En rueda de prensa conjunta, legisladores federales y locales anunciaron que interpondrán una queja ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ante lo que consideran un agravio a los derechos humanos de niñas, mujeres, madres de familia y adultos mayores, tras el recorte presupuestal que ha emprendido el gobierno federal a algunos programas sociales para el combate de la corrupción.
De acuerdo a la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Sylvia Garfias Cedillo, se buscaría llevar el tema hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los argumentos que acrediten una violación a los derechos humanos de las personas afectadas por la reducción de recursos para dichos programas.
“Estamos solicitando una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto tiene que ver con acuerdos internacionales que tiene firmados México ante organismos internacionales, como la ONU, dicen que está obligado el Estado mexicano a respetarlos y no se pueden dejar atrás por un capricho de alguien, por lo que presentaremos los argumentos que acrediten las violaciones a los derechos humanos que se están dando por los recortes a los programas”.
El recorte al programa de estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar fue del 50 por ciento, al otorgarse 2 mil 41 millones de pesos para su operación durante 2019, de 4 mil 70 millones de pesos que se etiquetaban hasta el año 2018.
Esta reducción presupuestal implicó que las reglas de operación del programa se modificaran y únicamente se brindara el apoyo económico para niños de hasta 2 años y 11 meses, es decir, de un año menos que como se venía aplicando hasta el año anterior.
Por otra parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el recurso ya no sería entregado a las estancias infantiles ni a intermediarios, sino que se entregaría directamente a las madres de familia beneficiadas. No obstante, a la fecha todavía no se han entregado los apoyos, señaló el senador panista, Juan Antonio Martín del Campo.
“Se comentó desde enero y febrero que se les iba a dar el apoyo a las madres, pero al día de hoy a ellas no se les ha entregado ni un solo peso, y lo peor de todo es que se publicaron las reglas de operación y tristemente Aguascalientes no viene en estos programas”.
Al respecto, dijo que a nivel federal no se tiene la certeza de cómo se vaya a aplicar el programa de estancias infantiles ya que la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, no ha respondido favorablemente a las invitaciones que han hecho las comisiones legislativas del Congreso de la Unión.
“El 7 de marzo presentamos un punto de acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República, además de que citamos a comparecer a la Secretaria del Bienestar, cosa que hasta el día de hoy no ha querido asistir a la Comisión de Desarrollo Social, y estamos esperando que pueda comparecer”, resaltó.
En lo que va del año han cerrado alrededor de 10 estancias infantiles por la falta de recursos para seguir operando, número que podría seguir incrementándose en caso de que no haya una solución efectiva, añadió.
Además de este programa, los legisladores señalaron la problemática de los comedores comunitarios y los refugios para mujeres víctimas de violencia, a los que también se les recortó presupuesto.
Ante esta situación, Juan Antonio Martín del Campo refirió que se dará asesoría a las personas que se están viendo involucrados con las decisiones del gobierno federal para la interposición de amparos ante tribunales, que puedan dar marcha atrás a las medidas.
“Si bien es cierto que aquí en Aguascalientes se han presentado varios, estaremos muy al pendiente de las estancias infantiles que así lo requieran y lo soliciten”, indicó el senador blanquiazul.
En la rueda de prensa también se presentó la conformación de un “bloque” entre los legisladores y representantes de partidos políticos de oposición para dar seguimiento a las acciones del gobierno federal hacia los programas sociales.
Participaron por el PAN, el senador Juan Antonio Martín del Campo, la diputada federal Sylvia Garfias Cedillo y la diputada local Paloma Amézquita Carreón; por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la ex senadora Angélica de la Peña Gómez y el ex dirigente estatal, Emanuelle Sánchez Nájera; por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada local Elsa Lucía Armendáriz, y Pepe Proa como representante de Movimiento Ciudadano.
