LA CRECIENTE campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega requiere aumentar el rol que juega las Naciones Unidas respecto a la crisis en Nicaragua, señaló Human Rights Watch en un informe publicado este martes.
El informe titulado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo.
Entre el 2 y el 20 de junio, las autoridades nicaragüenses detuvieron e iniciaron procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales opositores y al menos otros nueve reconocidos críticos del gobierno.
“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
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“Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el Secretario General potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.
La crisis nicaragüense tiene repercusiones alarmantes a nivel regional. Más de 108.000 nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país desde la represión del gobierno en 2018, explica el documento.
“Dos terceras partes ha buscado refugio en la vecina Costa Rica, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, la pandemia de Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses”.
Entre enero y junio de 2021, Human Rights Watch entrevistó a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias.
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Human Rights Watch revisó fotografías y videos tomados durante las detenciones e incidentes de vigilancia policial, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. El 14 de mayo, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre el estado de las investigaciones en estos casos, pero no ha recibido una respuesta.
“Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad. Es común que policías –y, a veces, militares– hagan guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detención arbitraria”, concluyó Human Rights Watch.
“Muchas víctimas manifestaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. Algunas no pudieron llevar a sus hijos a la escuela o a citas médicas”. La organización internacional ha documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención.
Algunas personas han sido detenidas de manera arbitraria por períodos que van desde algunos días hasta varios meses. Varias dijeron haber sido sometidas a tratos abusivos durante la detención que, en al menos dos casos documentados por Human Rights Watch, probablemente constituyan torturas.
Las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos reportan que 124 personas percibidas como críticas seguían detenidas arbitrariamente hasta junio de 2021. La mayoría había estado encarcelada por más de un año, se informó. N
