas perdidas.
HISTORIAS INTERRUMPIDAS POR LA NEGLIGENCIA
Esta enorme cifra no solo refleja el número de personas que han muerto, sino también la cantidad de familias y comunidades que han perdido a sus seres queridos. Son historias interrumpidas por la negligencia, por la omisión, mientras el presidente Bolsonaro sigue tratando el covid-19 como si no existiera.
Brasil tiene uno de los pocos sistemas de salud pública universal de la región, pero se ha visto afectado por las medidas de austeridad del gobierno en plena pandemia. Los pueblos Indígenas, las personas quilombolas e incluso las personas que habitan en las favelas de Río de Janeiro han tenido que recurrir al Supremo Tribunal Federal para hacer valer su derecho a recibir asistencia, y aun así, los fallos favorables del tribunal no se han cumplido.
En junio, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, presentaron un estudio que reveló que el gobierno de Brasil podía haber evitado 120,000 muertes, solo en el primer año de la pandemia, si hubiera adoptado las medidas de salud pública adecuadas para luchar contra el covid-19. Las organizaciones han pedido al procurador general, Augusto Aras, que abra investigaciones sobre la responsabilidad del gobierno de Bolsonaro.
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Desde hace cinco meses está en funcionamiento una comisión parlamentaria de investigación en el Senado Federal que ya ha sacado a la luz algunas situaciones que requieren la atención urgente del procurador general, sin que este haya actuado de forma clara. Esta parálisis no se circunscribe solo al poder judicial. El Parlamento de Brasil también ha seguido actuando en complicidad con la administración de Bolsonaro en sus innumerables falencias en la gestión de la pandemia. Más de 120 solicitudes de impeachment del presidente se hallan sobre la mesa de Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados.
No es solo la mala gestión de la pandemia, sino también otras acciones del gobierno las que perpetúan las múltiples crisis de derechos humanos de Brasil.
Bolsonaro y otras autoridades de alto rango atacan constantemente a la prensa, desacreditan el trabajo de miles de periodistas y otras personas trabajadoras de medios de comunicación, y con gran frecuencia amenazan el Estado de derecho. Mientras tanto, al alentar la deforestación y la extracción de recursos naturales en la Amazonia, el presidente ha agravado el impacto de la crisis climática en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y quilombolas, que deja un legado de destrucción ambiental.
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El gobierno de Bolsonaro ha relajado aún más las protecciones y los mecanismos de preservación, y comunidades enteras han quedado expuestas a desastres, violencia y abandono. En el área de la seguridad pública, el gobierno ha ampliado el acceso a armas de fuego en un 65 por ciento, a pesar de que Brasil es ya uno de los países con más muertes por arma de fuego del mundo.
La comunidad internacional no puede cerrar los ojos mientras el gobierno de Bolsonaro destruye innumerables vidas y causa un daño indecible al planeta. El mundo debe exigir que se rinda cuentas y apoyar a la población en Brasil cuando reclama que el gobierno respete y defienda sus derechos humanos. N
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Jurema Werneck es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
