EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Joe Biden, pidió una reforma migratoria durante su campaña presidencial. Ahora que está en el cargo es hora de que su administración y el Congreso actúen en nombre de los trabajadores agrícolas indocumentados de todo el país.
En noviembre de 2019, se introdujo la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. Pasó a la Cámara a través de un esfuerzo bipartidista, pero luego fue pospuesta debido a la contingencia sanitaria de COVID-19.
La ley se votará en el Congreso el 12 de marzo o antes. Aborda la difícil situación de los trabajadores agrícolas indocumentados que desean protección legal para vivir en Estados Unidos.
La iniciativa brindaría a los trabajadores agrícolas migrantes un curso de acción para ser legales. Muchos son los indocumentados. Esta no es la primera vez que presionan por obtener su legalidad en Estados Unidos. El plan de Biden para un camino hacia la ciudadanía ha dado esperanzas a la comunidad.
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La aprobación del proyecto de ley le daría a más de un millón de trabajadores agrícolas un medio para obtener y renovar el llamado estado de Trabajador Agrícola Certificado (CAW), un sistema basado en el mérito de trabajo constante en los campos.
Al igual que ocurre con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los beneficios del CAW no aplican para los delincuentes ni quienes tienen antecedentes penales menores.
Los críticos dicen que los inmigrantes indocumentados roban empleos estadounidenses. Esta retórica arcaica ha sido enardecida por algunos políticos que pasan por alto el trabajo de los inmigrantes indocumentados.
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De los 2.4 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, la mitad son indocumentados. El trabajo que hacen es fundamental porque, sin su aporte, especialmente durante esta pandemia, habría escasez de alimentos.
“Estamos en el centro de la cadena de suministro de alimentos y también somos los primeros en responder cuando el clima extremo amenaza con devastar la cosecha. Mi familia se encuentra entre los 5.5 millones de trabajadores esenciales y los 11 millones de personas que están indocumentadas y viven con incertidumbre por su futuro. Sin nuestra mano de obra, la cadena de suministro de alimentos colapsaría. El país depende de nosotros”, dijo Vicente Reyes, un trabajador agrícola cuyos padres emigraron de México a California.
POR UNA FUERZA LABORAL CONFIABLE Y LEGAL
Cuando se trata de la industria agrícola, muchos empleadores dependen de trabajadores migrantes como Vicente, que a menudo son estigmatizados por su estatus legal.
El proyecto de ley bipartidista es apoyado por liberales y también por conservadores como Doug LaMalfa, representante de California, cuyo distrito suma casi 9,000 granjas.
“En todo el país y en California, los agricultores han estado pidiendo una fuerza laboral confiable y legal durante años. La Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola aborda estos problemas de una manera bipartidista que brindará certezas”, dijo LaMalfa.
Muchos no se dan cuenta del trabajo difícil y exigente que se realiza en los campos de California, Arizona, Idaho, Washington y otros estados de los que el resto del país depende para alimentarse. Las horas son largas y ocurren independientemente de las condiciones climáticas o incluso de peligros como los incendios forestales que devastaron California el año pasado.
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Las fotos de migrantes trabajando en los campos con los incendios detrás de ellos se volvieron virales. Estos hombres y mujeres valientes se dedicaron a hacer sus trabajos. Se enfrentaron a la inhalación de humo y a la lluvia de cenizas para recoger los productos y, finalmente, colocarlos en las mesas de todo el país.
La United Farmworkers Foundation, fundada por el activista de derechos laborales César Chávez, apoya la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola.
“Después de meses de negociaciones, la United Farm Workers (UFW) y la fundación están entusiasmadas con la aprobación de una legislación que honre a todos los trabajadores agrícolas que alimentan a Estados Unidos creando una forma para que los trabajadores indocumentados soliciten un estatus legal y una hoja de ruta para obtener su ciudadanía”, explicó Arturo S. Rodríguez, presidente emérito de la UFW y vocero de la fundación.
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La aprobación de la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola sería el primer paso para que los trabajadores se conviertan en ciudadanos.
A través de su trabajo y dedicación ya han demostrado ser dignos de ciudadanía. Un camino hacia la legalidad otorgaría a los trabajadores agrícolas más derechos y el privilegio de llamarse a sí mismos estadounidenses. N
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Sarah Chavera Edwards es una escritora mexicoamericana que vive en Phoenix, Arizona. Ha publicado en Ms. Magazine, Remezcla y otros medios de Phoenix. Se especializa en temas latinos, salud mental, artes y cualquier tema que despierte su interés. Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de la autora. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.
