La empresa Aguas de Rosarito S.A.P.I de C.V. solicitó al gobierno de Baja California el reembolso de 56 millones de dólares, luego que el estado rescindió el contrato que tenía con AdR para desarrollar una planta desalinizadora en Playas de Rosarito.
El pasado 29 de junio, el gobierno de Baja California notificó a AdR la recesión del convenio bajo el esquema Asociación Público Privada (APP), argumentando la inviabilidad financiera del proyecto, el costo del financiamiento y operación, así como el tipo de cambio peso-dólar.
Tras la cancelación, la empresa presentó un oficio solicitando el reembolso para recuperar lo invertido, confirmó el área jurídica de la Comisión Estatal de Servicios públicos de Tijuana (CESPT).
Aunque la CESPT no precisó el monto, una fuente con información del caso confirmó que lo solicitado vía oficio por AdR asciende a 56 millones de dólares, sin agregar gastos por los daños causados.
Adicional a la solicitud de reembolso, AdR integró un recurso legal para que el gobierno del estado reembolse ese monto antes del 6 de enero de 2021, o de lo contrario cobrará por los daños ocasionados tras la cancelación.
Ese recurso legal se encuentra en el departamento Jurídico de la Secretaría General de Gobierno (SGG), quienes dijeron no poder emitir ningún comentario porque estaban en etapa de análisis.
Miltón Rubio, Director de Aguas de Rosarito, en entrevista vía telefónica, confirmó que fue entregada la propuesta a principios del presente mes, y el gobierno del estado tiene hasta el 6 de enero de 2021 para responder.
“Entregamos la propuesta, ellos tienen que responder, vence el 7 de enero, no puedo darte más detalles porque el trámite está en litigio”, añadió.
Rubio dijo que la respuesta fue entregada a la CESPT y a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, (Seproa).
El gobierno del estado contemplaba pagar 24.4 millones de dólares a Aguas de Rosarito, por gastos no recuperables en costo de propiedades y derechos de vía, según el documento donde se anuncia la cancelación del convenio.
El proyecto de la desaladora en Playas de Rosarito estuvo rodeada de polémica desde su inicio, hasta su cancelación.
El convenio se firmó el pasado agosto del 2016, en la administración del ex gobernador Francisco Vega, que establecía que el gobierno estatal tendría que comprar 173 millones de pesos mensuales de agua, durante los próximos 37 años, de acuerdo al reportaje “Los lados del agua”.
Tenía como proyecto distribuir agua en Tijuana y Playas de Rosarito, aunque inicialmente planeaban vender a Estados Unidos por medio del Distrito Agua de Otay, y aunque esa iniciativa fue negada por el estado y la empresa, trascendió que formaba parte del proyecto inicial.
