La demanda interpuesta por 11 mujeres abusadas sexualmente durante el operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México, podría sentar un precedente en el sistema de justicia interamericano. Especialistas indican que el nuevo gobierno de México está obligado a dar pleno cumplimiento a la próxima sentencia que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DURANTE 12 AÑOS han buscado la justicia y su lucha está próxima a recibir un veredicto. Las 11 mujeres que demandaron al Estado mexicano por ser torturadas y abusadas sexualmente en el operativo policial de San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, aguardan la sentencia que dará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Para el sistema de justicia internacional, el caso “número 12846 Mariana Selvas Gómez y otras contra México” sienta un precedente en lo respectivo a la responsabilidad que los Estados tienen al recurrir a la tortura sexual como arma de guerra y quienes forman parte de la cadena de mando durante operativos.

En su fallo, fuentes de información que han tenido acceso al proyecto de sentencia adelantan a Newsweek en Español que la Corte IDH está próxima a ordenar al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva sobre hechos que involucraron directamente a Enrique Peña Nieto cuando fungía como gobernador del Estado de México y mandos del mayor nivel jerárquico en el operativo de San Salvador Atenco, así como a sus subordinados.

Tocaría a Andrés Manuel López Obrador, quien lo sucederá en el cargo si acata el fallo, investigar a su predecesor en la presidencia, pese a la transición de terciopelo entre el gobierno saliente y el electo.

“Justicia es la reivindicación de nuestro nombre más allá del estigma de ser ‘las violadas de Atenco’”, dicen las víctimas en voz de Italia Méndez.

ARMA DE GUERRA

Bárbara Italia Méndez Moreno tiene un rostro delgado y ovalado donde se marcan sus pómulos cada vez que habla, acentuando así su expresividad. Por momentos juega con mechones de su cabello castaño, los toma entre los dedos de sus alargadas y menudas manos que se mueven al ritmo de su voz, develando su estado de ánimo.

Ella es una de las víctimas del caso Atenco que está a la espera del veredicto de la Corte IDH.

Escuchamos las palabras de la mujer que yace sentada sobre un mullido sillón color naranja. Su voz suena serena, pausada, segura:

“Mi nombre es Italia Méndez. Soy una de las 11 mujeres que estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un litigio contra el Estado mexicano por violaciones en contra nuestra, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, en el contexto de una protesta social en la que se hizo uso de la fuerza pública en un operativo en que participaron la policía municipal, la policía estatal y la federal, en un contexto bastante politizado”.

A medida que Italia rememora el episodio más traumático de su vida, la voz se le va quebrando:

“Aquel día fui sometida a tortura física, psicológica y sexual de manera brutal por parte de esos policías. Fui trasladada al penal de Santiaguito, en el Estado de México, por una etiqueta que nos dio el Estado de ‘peligrosidad social’. Me detuvieron por la mañana y fui presentada hasta muy tarde. Cuando llegamos al penal me di cuenta de que había otras mujeres en las que vi el mismo dolor que yo sentía y en sus ojos, mi mismo miedo. Habíamos pasado por la misma tortura con un componente realmente muy estigmatizante y grave que es la violación sexual como un arma de guerra”.

Estamos en una sala del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), con el equipo jurídico que las representa ante la Corte IDH, el tribunal internacional que está a punto de dictar sentencia, la cual se proyecta será condenatoria.

Esperanzada por el fallo que viene en camino, Italia Méndez detalla lo que pasó aquel 2006, cuando en el territorio mexiquense gobernado por Enrique Peña Nieto (que en 2012 se convirtió en presidente de México), ella cursaba la carrera de Estudios Latinoamericanos en la UNAM.

Ese mayo, San Salvador Atenco vivía álgidas movilizaciones sociales. Durante el operativo a cargo de más de 2,000 policías, Italia se refugió en un domicilio en el que irrumpieron los uniformados. Le quitaron sus pertenencias, la tiraron al piso, la sacaron a la calle en donde la golpearon brutalmente con tolete en todo el cuerpo y la hirieron en la cabeza. Luego la subieron a un camión para trasladarla a un reclusorio.

Dentro del camión los policías la pusieron en la parte trasera, le metieron la mano en la blusa, le arrancaron el brasier, le metieron la mano en el pantalón y le arrancaron el calzón; le rompieron el cierre y el botón, le bajaron el pantalón a los tobillos y la blusa se la pusieron en la cabeza, y mientras la golpeaban con un tolete le pellizcaban los pezones.

Entonces comenzó a escuchar “frases obscenas sobre mi cuerpo, sobre mi condición de mujer, me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos”.

La abusaron sexualmente mientras proferían amenazas contra ella y su familia. La tortura se prolongó hasta que arribaron al Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito” (Cepreso), en Almoloya de Juárez.

Durante el ingreso la golpearon nuevamente. Las frases obscenas no cesaron. Aunque requería atención médica integral, pues estaba muy golpeada y tenía molestias en la vulva y la cavidad vaginal, simplemente se limitaron a suturarle la cabeza sin limpiarla ni anestesiarla.

Le indicaron que le tomarían la declaración porque estaba detenida. Ella preguntó dónde estaba su abogado. “No hay abogados”, le respondieron. Luego de ser torturada y violada, la encarcelaron argumentando en su contra cargos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, secuestro equiparado y delincuencia organizada.

ESTIGMA DENIGRANTE

El que la tortura sexual y abusos durante el operativo policiaco en Atenco se haya convertido en un litigio internacional contra el Estado mexicano se debe, en gran parte, al coraje y valor de esta mujer, que desde la detención en el penal decidió hacer públicos los abusos a los cuales ella, al igual que otro medio centenar de mujeres, fueron víctimas esos grises días de mayo. Solo 11 mujeres decidieron proceder judicialmente.

“Cuando estaba presa escribí el testimonio de lo que me había pasado para que afuera se enteraran. Me preguntaron si yo quería hacer público mi nombre, si quería mostrar mi identidad, y eso me hizo pensar en si acaso tendría que avergonzarme de mí misma y de mi nombre. Me sentí avasallada”, recuerda.

“En ese momento mi intención con el testimonio era, justamente, poder relatar mi verdad. Nosotras teníamos derecho a que se escuchara nuestra voz. Pero a la hora de reivindicar mi nombre, lo perdí. Es como una paradoja, porque a partir de entonces yo dejé de llamarme Italia Méndez y me convertí en una de ‘las violadas de Atenco’. Perdí mi libertad individual para convertirme en parte de un grupo de mujeres que estábamos en una posición de víctimas, pero nos habían colocado en un lugar sumamente estigmatizante, ‘las violadas de Atenco’”.

Su testimonio es un drama que, multiplicado por 11, se ha escuchado en tribunales internacionales.

La misma tortura que Italia vivieron Mariana Selvas Gómez, Georgina Rosales Gutiérrez, Patricia Romero Hernández, Norma Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdado, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Cuevas Jaramillo.

Su búsqueda de justicia en la vía internacional derivó en que, en 2008, al no avistar imparcialidad en las instancias judiciales del país, presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.

La CIDH lo admitió y en 2015 emitió el Informe de Fondo 74/15, en el que resolvió a favor de las peticionarias. Determinó que, en efecto, fueron víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención a manos de agentes del Estado. Concluyó que incluso hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.

La CIDH responsabilizó al Estado mexicano por la violación de sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada y dignidad; a las garantías judiciales; al derecho a la igualdad y no discriminación; y a la protección judicial ya que, según criterios de justicia internacional, México incumplió con su obligación de investigar con la debida diligencia y, en un plazo razonable, los hechos de tortura física, psicológica y sexual.

También la CIDH determinó que el Estado fue responsable por la violación a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; entre otras. Así que recomendó al país que debía investigar de manera efectiva, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.

Pero el Estado mexicano no cumplió, así que la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana, facultada para emitir sentencias vinculatorias.

Tornado en litigio, el asunto comenzó a desahogarse en septiembre de 2016, y para noviembre de 2017 en Costa Rica, sede de la Corte, las víctimas testificaron.

RECOBRAR DIGNIDAD

Las inflexiones en la voz de Italia Méndez delinean cada episodio que estas mujeres han vivido en su empeño en que los delitos de los que fueron víctimas no queden impunes. En su relato hay pinceladas que explican cómo se mantienen cohesionadas tras 12 desgastantes años:

“En aquel camión donde nos llevaban al penal, en esos momentos tan difíciles para mí y para las personas que venían viajando debajo de mí, porque yo venía debajo de una fila de personas, alguien me tomó la mano y sentí que no estaba sola. El hecho de venir tocándome la mano como muestra de solidaridad, de que cada una de nosotras no estaba sola, de saber que la persona que estaba debajo de mí estaba siendo solidaria y me estaba acompañando en ese momento tan complicado. Y yo también logré entender que antes de mí, antes de que me pasara a mí, le pasó a otra persona, la persona que venía debajo de mí. Fue una experiencia muy dolorosa, muy triste”.

Newsweek en Español ha hablado con varias de las víctimas de este caso y en su percepción de justicia coinciden en que, con independencia del fallo judicial que se dé, el solo hecho de haber expuesto ya ante instancias internacionales lo ocurrido forma parte de la justicia por la que han luchado. Así se explica el mensaje que hace unos años difundieron como parte de su campaña “Rompiendo el silencio”, enfocada en que se frene la tortura sexual como práctica de Estado, justo cuando las víctimas iban rumbo a la Corte.

“El Estado nos llamó mentirosas. Durante diez años hemos tenido un camino muy doloroso, hemos tenido que declarar una y otra vez. Aquel fatídico día nos dijeron: ‘Fue tu culpa’. Su estrategia fue apostar al desgaste, ridiculizarnos, lincharnos. Hoy nuestra dignidad está en alzar la voz, en caminar para señalar que el Estado es responsable. Nuestra dignidad está en no callar ante el miedo y sus ofensas. Nosotras no somos las violadas de Atenco, somos unas luchadoras sociales”, dijeron en ese mensaje de la campaña “Rompiendo el silencio”.

El litigio internacional, dice Italia, “es la vía en la que finalmente pudimos exponer la verdad. El poder hacer uso de la palabra para dar nuestro testimonio ante instancias de justicia internacional dispuestas a escuchar para nosotras tiene sentido, porque eso no lo tuvimos en México. Aquí todo se convirtió en un lastre y en una tortura nueva”.

–¿Consideras que la verdad está dicha?

–Nosotras hemos insistido en cómo ocurrieron los hechos y en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano y sus instituciones con esta práctica, pero todavía no se esclarece quién ordenó los operativos, cuál fue la cadena de mando responsable, y sobre todo tampoco se ha esclarecido la responsabilidad política de las personas que mandataron todo eso, aunque sabemos que los responsables llegaron hasta los puestos más altos de este país, como el presidente de la república, pero debe haber un esclarecimiento legal total.

–¿Cómo ha sido para ustedes transitar a las instancias internacionales?

–Ha implicado una lucha de larga duración. Acudir al sistema interamericano son periodos de hasta 12 años, y realmente una se queda estacionada, invirtiendo una gran parte de tu vida, de tu esfuerzo, en una lucha por la verdad, por el esclarecimiento de los hechos, que no te permite hacer otra cosa, y entonces allí entra la valoración de qué es más importante para las sobrevivientes: continuar la vida sin justicia o acabarse la vida en búsqueda de justicia.

“Y bueno —precisa—, nosotras decidimos emprender este camino que se convirtió en una carrera de relevos: cuando una no tiene la posibilidad de estar, siempre hay otra dispuesta, y así hemos ido compartiendo esta lucha. Estamos cohesionadas porque tenemos un fin común”.

–¿Qué les gustaría escuchar para saber que se hizo justicia?

–¡Qué complejo! Porque en todos esos años, por desgracia, y te lo digo con mucho dolor, reconocimos nuestra experiencia en la experiencia de otras mujeres, y conocimos la práctica de tortura sexual en otros escenarios y contextos. Y si tú me preguntas: ‘¿Para ti que es justicia?’, diría que lo que a mí me pasó no vuelva a ocurrir, y es muy fácil decirlo, pero en la práctica son retos inmensos, sobre todo porque sabemos que hay cientos de mujeres que han vivido la misma experiencia que nosotras, después de que a nosotras nos ocurrió y que sigue ocurriendo esta práctica de los policías, pero también del Ejército. Entonces dimensionamos que no se trata solo de un tema personal, que no se trata solo de las 11 mujeres de Atenco, sino [de hacer] justicia también para cada mujer en este país que ha pasado por tortura sexual.

“Nuestra intención última –agrega– es cómo hacer rendir esta sentencia que tenemos en puerta. Que sirva para esclarecer los hechos de Atenco, [ya que] también habrá una oportunidad, una puerta para que se investigue la tortura sexual como práctica de Estado y se visibilice que no solamente ocurrió en 2006 a 11 mujeres”.

–En la cadena de mando la máxima autoridad era el gobernador Peña Nieto que luego se volvió presidente y está a punto de dejar su cargo público, ¿qué piensas?

–Para nosotras fue un balde agua el enterarnos primero que gana la elección y pensamos: ‘Esto va a segur así y la justicia no va a llegar’. Pero con muchos esfuerzos y con mucho trabajo estamos llegando a este punto.

En este momento Italia Méndez asegura que ella y las otras mujeres denunciantes tienen claro que al llegar a la Corte IDH el caso Atenco supone que “se juzgue a las instituciones del Estado, y no tanto a personas, pero al final a nosotras nos parece mucho más importante señalar políticas de Estado y, por supuesto, que nosotras señalaremos siempre a los responsables, pero sí nos hace mucho sentido poder justamente visibilizar esas prácticas y que la sociedad haga este llamado a que el gobierno las detenga. Aquí lo que más importa es poner un freno a esas prácticas.

—¿Qué le tocaría hacer al nuevo gobierno federal?

—Esto tiene una dimensión política. Esta práctica debe detenerse. Las policías, el Ejército, tienen que dejar de torturar a las personas como forma de castigar, de sancionar. Esta práctica no puede seguir siendo auspiciada por las autoridades políticas del país, ni por el sistema judicial. Los jueces deben de dejar de tomar como pruebas las declaraciones autoinculpatorias que se generan en una sesión de tortura. Es decir, hay todo un entramado jurídico, político, incluso social, en el que no se castiga ni se condena socialmente la tortura, y allí es donde el nuevo gobierno debe hacer su trabajo.

—¿Cómo recapitulas tu vida, entre la mujer que eras hace 12 años y la que eres hoy?

—Nunca creí que fuera capaz de sobrepasar un hecho como este, una experiencia al límite que me dañó mucho y, básicamente, tuve que reconstruirme desde cero.

—Dices que cuando saliste de la cárcel perdiste tu identidad para vivir el estigma de ser una de ‘las mujeres violadas de Atenco’, ¿recuperaste tu nombre?

—Sí, yo creo que en el camino hemos ido recuperando el nombre. Muchas veces me preguntan ahora: “¿Cómo te presentamos?”, y digo: “Soy Italia Méndez, de la campaña ‘Rompiendo el silencio’”, porque esta soy yo ahora. Mi vida dio un giro, y yo sé perfectamente que ya no me define esa experiencia, pero sí me define el trabajo que hago en pro de la justicia, y de visibilizar esa práctica de Estado. Sí sigo con el tema, hablando sobre tortura, sobre la experiencia, pero desde otro sitio. Y eso hace que sí haya recuperado mi nombre.

HISTÓRICO PRECEDENTE

Stephanie Erin Brewer es una experimentada abogada que en el Centro Prodh está a cargo del litigio internacional. Brewer, quien litigó el caso de los campesinos ecologistas, explica que el caso Atenco tiene particularidades que sentarán precedentes en el sistema interamericano de justicia.

Así lo explica:

“Este caso ya está haciendo un gran aporte. Vamos a ver si en la sentencia la Corte desarrolla nuevas líneas de jurisprudencia o si precisa nuevos temas, pero independientemente de ello, hay temas muy relevantes del caso: uno es el de cadena de mando, que lleva a las obligaciones de investigación de los Estados con respecto a operativos del propio Estado. Otro tema central es el de tortura sexual contra mujeres en un contexto de represión policiaca, es un contexto donde hay una serie de violaciones graves desde el momento de detención arbitraria pasando por los momentos de retención, traslados en vehículos, e ingreso en el centro”.

Brewer explica que el caso Atenco explicita “de manera muy clara la relación entre los actos físicos de tortura y el uso de estereotipos sobre la mujeres”. Es, dice, “el mensaje de ‘esto te pasa porque debes estar en la casa, debes estar cuidando a los niños’, usando el cuerpo de la mujer como una herramienta, como arma.

—¿Para el Centro Prodh qué implicaciones tiene litigar contra un Estado?

—Para el Centro Prodh es parte de nuestro trabajo, pero ciertamente para las mujeres o para cualquier persona sobreviviente de violaciones a sus derechos humanos es un reto enorme, sobre todo un caso de violencia sexual, donde hay tantas barreras que las personas tienen que ir superando para poder denunciar simplemente, porque lo más probable es que esa autoridad que va a recibir la denuncia culpe a la propia víctima, y más si denuncia ante agentes del mismo Estado cuyos agentes son los torturadores.

“Afortunadamente este caso es un ejemplo de cómo 11 mujeres pueden luchar en contra de un Estado que tiene todo a su favor económicamente, en términos de poder desplegar estrategias, ya sea de comunicación, de información, u obstaculizar investigaciones; y sin embargo, estas mujeres llevaron al Estado a la Corte Interamericana adonde no quería llegar el Estado, y ahora va a salir una sentencia que, creo, va a ser muy favorable y va a reivindicar la voz y la denuncia de estas mujeres todos estos años.

—¿En qué consistiría la justicia para las víctimas?

—Una parte muy importante es que se investiguen todos los tipos de responsabilidad desde una lógica de cadena de mando. Estos hechos no se produjeron porque cientos de policías hayan decidido golpear y torturar sexualmente, sino que se desarrollaron desde una cadena de mando, una estructura totalmente jerárquica de superiores que estaban ordenando.

“La justicia en el sistema interamericano —agrega— considera la sanción o reparaciones individuales, pero también esta sentencia debe servir como punto de inflexión para que hechos como estos no se repitan. Hay toda una categoría de reparaciones que puede ordenar la Corte Interamericana que son medidas de no repetición, y esto es el otro punto fundamental para las mujeres, aunque aun sin esperar la sentencia de la Corte ya lo están haciendo una realidad, por ejemplo con la campaña contra la tortura sexual ‘Rompiendo el silencio’”.

En este sentido, la sentencia de la Corte sobre medidas de no repetición, explica la abogada, sería uno de los mayores aportes del caso, que impactaría en los distintos niveles y esferas de poder.

—¿Le tocaría al nuevo gobierno investigar a Peña Nieto en su papel de gobernador del Estado de México, a Wilfrido Robledo, y todos los funcionarios que en ese momento tuvieron una implicación en el caso?

–Esa es la idea: investigar en la lógica de esclarecer posibles responsabilidades de las personas en la cadena de mando, las personas que mencionaste y muchos otros, que son quienes estuvieron en el operativo, y lo que pasó en las reuniones que los funcionarios tuvieron los días 3 y 4 de mayo [de 2006]. Lo que queremos es que se investigue a partir de los hechos, a partir de las pruebas, y hasta donde llegue la investigación, y que se actúe en consecuencia para sancionar a los responsables.

“MÉXICO ESTÁ OBLIGADO A DAR PLENO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA”

ACATAR la sentencia del caso Atenco supondrá para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una “responsabilidad de liderar y articular con el resto de los poderes de la Federación el cumplimiento cabal en los plazos establecidos por la Corte”.

Así lo considera Marcela Martino Aguilar, subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Además, considera la abogada, ello supone incorporar “la mirada y reivindicación de las víctimas que tuvieron que acudir a un sistema internacional de protección al no haber encontrado una plena reparación de las violaciones de las que fueron víctimas en el Estado [mexicano]”.

El Cejil es un centro jurídico que se especializa en la legislación y los acuerdos que rigen el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En entrevista telefónica desde su oficina en Costa Rica, Marcela Martino explica a Newsweek en Español que no es un asunto de voluntad sino que México, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana de Derechos Humanos, “está obligado a dar pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, que es el más alto tribunal en esa materia”.

El eventual incumplimiento, opina, “enviaría un grave mensaje, pues el derecho internacional y la propia Carta de la OEA establece que es la norma que debe regir la conducta de los Estados”.

Cuestionada sobre el rol que deberá asumir el nuevo gobierno federal frente a la sentencia de la Corte IDH, la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales Ariadna Salazar Quiñones observa: “Aunque hayamos vivido recientemente una transición democrática, ello es independiente a los compromisos en materia de tratados internacionales que tiene México”.

La doctora en derecho constitucional por la Universidad de Salamanca, España, también explica que “el Estado mexicano está obligado a cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana, por lo tanto, el nuevo gabinete deberá hacerlo con la sentencia en este caso de Atenco y todos los que pudieran venir más adelante”.

Marcela Martino agrega que en el fallo del caso Atenco el Ejecutivo tendrá un rol decisivo, “porque la tortura sexual se dio en el marco de un operativo que fue negado por las autoridades del más alto nivel”.

Por ello considera que la postura del gabinete de López Obrador “será especialmente importante, no solo para asumir el compromiso de cumplir con la sentencia de una manera efectiva y pronta, sino también para respaldar la verdad que la Corte establecerá: esa verdad que ha sido el motor de la lucha de estas mujeres que la han repetido desde el primer momento y que por ello han sido estigmatizadas y criminalizadas. Es deber del próximo gabinete, desde el primer momento, y del Estado en su conjunto, respaldar y hacer una verdad de público conocimiento. Esa deberá ser la posición del Estado en plena sintonía con sus obligaciones internacionales”.