Más de 2 000 maestros disidentes de México protestaron este jueves en Oaxaca tras el arresto de cuatro de sus compañeros por su presunta participación en la toma de instalaciones de la petrolera Pemex y actos de vandalismo contra edificios militares, informaron autoridades.
Los detenidos forman parte de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una corriente radical del sindicato nacional a la que pertenecen maestros inconformes con una reforma educativa.
Los docentes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Altiplano, situada en el centro del país, informó una fuente de la PGR.
“Se les vincula con varios delitos federales” cometidos en Oaxaca durante las elecciones intermedias del 7 de junio, como “la toma violenta” de edificios electorales de la ciudad de Tehuantepec, otras instalaciones “estratégicas de Petróleos Mexicanos”, así como “actos de vandalismo” contra la Octava Región Militar en la capital de Oaxaca, apuntó la procuraduría en un comunicado.
También se les acusa, prosiguió el comunicado, del robo de 10 000 libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública, y las penas que podrían purgar van de tres a 40 años de prisión.
Los arrestos desataron en Oaxaca una ola de protestas de docentes en 20 localidades, con marchas y plantones frente a edificios públicos para exigir la libertad de sus compañeros.
“Esta agresión es una forma de criminalizar la protesta social del magisterio, por lo que llamaré a una huelga nacional”, dijo a la AFP Rubén Núñez, dirigente de la Sección 22, mientras en la capital estatal marchaban unos 2 000 maestros junto a encapuchados que realizaron pintadas y destruyeron los cristales de una patrulla de la Policía Federal.
Por su parte, Francisco Bravo, miembro de la Junta Política de la CNTE y exsecretario general de esa agrupación, consideró que las detenciones forman parte de la “campaña de miedo” que ha emprendido el gobierno contra los maestros que se oponen a las evaluaciones que impone la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y promulgada en 2013.
Los maestros disidentes, que se oponen a ser evaluados de forma estandarizada porque consideran que es una forma de revertir sus logros sindicales, han efectuado diversas manifestaciones, algunas violentas, y han encabezado la instalación de enormes campamentos.
En tanto, el gobierno argumenta que la reforma rompe con la regla no escrita del sistema educativo mexicano en la que las plazas de maestros son heredadas o vendidas al interior del sindicato.
