Las redadas migratorias en Los Ángeles se han intensificado de forma alarmante desde el pasado viernes 6, y hasta el miércoles 11 de junio el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había detenido a 330 personas, en medio de un ambiente de creciente tensión política y social en California.
Los operativos continúan en centros comerciales, zonas agrícolas y espacios públicos, incluso mientras disminuyen las protestas por temor al uso de fuerza y al toque de queda impuesto en el centro de la ciudad. Según la Casa Blanca, al menos 113 de los migrantes detenidos contaban con condenas penales previas.
Organizaciones comunitarias han denunciado la focalización de ciertas áreas laborales. El CLEAN Carwash Worker Center, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de trabajadores de autolavados, reportó redadas en al menos cinco establecimientos en los condados de Los Ángeles y Orange en los últimos días.
RECLAMOS DESDE LAS AUTORIDADES LOCALES
En una conferencia de prensa conjunta, funcionarios de 30 ciudades de California, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, urgieron a las autoridades federales a suspender los operativos, que aseguran se han extendido a tiendas, restaurantes, escuelas, gimnasios e incluso iglesias.
“Esto no es seguridad pública, es una estrategia de miedo”, afirmó Bass.
El repudio también se ha intensificado tras reportes de uso excesivo de la fuerza. Ayer, agentes del Departamento de Seguridad Nacional embistieron a un conductor al que calificaron como “un alborotador violento” por presuntamente agredir a un agente de la CBP durante las protestas del fin de semana.
En paralelo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de la Guardia Nacional para “mantener la paz” en su estado, una decisión que ha sido interpretada como respaldo a las redadas y las políticas migratorias del gobierno federal.
AGENTES FEDERALES, TAMBIÉN EN LOS ESTADIOS
Mientras las tensiones migratorias se expanden, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que agentes de la Patrulla Fronteriza brindarán seguridad durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que se celebrará este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, entre el Inter Miami y el club egipcio Al Ahly.
“Los primeros partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA comienzan el 14 de junio… la CBP estará lista para brindar seguridad”, publicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en redes sociales.
La publicación fue eliminada horas después, sin explicaciones.
DUDAS SOBRE EL IMPACTO EN LA IMAGEN DEL PAÍS
La presencia de agentes federales en el evento deportivo ha generado preocupación entre activistas y expertos en derechos civiles. Thomas Kennedy, analista de políticas de la Coalición de Inmigrantes de Florida, advirtió que esta medida podría disuadir a los asistentes: “Muchas familias inmigrantes están asustadas. La presencia de CBP en estadios podría tener un efecto paralizante”.
La FIFA, por su parte, se encuentra en alerta por la baja demanda de boletos. Fuentes internas han señalado que las ventas han sido menores a lo esperado, y que los precios han bajado significativamente en plataformas oficiales y de reventa. El torneo es considerado un ensayo logístico clave para Estados Unidos de cara al Mundial de la FIFA 2026.
UNA NACIÓN DIVIDIDA ENTRE SEGURIDAD Y DERECHOS
El despliegue de agentes migratorios en escenarios deportivos se produce en un contexto de creciente escrutinio hacia las políticas federales. Mientras la Casa Blanca defiende los operativos como parte de una estrategia para reforzar el estado de derecho, organizaciones civiles los califican como una amenaza directa a comunidades vulnerables.
La creciente militarización de espacios civiles, desde barrios latinos hasta estadios internacionales, plantea preguntas urgentes sobre los límites de la seguridad y el respeto a los derechos humanos, en un año marcado por la migración, la polarización política y eventos deportivos de alto perfil. N
(Con información de agencias)
