LA ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas calificó como “peligrosas” las acusaciones contra los trabajadores humanitarios en Tigray, región al norte de Etiopía donde la guerra ha dificultado que llegue la ayuda alimentaria para enfrentar la crisis de hambruna que vive la población.
“Las acusaciones generalizadas contra los trabajadores humanitarios deben cesar (…) Son injustas, son contraproducentes, tienen que estar respaldadas por pruebas si las hay, y, sinceramente, es peligroso”, declaró en Adís Abeba Martin Griffiths, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, durante una visita a Etiopía.
Al menos una docena de trabajadores humanitarios han sido asesinados desde que, en noviembre, el primer ministro Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz en 2019, envió tropas a la región para derrocar a las autoridades regionales, miembros del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF).
A finales de noviembre declaró la victoria, tras haberse apoderado de Mekele, pero los combates han continuado desde entonces. A finales de junio, rebeldes favorables al TPLF conquistaron la mayor parte de la región, incluida la capital.
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El conflicto agravó la crisis humanitaria y sumió en la hambruna a 400,000 habitantes de Tigray, de acuerdo con los informes que emite la ONU sobre la región.
En julio, un funcionario gubernamental, Redwan Hussein, acusó a algunas ONG de “armar al otro bando”, en referencia al TPLF, pero sin dar más detalles.
Los trabajadores humanitarios se quejan de que, pese a una declaración del cese del fuego a fines de junio, el acceso de la ayuda a Tigray sigue siendo deficiente, perturbado por la inseguridad y los bloqueos administrativos.
Griffiths recordó este martes que 100 camiones cargados de ayuda deberían llegar a la región cada día para responder a las necesidades, y que las “condiciones” tenían que cambiar para eso.
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“Necesitamos acceso garantizado por carretera, así como, por supuesto, que nuestros aviones (puedan) entrar y salir de Mekele. Y, sinceramente, necesitamos que la guerra termine”, concluyó Griffiths.
La crisis en Tigray se agravó luego de que, el 9 de noviembre, al menos 600 civiles murieran en una masacre ejecutada por grupos locales que fueron apoyados por la policía y el ejército, de acuerdo con denuncias de defensores independientes de derechos humanos. N
