La Comisión Nacional del Deporte (CONADE)
encabezada por Alfredo Castillo ha tenido injerencia debida sobre las
federaciones y comités deportivos nacionales. Debido a que está práctica es
sancionada por el Comité Olímpico Internacional, de no poner fin a esta México
podría quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Lo anterior surge debido a una disputa
entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte sobre la injerencia de
la primera institución en las ratificaciones de las federaciones deportivas, ante lo que diez federaciones mexicanas enviaron una
carta al Comité Olímpico Internacional en la que denunciaban su inconformidad.
La respuesta del COI fue dada a conocer
este jueves y expresa que durante la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva ( a llevarse a
cabo del 8 al 10 de diciembre) se tratará el asunto. El COI manifestó su deseo de
que se pueda resolver el problema, de manera que no tenga que tomar ninguna
acción posterior “que esté contemplada en la Carta Olímpica en estas
circunstancias”.
Las declaraciones de la
CONADE
EL 18 de noviembre pasado Castillo emitió un comunicado en el cual
aseguraba que no permitiría que los recursos asignados por el Estado Mexicano
al deporte sean utilizados para el enriquecimiento de los federativos, ya que señala que se han “regalado” 36 mil millones de pesos.
Castillo declaró también que “no es una
guerra Conade-federaciones o Conade-COM, es un tema en donde el atleta no sea
rehén de una federación y que el Estado mexicano, en uso de sus facultades,
pueda fiscalizar en qué se está gastando el dinero”.
Ante esto los directores de las federaciones respondieron que estaban
abiertos al diálogo y a demostrar que su administración se lleva a cabo de
manera “limpia” y con transparencia.
El presidente de la asociación mexicana de atletismo, Antonio Lozano,
declaró que: “Que Alfredo Castillo le rinda cuenta a los michoacanos. No somos
delincuentes, somos simples colaboradores de la sociedad. El señor Castillo
tiene que entender que no debe involucrarse en nuestra autonomía porque así lo
marca la ley”.
Con información de Sin Embargo y El
Economista
