Junto con la comprometedora declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de que “mete las manos al fuego” por el procurador Carlos Zamarripa para que se convierta en un fiscal general de nueve años de duración, surgió una orquestada campaña mediática en respaldo a la designación.
Columnistas cercanos a la actual administración estatal, bien por lazos de amistad bien por el compromiso de poco transparentes contratos publicitarios, coincidieron en apuntalar la polémica decisión de mantener a un funcionario por dos décadas en la procuración de justicia con argumentos que se antojan absolutamente pueriles.
Pablo César Carrillo en su columna “Relatos del Poder”, que hace honor a su nombre, pondera la larga carrera de Carlos Zamarripa desde mecanógrafo hasta Procurador, además de sus cursos en el FBI y su talante innovador de los procesos internos de la Procuraduría.
Sin embargo, Zamarripa no es el único funcionario del gobierno estatal que tiene un servicio civil de carrera; tampoco el único que ha innovado y que se ha capacitado en México y en el extranjero. Sin embargo, los gobernadores del PAN no han tenido empacho en relevar a muchos de esos funcionarios por asuntos de lealtad política o de pertenencia a grupos contrarios. El respeto al servicio civil de carrera no parece ser la regla, sino la excepción.
El propio Carlos Zamarripa se ha convertido en un obstáculo para la consolidación de cuadros en su área. Solo hay que observar la alta rotación de sus subprocuradores para tener claro que hay una política interna que busca impedir el crecimiento de funcionarios que acumulen una trayectoria como la que presume el procurador.
Caso especial es el de Elizabeth Durán Isaías, la poderosa directora jurídica de la PGJE y que, a decir de muchos exfuncionarios, está en los hechos por encima de los subprocuradores. Ella es cuñada de Carlos Zamarripa en algo que constituye un evidente caso de nepotismo, lo ha acompañado en los 10 años que tiene en el encargo y seguramente seguirá por los nueve restantes de la Fiscalía General.
Dice Carrillo en su brillante conclusión que “hay una realidad que no se puede negar: Zamarripa no es el más bueno de Guanajuato, sino el menos malo.” Uno no puede menos que sorprenderse con tan tajante conclusión. Pareciera que se trata de un ejercicio de resignación, lo que habla muy mal de un partido que se encamina a tres décadas de ejercicio de un poder incontestado. Si hasta los panegiristas del régimen concluyen eso, debemos estar muy mal como sociedad.
Otro columnista, el director de Milenio Miguel Ángel Puértolas, repitió en la semana todos los argumentos que ha esgrimido el gobernador Sinhue para justificar su decisión de ratificar a Zamarripa como procurador e impulsarlo como fiscal: “la procuraduría de Guanajuato se ciñe a estándares internacionales que la han colocado como una de las más eficientes del país”.
Para arribar a esa conclusión, que la realidad flagrante del estado desmiente a diario, se esgrimen cifras a conveniencia, que se parecen a las que mostraba el mando militar norteamericano en la ocupación de Vietnam. Si las cifras que se manejan como propaganda reflejaran la realidad, Estados Unidos debería haber vencido a los vietnamitas del norte en un par de años y Zamarripa ya habría erradicado a las pandillas criminales de Guanajuato. No pasó lo primero ni pasará lo segundo.
Zamarripa será fiscal general porque lo quiere Diego Sinhue y el grupo político que lo encumbró a la gubernatura y tiene influencia sobre él, ayudado por un aparato de prensa que cada vez tiene menos independencia y vive de los recursos oficiales, no por sus resultados ni porque Guanajuato esté mejor hoy que cuando él asumió el cargo hace una década, por más cursos, estadísticas y diplomas que nos presuman.
Este fin de semana nos fue asestado otro rutilante análisis periodístico para defender la inenarrable decisión de otorgarle a un funcionario nueve años de extensión de mandato, pese al evidente deterioro de la tranquilidad y la seguridad en el estado.
El periodista Manuel Mora MacBeath asegura en un blog que es “fácil oponerse a un #FiscalCarnal”. Pues, por lo que se ha visto en Guanajuato, en México y muchas entidades del país, no es nada fácil, toda vez que los partidos que gobiernan se han salido con la suya una y otra vez para designar a funcionarios cercanos a sus agendas, pese a la resistencia de la sociedad civil y de las oposiciones.
Luego pasa a ponderar las mismas cifras y los mismos datos repetidos por Diego Sinhue Rodríguez, como si se tratara de un guion: los reconocimientos internacionales, la larga experiencia, el 98 por ciento de sentencias condenatorias en casos de homicidio (olvidándose de la frase atribuida a Mark Twain: «Hay tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas»); y la exculpación de la violencia por “no tratarse de su responsabilidad”.
Zamarripa logra sentencias condenatorias en el 98 por ciento de los casos que judicializa, no de los que ocurren en el estado. Bastaría cruzar la cantidad de homicidios ocurridos los últimos años con la cantidad de procesos abiertos, para mostrar que la impunidad sigue prevaleciendo.
Por otra parte, si algunos de los casos son como los de Antonio, el velador sentenciado por la muerte de sus tres pequeños hijos, en base a su propia confesión, después de un confuso e inexplicado asalto policiaco a la finca que resguardaba con un revolver de pequeño calibre, las cosas tienden a variar.
Pero, más allá de los detalles, del evidente desprecio por el debido proceso, del regreso de prácticas de tortura, de la existencia de una Agencia de Investigación Criminal que se ha convertido en una milicia informal que no pocas veces actúa fuera de protocolos y sin supervisión, justo en la época en la que más débil ha sido la procuración de los derechos humanos en Guanajuato, está un asunto incontrastable que no puede sernos ajeno como sociedad: ¿Es sano que un funcionario responsable de perseguir los delitos dure dos décadas en su cargo y acumule un poder desmedido?
¿Quién con un mínimo conocimiento del tema puede negar que hoy Zamarripa no solo manda en la Procuraduría y futura fiscalía, sino que también ejerce una desmedida influencia en la Secretaría de Seguridad del Estado y, a través de ella, en la mayor parte de las direcciones de seguridad municipales?
Lo saben sin duda estos brillantes periodistas que hoy nos recomiendan a los ciudadanos que nos resignemos y aceptemos sin chistar una “nueva oportunidad” al procurador que cumple una década y que tiene inconformes a sectores vastos e importantes de guanajuatenses.
Algo hay muy podrido en una sociedad cuando algunos de sus periodistas más conspicuos son incapaces de cuestionar una decisión que atenta contra raíces profundas de una democracia: no hay hombres indispensables y el poder debe tener acotaciones temporales e institucionales, incluso para los más eficientes servidores públicos.
Sería, además, doblemente preocupante, que detrás de esta especie de “nado sincronizado” en los espacios de opinión de algunos medios, estuviera operando el dinero público, el siempre opaco gasto publicitario que orienta líneas editoriales, que premia y castiga a los opinadores públicos y que limita el papel de antipoder que por definición debería adoptar la prensa en una democracia.
Ese sí que sería un verdadero “relato del poder”.
