Los mecanismos “rosa” han servido como un pretexto para dejar de impulsar cambios estructurales.
SOMOS MÁS de la mitad de la población. Sin embargo, las políticas que buscan mejorar nuestro acceso a servicios y derechos son disfuncionales. Seguimos siendo vistas como una minoría o “grupo vulnerable”. Esto es problemático por varias razones. Primero, porque se considera a las mujeres como un grupo homogéneo, es decir, se piensa en un solo tipo de mujer, sin tener en cuenta que nos atraviesan distintas identidades —tales como ser mujer indígena, mujer con discapacidad, mujer trans, mujer lesbiana, mujer migrante, entre muchas otras—. Además, no se considera que estas identidades se cruzan entre sí. Si partimos de una visión amplia, es necesario considerar la multiplicidad de políticas e instituciones que segregan a la población. Pese a que contamos con el Instituto Nacional de las Mujeres y existen instituciones para personas indígenas o con discapacidad, ningún conjunto de instituciones se coordina para dar un servicio integral a las mujeres según sus identidades y necesidades específicas.
El segundo tema es que, a menudo, los problemas que enfrentan las mujeres son vistos como “cosas de mujeres” o que no afectan al resto de la población. Bajo esta idea se han creado mecanismos superficiales de corto plazo como silbatos, ciudades, cuartos, salarios y transportes “rosa”. Estas acciones deben ser vistas como medidas afirmativas temporales que alcancen objetivos específicos a corto plazo. Pero la mayoría de las llamadas políticas “rosa” no se evalúan, y se están convirtiendo en acciones permanentes sin saber si cumplen o no con el objetivo para el que fueron creadas. Se utiliza una gran cantidad de recursos para estas políticas que solo son “parches” y que no atacan problemas de fondo. Debemos exigir una mejor inversión de los recursos.
El tercer punto es que los mecanismos “rosa” han servido como un pretexto para dejar de impulsar cambios estructurales. Las políticas para las mujeres no deben crearse como si estuvieran aisladas de la crisis generalizada de inseguridad, impunidad, corrupción, pobreza y violaciones de derechos humanos que se vive en el país. Al diseñar políticas públicas debería tenerse en cuenta cómo las mujeres se ven afectadas de forma diferenciada por estos fenómenos con el fin de promover, proteger y garantizar sus derechos. La perspectiva de género no debe ser vista como una estrategia aparte o superficial, sino como un elemento que debe ser transversal de todas las acciones públicas y en todos los ámbitos de gobierno.
Es nodal contar con un diagnóstico claro de las necesidades de las mujeres y entender los problemas que enfrentan para así diseñar políticas públicas eficientes. Debemos exigir que se mida si estas políticas e instituciones funcionan. Y que las autoridades elaboren indicadores claros de monitoreo y evaluación para analizar cómo se implementan las acciones.
Por último, para poder contar con políticas públicas integrales, debemos exigir transparencia en las acciones del gobierno. Los diagnósticos, las políticas, los indicadores y los recursos invertidos deben estar al alcance del público. No hay que olvidar que una buena política pública debe poder ser evaluada por la ciudadanía, exigiendo así, la rendición de cuentas de las autoridades. Como sociedad no podemos seguir aceptando que las autoridades implementen únicamente políticas temporales para las mujeres, mientras que los problemas de fondo siguen sin ser abordados. Debemos exigir que se entiendan las necesidades de las diferentes mujeres, se diseñen políticas públicas integrales y transversales que sean evaluadas de manera adecuada y que la ciudadanía pueda acceder a esta información. Al entender que el género es un tema transversal, entendemos que, si no lo incorporamos, los problemas estructurales como pobreza, impunidad, corrupción y violaciones de derechos humanos seguirán sin resolverse.
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La autora es coordinadora del área de políticas públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres
