La Justicia ecuatoriana pidió la detención del expresidente de Ecuador Rafael Correa, condenado a ocho años por cohecho en el conocido como “Caso Sobornos”.
Junto al expresidente, el Tribunal ha pedido a la Policía la detención de otros 17 condenados, entre los que se encuentran el exvicepresidente Jorge Glas, la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, el exministro de Turismo Vinicio Alvarado o el ex secretario de Agua Walter Solís.
Tanto Correa como Glas han sido privados además de las pensiones vitalicias que recibían por los cargos públicos que habían desempeñado previamente, dicta la sentencia recogida por el diario local El Comercio.
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Condena ratificada
La condena contra Correa fue ratificada por el Tribunal de Casación del país el pasado 7 de septiembre, lo que cerró la posibilidad de que el político concurriera a las elecciones presidenciales de Ecuador del próximo febrero, como candidato a vicepresidente, ya que también ha sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
El tribunal sitúa a Correa en la cúspide de una trama que cobraba sobornos a cambio de contratos de obras públicas a una serie de empresas entre la que se encontraría la brasileña Odebrecht, compañía protagonista de la operación Lava Jato, la mayor contra la corrupción realizada en América Latina.
De acuerdo con la cadena CNN, el exvicepresidente Jorge Glas cumple una sentencia de seis años de prisión desde 2017, mientras que Rafael Correa, reside en Bélgica desde ese mismo año.
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En su cuenta de Twitter, Correa calificó de “farsa” la decisión del tribunal en lo que él denomina como “caso Bochornos” y ha señalado que la pensión vitalicia no les fue retirada a otros presidentes del país que también se enfrentaron a procesos legales en los tribunales.
🔴🔴🔴
Mi mensaje al Ecuador después de la última farsa del #CasoBochornos pic.twitter.com/MnmSjEiSEl— Rafael Correa (@MashiRafael) September 9, 2020
Aparte de las penas de cárcel, los acusados también están condenados a pagar una reparación de 14 millones de dólares al Estado ecuatoriano a repartir entre ellos.
También deberán pedir disculpas públicas en un acto en la Plaza de la Independencia de Quito, y asistir a un curso de 300 horas de ética laica.
Correa siempre ha defendido su inocencia y ha culpado al Gobierno del actual presidente, Lenín Moreno, de iniciar una persecución cuyo principal objetivo es apartarle de la primera línea de la política ecuatoriana.
Con información de Europa Press.
