A un año de cancelado el contrato para construir la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, el gobierno de Baja California tiene como plazo el 16 de julio para responder al millonario reembolso demandado a través del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).
La demanda de 51 millones de dólares interpuesta por Aguas de Rosarito se lleva en el TLCUEM porque el proyecto cancelado cuenta con inversión de los Países Bajos, dijo Milthon Rubio, director de la empresa.
De acuerdo al TLCUEM, tienen tres meses para acordar y si no se logra, el caso será turnado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas e Inversiones (ICSID por sus siglas en inglés), quien definirá monto y proceso de pago.
El ICSID es un arbitraje internacional donde se discuten arreglos entre inversionistas y países miembros de los tratados comerciales.
Estas instancias internacionales ofrecen seguridad jurídica a los inversionistas, cuyo proceso legal oscilaría en el millón de dólares para cada parte, explicó el abogado Leobardo Tenorio, socio de la firma TP Legal Group, y experto en tratados internacionales.
Tenorio agregó que en “esta vía no se demanda al gobierno de Baja California, se demanda directamente al gobierno de México”.
Aguas de Rosarito fue creada para desarrollar y operar la desalinizadora que sería la más grande de Latinoamérica, y es filial de la transnacional Consolidated Water, que cuenta con inversionistas de Estados Unidos y de los Países Bajos.
El 29 de junio de 2020, por medio de un comunicado, el gobierno de Jaime Bonilla anunció la cancelación del contrato para construir la planta desalinizadora, firmado por su antecesor Francisco Vega, en 2018.
En el oficio donde se avisó a la transnacional Consolidated Water sobre rescindir el convenio, se argumentó su inviabilidad financiera del proyecto, el costo del financiamiento y operación, así como el tipo de cambio peso-dólar.
A finales de marzo, los inversionistas del proyecto analizaron interponer la demanda de pago a través del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero decidieron al final interponerlo ante el TLCUEM.
Para Leobardo Tenorio, los inversionistas recurren a tribunales internacionales cuando desconfían en recibir un proceso legal e imparcial con las autoridades locales.
Un representante de la empresa de Aguas de Rosarito aseguró que hasta el momento el gobierno de Baja California no ha respondido a la demanda y su plazo vence el próximo 16 de julio.
La demanda de pago asciende a 51 millones de dólares, que equivalen a unos mil 50 millones de pesos por lo invertido en terrenos y planificación de la desaladora.
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ha dicho reiteradamente que no le pagará a la empresa y dijo que no les han respondido “ni lo vamos hacer”.
Al preguntarle por la demanda interpuesta vía el TLCUEM, el gobernador opinó que “no creo que la ganen”, argumentando que “no hay daños materiales”.
Agregó que su gobierno lo que puede hacer es comprarles el terreno adquirido para construir la planta.
Al llegar el caso a este tribunal internacional la empresa deberá demostrar que la cancelación del contrato es semejante a una expropiación directa o indirecta, dijo el abogado Tenorio.
El experto en tratados internacionales añadió que los inversionistas buscan que se les indemnice por daños y perjuicios, de acuerdo al valor justo en el mercado.
El director de Aguas de Rosarito, Milton Rubio, ha señalado que el terreno comprado pierde su valor con la cancelación del contrato.
En el documento de anuncio de la cancelación, el gobierno de Baja California contempló 24.4 millones de dólares (cerca de 500 millones de pesos) en costos de propiedades y derechos de vía, que se tendrán que pagar a Aguas de Rosarito por gastos no recuperables.
El contrato establecía que el gobierno estatal tendría que comprar 173 millones de pesos mensuales de agua durante los próximos 37 años, de acuerdo al reportaje Los lados del agua.
