El Club Campestre de Tijuana se protegió legalmente contra una supuesta confiscación o para la posible realización de actos ilegales, no para la expropiación iniciada por el gobierno de Baja California con la declaratoria de utilidad pública del centro recreativo, advirtió Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno del Estado.
“Esto no es un acto ilegal, es un acto apegado a la Ley de Expropiación que sigue todos los pasos, todos los procedimientos que establece la ley; el mismo juez que conoció de su petición de amparo, dice al final de la sentencia que, si surge algún procedimiento jurídico, esto no los ampara”, expuso el funcionario a través de un comunicado.
Rodríguez Lozano puso a disposición sus oficinas para que los interesados acudan a revisar la sustentación del Gobierno del Estado para emitir la declaratoria de utilidad pública.
Explicó que la publicación del 13 de abril en el Periódico Oficial del Estado, “es solamente el inicio del procedimiento y quienes se sientan afectados o se digan dueños, tienen quince días para revisar el expediente con los dictámenes técnicos y presentar pruebas en contrario”.
Esto con el fin de que “en tres semanas más hagamos la revisión y rindamos un informe al gobernador Jaime Bonilla Valdez, de lo que dependerá la continuación en la promulgación del Decreto Expropiatorio del predio e instalaciones”.
Respecto a las versiones en contra de la intención del gobierno de Jaime Bonilla de expropiar las instalaciones del club privado, Rodríguez Lozano dijo que tales declaraciones emitidas por académicos, empresarios y actores políticos que participan en el actual proceso electoral, se realizan sin tener conocimiento pleno del asunto.
De los académicos particularmente opinó, “son académicos y no estudian, si estudiaran se darían cuenta que más de 1.5 millones de tijuanenses habitan en esa amplia zona municipal y que no tienen un solo lugar, salvo Playas de Tijuana que tiene un parque, así como el Parque Teniente Guerrero y el de la colonia Morelos, pero no con la extensión y los acondicionamientos óptimos para la población”.
Para Rodríguez Lozano la expropiación del Campestre responde a las necesidades de la población en materia de cultura, entretenimiento y deporte.
“La declaratoria de utilidad pública no atenta contra la propiedad privada y solo es el inicio de un proceso para convertir el Club Campestre de Tijuana en un Centro Interactivo que requiere la población tijuanense”.
Dijo que se determinó expropiar porque es el único que reúne las características de infraestructura, de espacio, de tradición, de ubicación, lo que da la posibilidad de que un millón doscientos mil personas, puedan acudir a sus instalaciones, las cuales son adecuadas para dar cumplimiento a la nueva ley de Educación Física, el esparcimiento familiar de todos los tijuanenses y no solamente de los 834 asociados.
Subrayó que ninguno de los asociados al Club tiene derechos de propiedad y “los que aparentemente son verdaderos propietarios son el general Abelardo L. Rodríguez (gobernador del Territorio Norte de Baja California) y su sucesor o herederos de Alfonso García González.
“Hay una acción fraudulenta de 1969 mediante la cual promueven una prescripción ilegal y ese es el único título que tiene la asociación del Club Campestre”, acotó.
