Érika Hernández
Agencia Reforma
Problemas financieros, incumplimiento de gobiernos estatales, inconformidad social o conflictos legales llevaron al Gobierno federal a cancelar ocho obras que fueron compromisos de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto.
Forman parte de los 266 ofrecimientos que hizo cuando era candidato, y entre los cancelados está la presa Santa María, en el municipio de Rosarito, Sinaloa, la cual no se logró construir porque el Ayuntamiento no dio los permisos, cuyo trámite debía garantizarlo el Gobierno estatal, además de las constantes protestas de vecinos inconformes.
Después de diversos intentos, el 5 de julio de 2017, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó a la Presidencia de la imposibilidad de cumplir, pese a que ya había firmado un convenio con la empresa Ingenieros Civiles Asociados por 4 mil 627 millones 583 de pesos.
También culpan al anterior Gobierno estatal, encabezado por Mario López, “Malova”, de no pagar indemnizaciones a vecinos afectados, y los reclamos de la constructora por la creación de túneles.
“Todo ello agravado por los constantes problemas de inseguridad, han permitido sólo un avance de 13.87 por ciento, lo cual sugiere que el compromiso no podrá ser cumplido”, informó a Los Pinos el director de Conagua, Roberto Ramírez.
Lo mismo sucedió con la presa El Salto, en el municipio mexiquense de Amecameca, obra que buscaba aprovechar el agua del deshielo del volcán Iztaccíhuatl, ante el déficit del líquido en esa localidad.
“A pesar de los esfuerzos realizados por el municipio, no fue posible resolver la problemática social que impide la conclusión de las obras, suspendidas desde abril de 2016”, reportó también Conagua en julio del 2017.
A mediados del año pasado, el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, también informó a la Presidencia que cancelara la construcción de un tramo ferroviario Aguascalientes-Guadalajara.
Esto, argumentó, porque prevalecen dos juicios administrativos que impiden iniciar el proceso de licitación.
A principios de 2017, la Secretaría de Economía informó a la Presidencia la anulación del centro logístico e industrial “Puerto Interior Tlaxcala”, pues no lograron expropiar los tres terrenos requeridos, debido a la falta de indemnización por parte del gobierno estatal y juicios de amparo.
Además, indicó la dependencia, se ofreció a al gobierno estatal 60 millones de pesos para arrancar el proyecto, pero no presentó un plan.
“Toda vez que el Gobierno del Estado no brindó las condiciones necesarias para el desarrollo del compromiso (.) solicito registrar su cancelación”, pidió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
El centro de convenciones en Córdova, Veracruz, también se anuló por carecer de factibilidad, pues ni el turismo ni la demanda son suficientes para realizar una inversión tan grande.
En la lista también está la cancelación, por falta de presupuesto, de la refinería de Hidalgo y el Tren Transpeninsular Mérida-Quintana Roo.
La presa Maroma, en San Luis Potosí, no se ejecutará por problemas sociales.
Aunque no se construirá el Tren México-Querétaro, la autoridad lo cataloga como suspendido, pues están listos los estudios de factibilidad.
