El expresidente catalán Artur Mas (2010-2016) fue condenado este lunes a pagar 4.9 millones de euros, gastados en una consulta no vinculante sobre la independencia de Cataluña que su gobierno organizó en 2014.
El Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, consideró a Artur Mas y a otros nueve cargos de su ejecutivo como “responsables contables directos” de los gastos de la consulta. Ésta se celebró el 9 de noviembre de 2014, pese a haber sido impugnada por el gobierno central de Madrid y suspendida por el Tribunal Constitucional.
Según la sentencia, contra la que cabe recurso, el gobierno catalán de entonces gastó un total de 4,946,788 euros, a fin de crear una web institucional, comprar 7,000 ordenadores destinados a los centros de votación, fabricar sobres, urnas y papeletas y hacer campaña institucional, entre otras cosas.
Los diez deberán devolver solidariamente al Estado esa cantidad, “en la medida de sus respectivas posibilidades”.
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No obstante, en última instancia “Artur Mas Gavarró responde por el importe total”, por ser en aquel entonces el máximo responsable del gobierno regional catalán, señala el texto.
Ya en diciembre, el Tribunal de Cuentas ordenó el embargo del domicilio de Artur Mas, para cubrir la fianza de más de 4.8 millones de euros impuesta al ex presidente y los dirigentes condenados este lunes, entre ellos la ex vicepresidenta regional Joana Ortega, el ex portavoz Francesc Homs y la ex consejera de Educación Irene Rigau.
Previamente, a raíz de esta misma consulta y en otra pieza judicial, la justicia ya había condenado a comienzos de 2017 a Artur Mas a una inhabilitación de dos años por desobediencia.
En la votación de 2014 participaron 2.3 millones de catalanes, de un total aproximado de 6.3 millones que estaban convocados. De aquellos que acudieron a las urnas, un 80% apostó por la secesión.
La impugnación de la consulta de 2014, no vinculante, y la causa contra Mas y sus principales colaboradores no disuadieron a su sucesor Carles Puigdemont de organizar un referéndum de secesión el 1 de octubre de 2017, también prohibido por la justicia.
El Tribunal Supremo español terminó recientemente de instruir la causa, que se juzgará este invierno y por la que están en prisión preventiva nueve líderes catalanes, acusados de rebelión.
