Médicos de toda España, convocados por el Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos médicos (CESM) comenzaron el martes 27 de octubre una huelga indefinida, la primera en 25 años, para pedir al Gobierno una sanidad “de calidad” en medio del repunte de casos de COVID-19 en el país.
Se trata de un paro diario, que se producirá el último martes de cada mes que no sea festivo mientras no se obtenga una respuesta de la Administración y que será revisado por el comité de huelga, organismo encargado de decidir si se amplía la movilización a nuevas fechas.
El detonante de estos parones ha sido la aprobación del Real Decreto Ley 29/2020 aprobado hace unas semanas, el cual, a juicio del CESM, pone “un parche a la nefasta política de gestión de recursos humanos que se ha hecho desde las distintas administraciones y que en este caso, además, pone en peligro tanto la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud en perjuicio de los pacientes como las condiciones laborales para los profesionales”.
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Debido a las medidas de distanciamiento social y al servicio mínimo impuesto por las autoridades, solo unos cincuenta profesionales se concentraron frente al Congreso español en Madrid, respondiendo a la llamada de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Según esta entidad, contactada por la AFP, alrededor del 85% de los 267,000 médicos españoles participaron en la huelga, aunque la mayoría de forma simbólica para asegurar su servicio.
Esta reivindicación de ámbito nacional en uno de los países europeos más castigados por la COVID-19 es novedosa dado que este tipo de protestas suelen convocarse a nivel de las regiones, quienes ostentan las competencias de salud pública.
Según el gastroenterólogo Sergio Casabona, que participó en la protesta frente al Congreso, “la gota que hizo colmar el vaso” para el personal sanitario fue un decreto, publicado a finales de septiembre, que permite trasladar a los médicos a otros servicios hospitalarios independientemente de su especialidad.
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El Ministerio de Sanidad justifica esta reforma por la pandemia de COVID-19, pero el CESM lo define como “el mayor atentado perpetrado contra la sanidad española”.
Con blusas blancas y mascarillas, los manifestantes espaciados frente al Congreso sostenían pancartas donde se veía un grupo de pacientes con su doctor a punto de ser aplastados por una bota militar y acompañados por el texto “huelga nacional, salvamos la sanidad”.
Para el cirujano Pablo Cereceda, es “un decreto chapucero que muestra la incapacidad (de las autoridades) para enfrentar la pandemia”.
Sergio Casabona critica que se tomen decisiones políticas “sin concertación con los profesionales”, como el llamado “hospital de pandemias” construido por la región de Madrid “en un tiempo récord” y a punto de ser inaugurado.
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“No es un hospital, sino un edificio sin personal”, se indigna Casabona mientras crecen las incógnitas sobre los medios humanos con los que se dotará este nuevo centro si el resto de hospitales ya sufren falta de personal.
En este contexto, el gobierno español anunció este martes que el proyecto de presupuestos de 2021 incrementará en un 151% la partida sanitaria, con unos 3,000 millones de euros suplementarios de los que 2,400 millones se destinarán a la compra de vacunas y al refuerzo de la red de atención primaria.
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Con información de Europa Press y AFP
