En una semana y media Tijuana vivió escenas extraordinarias y contradictorias para una ciudad de raíces migrantes.
Un refugio temporal con 360 espacios tenía 4 mil 520 centroamericanos en la primera semana, y se removió un sedimento antiinmigrante que dividió opiniones a favor y en contra de los recién llegados.
Y aunque su camino a esta frontera estaba casi anunciado durante su paso por México, tomó a las autoridades desprevenidas.
El primer aviso fue el domingo 11 de noviembre, cuando poco más de 80 migrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), llegaron al fraccionamiento Playas de Tijuana. Residentes de la zona salieron a la calle para inconformarse porque se hospedaron ahí.
“Sabemos lo que les sucede, pero aquí no son bien recibidos”, les dijo una señora durante una conversación en la calle, registrada por periodistas el mismo domingo.
El lunes los secretarios de gobierno municipal y estatal, Leopoldo Guerrero y Francisco Rueda, se reunieron en la Secretaría de Gobernación (Segob), para solicitar apoyo federal.
Estimaron 80 millones de pesos para cubrir alimentación, salud, atención humanitaria y habilitar espacios para alojar a los miles de migrantes que venían. Pero pasarían dos días más para que el Ayuntamiento habilitara el refugio temporal.
El martes 13 llegaron los primeros camiones con 357 centroamericanos y después de alimentarse en el “Desayunador Salesiano Padre Chava”, enfilaron hacia el cerco fronterizo en la playa.
Allí subieron a la estructura que divide a México de Estados Unidos, como lo hizo un grupo similar a ellos pero menos numeroso en abril de este año, y luego varios decidieron pasar la noche en la costa; otros fueron recibidos en albergues de organismos civiles.
Ese mismo día, el gobierno de Estados Unidos montó en la garita de San Ysidro un escenario de púas, muros de contención, soldados y oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza armados, ante la mirada atónita de quienes esperaban cruzar al norte.
Al siguiente día y ya por la tarde, el gobierno de Tijuana anunció que la Unidad deportiva Benito Juárez en zona centro podía recibir a 360 personas, pero la fricción ya había llegado al límite.
Esa noche residentes de Playas de Tijuana y activistas antimigrantes agredieron a centroamericanos y a reporteros en el Parque binacional de la amistad, junto al cerco fronterizo y a una pasiva policía municipal que justificó la falta de respuesta para evitar un mal mayor.
“Cuando nosotros llegamos a Playas, la policía federal nos dijo que no era una zona segura y nos trajo al albergue”, dijo María Esteban, una señora de 40 años que salió de Guatemala tras dos amenazas de muerte de pandilleros.
Ella, sus tres hijos menores de 12 años y su esposo, se sumaron a la caravana después que la vieron pasar por su país. “Allá dicen, si te tocó, te tocó, y matan a tu familia, así que mejor huímos”.
En su país, los pandilleros de la Mara Salvatrucha asesinan si no se les entrega dinero.
“Primero me pidieron 10 mil quetzales (unos 1,300 dólares) y si no les pagaba en la fecha que me daban, mataban a alguien de la familia”, dijo su esposo Cándido Virgilio Calderón, un señor sin un brazo que trabajaba como copiloto de camiones intraurbanos.
Presentó una denuncia judicial, renunció a su trabajo y con su esposa inició la venta de jugos en un barrio cercano a su casa, en Mazatenango, Suchitepéquez.
Pasaron ocho meses y otros pandilleros le exigieron dinero. En octubre 23, María presentó otra denuncia judicial y la familia vio en la caravana que cruzaba su país, un salvavidas.
Cinco días después, alcanzaron al grupo migrante en la frontera de Tapachula, Chiapas.
Mientras esta familia guatemalteca llegaba a Tijuana, el alcalde Juan Manuel Gastélum estaba al otro lado del mundo, en un foro político comercial en China.
En México reapareció públicamente el jueves 15 en una entrevista televisada, con declaraciones que le ganaron comparaciones con la postura xenófoba de Donald Trump, y alimentaron un coraje que después saldría a las calles.
“Se ha colado una serie de viciosos, gente que se dedica a otras actividades”, dijo para Milenio Televisión. “Queremos que se les aplique el 33 constitucional por indeseables. No queremos que estén molestando”, agregó.
Ese jueves por la mañana camiones dejaron un contingente con cientos de migrantes en la caseta de cuota Tijuana-Tecate, así que caminaron y pidieron ‘raite’. “Mi niña de 9 años ya no podía caminar y yo la venía cargando”, dijo Cándido, antes de recibir ayuda de un conductor.
El 15 de noviembre, con un mundo de atención encima, la policía de Tijuana difundió un cartel con los rostros parcialmente cubiertos de siete migrantes detenidos por faltas administrativas como consumo de alcohol, drogas y riñas.
A la par el gobernador Francisco Vega anunció “Cero Tolerancia” y el presidente de Estados Unidos respaldó a Gastélum Buenrostro. “Están causando crimen y grandes problemas en México. ¡Váyanse a casa!”, escribió el republicano en Twitter.
Pero ya en Tijuana, algunos migrantes planean legalizarse para vivir aquí, si los Estados Unidos no aprueba su solicitud de asilo político.
“Si no dejan pasar, nos vamos a quedar en Tijuana trabajando”, dijo Javier Aguilar, un albañil que ganaba 150 lempiras al día (unos 6 dólares) en Honduras.
“Salimos de Honduras porque no hay empleo. Está muy feo allá. Salimos porque decidimos darle una mejor vida a nuestra niña”, dice Lourdes López, su esposa de 23 años que viajó con él y su hija de apenas seis meses.
El episodio del sábado 16 fue otro reforzamiento en el puerto fronterizo, pero ahora con un muro metálico desmontable y elementos de la Policía Federal.
En ese ambiente, alrededor de 300 personas respondieron a un llamado para manifestarse en contra de la conocida como “Caravana Migrante”, el domingo 18 de noviembre.
A la par fue organizada una protesta contra la discriminación a la que respondió menos de medio centenar de personas que prefirió retirarse cuando su contraparte se movilizó hacia ellos.
Parte del contingente fue azuzado para caminar hasta el refugio temporal que ya era custodiado por policías, y aunque surgió la violencia no lograron pasar el cerco.
“Que cada hondureño que vaya a querer querer entrar al país lo haga de forma correcta, no como estos malditos invasores”, dijo en un megáfono un antiinmigrante delante de la policía que resguardaba el albergue.
Pero las amenazas en su contra no sembraban miedo, dijo un centroamericano desde las rejas del refugio que aseguraba dejarán pronto porque solo están de paso.
“En Honduras ya estamos acostumbrados a que nos maltraten, nos vituperen, nos golpeen, nos traten mal. Que nos maten a nuestras mujeres, que nos maten a nuestros niños. ¿De dónde crees que venimos? De un país violento”, afirmó.
Aunque fuera del albergue hay también muestras de solidaridad, como la señora Ana Argueta, una salvadoreña ciudadanizada estadounidense que reside hace cuatro años en Baja California.
Ella se monta fuera del refugio a regalar café y galletas después de invertir unos 60 dólares al día. “Estoy ayudándole a mis paisanos”. “Pero necesitamos ayuda, muchas manos. Hay mucha necesidad”.
Cumplida la primera semana, el lunes 19 de noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cerró parcialmente el paso entre las 3:15 a.m y 6:25 a.m en el puerto de San Ysidro para reforzar sus medidas de seguridad.
“Los funcionarios de la CBP recibieron informes de grupos de personas de la caravana que se estaban reuniendo en la ciudad de Tijuana para un posible intento o intentos de penetrar forzada e ilegalmente”, informó esa oficina gubernamental.
Ese lunes la Secretaría de Seguridad Pública Municipal distribuyó un segundo cartel con más rostros de migrantes detenidos hasta ese momento.
Los centroamericanos terminaron ante el Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo con la policía municipal.
El martes 20, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, recorrió la línea divisoria entre Imperial Beach y Playas de Tijuana. Allí reiteró que no permitirán el paso ilegal de los centroamericanos.
En el transcurso de ese día, alrededor de 800 migrantes que caminaron desde Mexicali hasta Tijuana llegaron hasta el refugio en zona norte.
“México nos ha tratado bien. Donde aguantamos hambre fue dos veces, tuvimos que durar cuatro días sin comer, y a la niña le dábamos pecho”, dijo la hondureña Lourdes López, sentada fuera del albergue mientras comía una torta.
Para la tarde del miércoles el gobierno municipal informó que había 4 mil 520 integrantes de la caravana en el refugio, pero nada sobre un nuevo espacio para aliviar la saturación.
Esa misma semana la Secretaría de Marina instaló dos comedores móviles fuera del albergue con alimento para 4,000 migrantes centroamericanos.
Para el jueves 22 de noviembre los migrantes movilizaron nuevamente a autoridades de los dos lados de la frontera.
Decenas de familias cargaron sus cosas, salieron del refugio temporal y llegaron hasta la garita “El chaparral” rodeados por policías municipales y federales, todo envuelto en una atmósfera de incertidumbre.
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CON INFORMACIÓN DE KARLA CASTILLO.
