México transitó aceleradamente de lo rural a lo urbano a partir de la década de los 70 en el siglo pasado. En este lapso se consolidó la transición territorial del país, y hoy, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 80 por ciento de la población nacional habita en localidades predominantemente urbanas
En esta dinámica, se ha avanzado muy lentamente en la adecuada provisión de servicios públicos y generación de infraestructura urbana de calidad; en buena medida por la insuficiencia de recursos públicos, pero también debido a dos factores principales: 1) la corrupción y el desvío del dinero del erario; y, 2) la inexistente planeación del desarrollo urbano y municipal, lo cual se ha expresado en prácticas como el clientelismo político vía la entrega de asentamientos irregulares, prácticas abusivas y cuasi mafiosas de cambios ilegales de uso de suelo, fomento de prácticas de depredación inmobiliaria, así como el abandono total de la participación ciudadana en la determinación de las prioridades públicas.
Así, hemos llegado a una situación en la cual hay una enorme insatisfacción de la población respecto de los servicios públicos que recibe, en una clara asociación con los niveles de pobreza que existen en sus territorios. En efecto, un análisis de correlación entre el porcentaje de personas en pobreza con el porcentaje de personas satisfechas con los servicios municipales, muestra una asociación altamente significativa, pues a mayor nivel de pobreza, menor es el grado de satisfacción con los servicios públicos.
A pesar de lo anterior, debe aclararse que aun en los estados con menor pobreza registrada, hay elevados niveles de insatisfacción con los servicios públicos. Por ejemplo, Nuevo León, en el cual el Coneval estima que el 14.2 por ciento de su población vive en pobreza, únicamente el 57.7 por ciento de sus habitantes se encuentra satisfecho con los servicios municipales y estatales, siendo el peor evaluado el relativo a las carreteras y caminos sin cuota.
En la Ciudad de México el fenómeno se repite; el Coneval estima que en 2016 el porcentaje de pobreza era de 27.6 por ciento de su población; y en contraste, sólo el 32.5 por ciento de los mayores de 18 años se manifestó satisfecho con la calidad de los servicios que le otorgan los gobiernos locales y el de la propia Ciudad.
Otro caso es el de Coahuila, en donde incluso se registra un porcentaje menor de pobreza que en la Ciudad de México, con un indicador de 24.8 por ciento; en contraste, sólo el 52.6 por ciento de la población se manifiesta satisfecha con los servicios públicos que le ofrecen sus gobiernos municipales.
A fin de profundizar en el ejemplo, y siguiendo con el caso de Coahuila, sólo seis de cada diez habitantes se encuentran satisfechos con el servicio de agua potable; únicamente 48 de cada 100 lo están con el servicio de alumbrado público; únicamente 51.1 por ciento lo está con el servicio de parques y jardines; sólo el 55 por ciento lo está con la recolección de basura; sólo el 31.2 por ciento con el servicio de calles y avenidas y el 36.9 por ciento con carreteras y caminos sin cuota.
Lo anterior es reflejo de las condiciones ya señaladas, pero también del envejecimiento de la infraestructura urbana, para cuyo rescate, modernización y rehabilitación poco o nada existe en términos de política pública. Continuando con el ejemplo: ¿Saltillo, Torreón o Monclova cuentan con programas de renovación municipal del sistema de tuberías de drenaje y agua potable, pensando en aquellas que tienen 30 años o más? ¿Cuentan estos municipios con programas bien estructurados de sustitución de pavimento por materiales más económicos y, sobre todo, ecológicos?
Los alcaldes, los gobiernos municipales y la Sedatu tienen todo por hacer en esta materia; y por ello urgen nuevos mecanismos de coordinación, presupuestación, diseño de políticas y evaluación de las mismas, a fin de garantizar competitividad territorial en todo el país, es decir, la capacidad del territorio para garantizar los derechos sociales de todas y todos.
