Desde inicios de año comenzaron a registrarse despidos injustificados de personal en el Centro de Justicia para Mujeres de Aguascalientes (CJM), que se incrementaron en las últimas semanas de la contingencia por el coronavirus Covid-19.

Newsweek Aguascalientes recopiló el testimonio de cuatro trabajadoras del CJM que fueron despedidas de sus cargos, sin motivo aparente, y que además señalan haber sido objeto de amedrentamientos y malos tratos por parte de las autoridades directivas y administrativas.

Por petición de las propias denunciantes, que reconocieron tener temor a represalias y a situaciones de riesgo para su integridad y de sus familias, se omite su nombre en la presente nota.

La primera de ellas señaló que aunque se ha vivido un ambiente de acoso laboral desde hace tiempo, ha sido en los últimos meses cuando los casos se han incrementado.

“Esa situación afectó mi productividad, lo que fue motivo de señalamientos y comparaciones, ya que se exhibía tanto en grupos de Whatsapp como en las reuniones, donde nos daban los números estadísticos de cada compañera y referían que quien tuviera menos era porque no queríamos trabajar y que prescindirían de nuestros servicios”.

Lo anterior, causó extrañeza a la trabajadora ya que nunca tuvo antecedentes negativos en su desempeño laboral, y a pesar de ello, fue instada a renunciar, lo que finalmente ocurrió cuando le fue prohibido el acceso al Centro de Justicia para Mujeres.

“Me dijeron que me rehusaba a hacer mi trabajo, sin dar más detalles, ya que yo no tengo actas administrativas, ni quejas o advertencias previas. Pero como yo no firmé la renuncia entonces volví al CJM, ahí la coordinadora me pidió firmar mi renuncia y aceptar el mes de sueldo que me estaban proponiendo y que buscara otro trabajo”, mencionó.

Otra de las trabajadoras que fue separada de sus funciones denunció que debido a la falta de personal en el Centro de Justicia para Mujeres, las trabajadoras deben cubrir varias funciones, por lo que no se dan abasto a la atención de las mujeres víctimas de violencia.

“Por ejemplo en el Área de Atención Temprana cuenta con muy poco personal y siempre está a expensas de pedir apoyo porque no se dan abasto por la cantidad de usuarias que llegan y suelen esperar más de una hora para ser atendidas”.

Derivado de ello, se vive un ambiente de estrés y presión para el personal operativo.

“Lejos de tener una relación amena y de comunicación, te dan la indicación de a quien hablarle y a quien no, y si no eres del agrado de la directora o de las coordinadoras tienes los ojos puestos sobre ti, por lo que nunca entendí esta dinámica de trabajo”, aseveró.

Una tercera ex empleada del Centro de Justicia para Mujeres cuestionó el despido de ella y de algunas compañeras, a quienes se les dio de baja sin explicación alguna, mientras que en sus lugares fueron ingresando personas allegadas al actual fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, a quien señaló de ingresar personal sin la experiencia para desempeñar el cargo.

“Personas con experiencia y personas expertas, que hemos recibido capacitación en varios temas hemos sido desplazadas por personas allegadas al fiscal, que trabajaron con él en el Poder Judicial, entonces ¿los contratos y ascensos son por mérito propio, profesional o por relaciones personales y compadrazgos?”.

Finalmente, la cuarta ex trabajadora entrevistada indicó que tras hacerla firmar su renuncia, se le entregó un finiquito equivalente a sólo un mes de trabajo, lo que considera injusto, por lo que exige que tanto a ella como a las personas que se encuentran en una situación similar se les pueda pagar lo que les corresponde.

“Que nos quieran dar sólo un mes de sueldo como premio para que te vayas a tu casa sin decir nada, sólo estamos pidiendo lo que nos toca a cada persona por ley, porque muchas de las que estamos saliendo del Centro de Justicia para Mujeres o de la Fiscalía somos titulares de casa, somos jefas de familia y el único ingreso que tiene la casa donde vivimos, nuestras familias, entonces sí pediría lo que nos corresponde por ley”, recalcó.

De acuerdo a las versiones de las cuatro mujeres, hasta el momento han sido despedidas alrededor de nueve personas de prácticamente todas las áreas del Centro de Justicia para Mujeres, así como de la Policía Ministerial y de las agencias del Ministerio Público.

Algunas de las afectadas ya han interpuesto una demanda laboral, además de analizar otros recursos jurídicos para que se les pague lo que por ley les corresponde.

“Por mi parte sí hay una denuncia que he interpuesto, una demanda por despido injustificado”, afirmó una de las personas entrevistadas.