Un fiscal federal, la policía de Washington y James O’Keefe, un conocido provocador de derecha, conspiraron para culpabilizar a los manifestantes del J20. Pero fracasaron.
Cerca de la corte federal, en el centro de Washington, donde los medios de comunicación han pasado el último año grabando el constante ir y venir de los auxiliares acusados del presidente Donald Trump, se ha desarrollado otra batalla legal, mucho menos pregonada y con posiblemente mayores ramificaciones para la democracia estadounidense que cualquier cosa que descubra el fiscal especial Robert Mueller.
Se trata del aprieto de las 234 personas rodeadas y encarceladas durante las protestas callejeras en la toma de posesión de Trump el año pasado. Todos ellos, incluidos algunos reporteros, médicos y observadores legales, fueron acusados del delito de motín y conspiración, y unos cuantos con vandalismo criminal, cargos que, en teoría, los hacen sujetos a sentencias consecutivas en prisión que totalizan 60 años o más. Un estudio privado luego concluyó que la policía se vio rebasada por la violencia esporádica, y algunos oficiales se olvidaron de los procedimientos y recurrieron indiscriminadamente a rociar gas pimienta y hacer redadas, lo cual “contribuyó a que se arrestara una gran cantidad de manifestantes cubiertos por la Primera Enmienda que no estuvieron involucrados directamente en comportamiento destructivo o violento”.
Veintidós de los detenidos rápidamente se declararon culpables de los cargos de motín. Pero aun cuando el Departamento de Justicia buscó vigorosamente —los críticos dicen que impropiamente— veredictos de culpabilidad en los más de 200 casos restantes, sus estrategias empezaron a venirse abajo, algunos por cuestiones sobre cómo el gobierno recabó y eliminó evidencia exculpatoria; otros por cargos espurios que vinculaban a todos los manifestantes con una supuesta conspiración de unos cuantos por vandalizar propiedades y atacar a la policía.
Los miembros del jurado eran escépticos: después de que un primer grupo de acusados fue hallado inocente en diciembre del año pasado, el gobierno retiró los cargos en contra de más de 150 personas, y admitió que no podía demostrar su intención de romper vidrios y dañar autos. Una segunda serie de juicios terminó en absoluciones o jurados que no llegaron a un acuerdo. Y, al final, el 6 de julio, más de 18 meses después de los arrestos masivos del 20 de enero de 2017, los fiscales federales abruptamente retiraron los 39 casos restantes, con lo que cerraron un episodio legal que planteó cuestiones problemáticas sobre la extralimitación del gobierno.
Ahora, como muchos otros asuntos importantes excluidos de los reflectores nacionales por las controversias de la administración de Trump, el caso de los manifestantes del J20 (como se les conoció, por la fecha en inglés de la toma de posesión) se ha olvidado en gran medida. Excepto, por supuesto, por aquellos cuyo futuro estuvo en riesgo durante el último año y medio. Aun cuando fueron liberados sin necesidad de pagar fianza durante la dura prueba de 18 meses, los acusados tuvieron que poner en pausa sus vidas mientras luchaban contra el poder total del gobierno. Para muchos, una condena incluso por cargos reducidos de fechoría pudo haberles hundido préstamos bancarios, licencias profesionales y accesos de seguridad, todo por ejercer su derecho de la Primera Enmienda a “pacíficamente… reunirse, y pedirle al gobierno que rectifique agravios”.
“La acusación del gobierno” —dice el abogado Philip Andonian, quien representó a uno de los acusados— “debería ponerle los pelos de punta a cualquier que valore la disensión”. Especialmente, dicen él y otros abogados en los juicios, cuando se toman en cuenta las revelaciones de una sociedad secreta entre el gobierno y espías de la derecha.
Los recuerdos que quedan de la toma de posesión tienden a centrarse en las diatribas de Trump y su entonces portavoz, Sean Spicer, por los reportes mediáticos que reducían el tamaño de la multitud, todas recordadas inolvidablemente en Saturday Night Live por Alec Baldwin y Melissa McCarthy. Trump y Spicer no solo ignoraron las protestas en el centro, que incluyeron brotes de violencia y combates callejeros entre la policía y activistas de antifa, sino que el presidente luego tuiteó un comentario inusualmente agradable sobre las enormes marchas de mujeres al día siguiente como un “hito de la democracia”.
Sin embargo, en la Corte Superior de D. C., la maquinaria del Departamento de Justicia se preparaba para pulverizar a los acusados del J20 por cargos de conspiración. La inusual cadena de eventos comenzó con la estrategia que la policía eligió para manejar a los manifestantes, en su mayoría estudiantes enardecidos y millennials contrarios a Trump que obtuvieron el permiso para su manifestación. Cuando el evento se puso feo con brotes de vandalismo “anticapitalista” y peleas callejeras con los policías, la policía de D. C. eligió “encapsular”, o rodear, a todos los participantes, sin importar su comportamiento individual, y arrastrarlos lejos del lugar. Luego vino el fiscal federal del Distrito de Columbia, la rama local del Departamento de Justicia que funge como fiscal distrital de la ciudad, la cual acusó a todos de delitos de motín y conspiración.
Por lo general, a los manifestantes arrestados se les planta una fechoría y una multa y los envían de vuelta a casa. Así se hizo con los J20 liberados con una fianza personal. Pero los cargos torcidos de conspiración que se les imputaron no solo conmocionaron a los acusados y sus abogados, sino a veteranos de justicia criminal fuera del caso, quienes pidieron una explicación.
Justin Dillon, otrora abogado del Departamento de Justicia, señaló con el dedo a Jennifer Kerkhoff, una excolega asignada como fiscal principal. Channing Phillipps, un fiscal de carrera del Departamento de Justicia y remanente de la administración de Obama, fue el jefe de Kerkhoff cuando se presentaron los cargos. Pero hubo “subsiguientes puntos decisivos sobre la marcha”, dice Scott Michelman, alto abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, las cuales indicaban una mano más pesada tras el timón. En septiembre de 2017, Jessie Liu, quien trabajó en el equipo de transición de Trump, se hizo cargo de la fiscalía federal, con 300 personas en su equipo, y de la supervisión de los casos (Bill Miller, portavoz del Departamento de Justicia, dijo a Newsweek que ni Liu ni Kerkhoff harían comentario alguno sobre los aspectos de la acusación. Phillips también se negó a comentar).
Dillon escribió, en el influyente blog legal Above the Law, que el gobierno siguió una teoría procesal que era “ridícula de inicio: que simplemente por caminar por la calle y gritar consignas, luego negarse a retirarse cuando se dio la orden de dispersión, los manifestantes se unieron a una conspiración para amotinarse y participar en la destrucción de propiedades”.
También fue notable la “cantidad enorme de recursos” que Kerkhoff condujo “para perseguir justamente ofensas menores”, dice Sara Kropf, abogada de una enfermera de oncología absuelta de todos los cargos en el primer caso que fue a juicio. Primero, comenta ella a Newsweek, hubo “un fiscal muy experimentado asignado al caso de tiempo completo. Segundo, hubo un experimentado detective de homicidios no solo trabajando de tiempo completo, sino ganando por tiempo extra por un año. Y luego hubo todos los recursos de tecnología” que el gobierno usó para organizar cantidades enormes de video de vigilancia y cintas de audio. “Cualquier caso de esa magnitud con tantísimos acusados ciertamente tuvo que ser aprobado en niveles muy altos dentro de la fiscalía federal”, opina Kropf. De ser así, Kerkhoff, desde hace mucho un imán por sus choques con abogados opuestos, fue la elección perfecta de una administración encabezada por un presidente con antipatía por los manifestantes.
Se descubrió que el equipo de ella rompió una regla cardinal: la obligación de los fiscales de revelarle evidencia a la defensa que pudiera exonerar al acusado. Establecida en un dictamen trascendental de la Suprema Corte en 1963, la llamada regla Brady ha sido un fundamento de la ley constitucional por medio siglo, incluso cuando es violada frecuentemente por los fiscales o en casos con sentencia de muerte. “Las violaciones a la Brady son uno de los peores tipos de mala conducta procesal”, menciona Michelman. “No solo no sabes la cosa que supuestamente debes saber como abogado defensor y como acusado: no sabes que no la sabes”.
La felonía de Kerkhoff fue negarse a decirles a los abogados defensores de los J20 sobre casi 70 videocintas secretas de reuniones para planear protestas filmadas a escondidas por agentes desplegados por James O’Keefe, el provocador de derecha con un largo historial de producir videos encubiertos editados selectivamente y diseñados para avergonzar a los liberales en los medios de comunicación principales. El gobierno entregó solo un video como evidencia, el cual no se identificó que provenía de O’Keefe, y que, como se supo después, había sido editado para borrar evidencia exculpatoria.
Suspicaz de su procedencia, una de las acusadas, Elizabeth Lagesse, ingeniera química y estudiante de doctorado en la Universidad Johns Hopkins, empezó a ahondar en ello. “Yo buscaba todo lo relacionado con los casos y empecé a ver si otros videos relacionados con el caso provenían del proyecto Veritas [de O’Keefe] y trataba de determinar si algunos de ellos habían sido editados”, comenta a Newsweek. “Yo veía más en sus videos de lo que veía en nuestra evidencia”.
Luego, descubrió que O’Keefe había publicado un libro, American Pravda: My Fight for Truth in the Era of Fake News, que incluía un capítulo jubiloso sobre infiltrar el campamento de los manifestantes y proveer videos a la policía de D. C. y el FBI, quienes los recibieron “con los brazos abiertos”.
Los abogados de la defensa rápidamente acometieron el asunto. “Había miles de archivos producidos por el gobierno. Ni uno solo de ellos estaba etiquetado ‘Proyecto Veritas’”, se quejó la abogada defensora Rebecca LeGrand ante Robert Morin, juez de la Corte Superior. “Pedimos en repetidas ocasiones: ‘Dígannos quién hizo estos para que podamos contactarlos…’ No lo sabíamos porque lo ocultaron”.
En abril, los abogados de la defensa obligaron al gobierno a entregar más videos. Uno incluía a un agente encubierto de la policía de D. C. diciéndole al camarógrafo de O’Keefe que los activistas en una reunión de planeación de protestas no parecían tener conocimiento de que se planeara algo de violencia.
Morin, normalmente un jurista tranquilo, no lo halló divertido. La supresión de evidencia “fue intencional”, regañó a los fiscales. “Su oficina afirmó que había solo un video”. Los cargos por la fechoría de conspiración se retiraron (Kerkhoff luego presentó una moción con Morin pidiéndole que reconsiderase sus hallazgos en contra de ella).
El truco de los videos fue un importante paso en falso del gobierno, pero los casos estaban plagados de meteduras de pata procesales. En el primer juicio, en diciembre, Rizwan Qureshi, auxiliar de Kerkhoff, argumentó ante el jurado que los acusados conspiraron “para destruir nuestra ciudad, y ahora es escudan detrás de la Primera Enmienda”. En otra sala de la corte, Kerkhoff aconsejó a los miembros del jurado que podían ignorar las instrucciones del juez sobre la presunción de inocencia en un juicio.
“Solo necesito decir, damas y caballeros —interrumpió el juez—, que deben seguir todas y cada una de las palabras en mis instrucciones sobre la duda razonable”.
Los abogados de la defensa también plantearon sus sospechas con respecto a la objetividad del detective principal en los casos, Gregg Pemberton, un alto funcionario del sindicato policial de D. C., cuya oficina nacional había apoyado a Trump para ser presidente. Pemberton, quien encabezó una incursión en el hogar de un activista, había despotricado contra los “activistas hipócritas” y Black Lives Matter en Twitter y dijo a la conservadora One America News Network que él esperaba que la presidencia de Trump le “pondría un alto a” las protestas contra la policía. Contactado por Newsweek, Pemberton negó todas las acusaciones de prejuicio.
Kerkhoff también rechazó una entrevista para discutir los muchos problemas suscitados por las prácticas del gobierno que impactaron profundamente en algunos de los acusados. Kropf, quien representó a la enfermera de oncología Britten Lawson, dijo que su clienta “estaba extremadamente preocupada por el efecto de una condena en su carrera de enfermería”. Una fechoría es motivo para revocarle la licencia.
Para otros, la acusación les abrió los ojos. Lagesse, la estudiante de ingeniería química que solo se presentó el 20 de enero para decir su objeción a Trump, dice que estaba “atónita al descubrir cuánto poder poseen los fiscales y cuán poca responsabilidad tienen”. Ella ahora planea asistir a la escuela de derecho.
Queda en el aire la pregunta de por qué el gobierno tomó un camino tan agresivo. Ninguno de los abogados de la defensa consultados por Newsweek tenía una respuesta. Un funcionario de transición del Departamento de Justicia de Trump especuló que extralimitarse en los cargos contra los manifestantes “habría provenido de la cima”. Pero ni él ni otros observadores cercanos de los procesos dieron alguna evidencia. En el anuncio del gobierno de que renunciaba a los 39 casos restantes, Liu notó que 21 personas habían admitido su culpabilidad y dijo que “la evidencia muestra que ocurrió un disturbio el 20 de enero de 2017”.
Salvo que haya revelaciones inesperadas, los orígenes de la extralimitación en las, finalmente fútiles, estrategia y tácticas del gobierno tal vez se pierdan en la historia. Problemas legales más inmediatos —desde la separación de las familias inmigrantes por parte de la administración hasta su ataque a la integridad del FBI y Robert Mueller y el remplazo del juez Kennedy en la Suprema Corte— han desplazado la conducta del gobierno en los juicios a los J20.
Pero los abogados de la defensa no han olvidado. “Ellos se tomaron a la ligera la verdad desde el principio”, dice Andonian. Que Kerkhoff suprimiese evidencia exculpatoria es especialmente irritante para él y los otros 200 defensores públicos, abogados sin cobrar y abogados privados que participaron en los casos, comenta. Algunos abogados consideran presentar la conducta de Kerkhoff ante la Asociación de Abogados de D. C., otros esperan que la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia de Trump revise su comportamiento. Lo que está claro es que las acciones del gobierno han producido reclutas para la siguiente generación de abogados de libertades civiles.
“Me enganché en esto como una causa”, dice Lagesse, la exacusada y aspirante a abogada. “No soy lo bastante optimista para pensar que podría reinventar totalmente el sistema, pero me gustaría hacer algunas mejoras aunque sean menores: crear algo de responsabilidad para los fiscales y aumentar la capacidad de la gente para defenderse a sí misma”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
