Un grupo de abogados penalistas se presentó en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) para ratificar su queja en la que se plasma la inconformidad por nuevas restricciones de horarios para acceder al Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes para reunirse con las personas privadas de la libertad que son sus representados.
De acuerdo a la delegada del Colegio Nacional de Abogados Juaristas, Juana María Martínez Flores, sin presentarles argumentos, la Dirección del Centro Penitenciario determinó limitar el ingreso de los litigantes, lo que afecta el derecho de las personas privadas de su libertad para ser representados legalmente en los delitos que se les imputen.
“El director del CERESO Aguascalientes no está comprendiendo que hay personas privadas de su libertad, que nosotros estamos en su defensa y no nos pueden limitar en su trabajo, debemos de tener todas facilidades de ingreso en las cuestiones de nombramientos, firmas de documentos, visitas, cuando los internos se quejan de aspectos de maltratos también nosotros intervenimos”.
La litigante refirió que se trata de una acción arbitraria, que no se puso a consideración de los abogados penalistas, y que podrían provocar un rezago en las investigaciones de cada expediente.
“Toman decisiones sin considerar los intereses y los derechos de los demás, pero son cuestiones arbitrarias, por qué no nos preguntan a las barras, colegios y asociaciones sobre lo que pensamos de la disposición”, subrayó.
En Aguascalientes hay alrededor de 400 abogados penalistas, quienes se podrían ver afectados en algún momento tras la medida.
“Nos retrasa el trabajo enormemente, pero no sólo se trata de eso, sino que se trata de poner un orden, de que respetemos los derechos de todos, estemos afuera o recluidos, sobre todo porque no son personas que ya estén sentenciadas, sino que están en un juicio, todavía un juez no dice si son culpables o inocentes y están siendo privados de su derecho de que su abogado pueda ingresar”, resaltó.
Por lo anterior, exigen la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, a fin de que pueda acudir un visitador general a verificar los actos denunciados, o que se pueda emitir una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, autoridad responsable de los centros penitenciarios del estado.
“No nos han dado ningún argumento, esperamos que con la entrevista que vamos a tener con el ombudsman un visitador nos acompañe o que cita el director del CERESO Aguascalientes para que nos pueda informar el porqué de esta resolución”, finalizó.
