Entre armas, municiones, vehículos, inmuebles y explosivos, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 588 bienes propiedad de Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca, fallecido narcotraficante hidalguense que lideró al cártel de Los Zetas.
Del total de lo incautado, la PGR refiere que 42 propiedades fueron confiscadas en la entidad.
La Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de la PGR reveló a Criterio, en respuesta a una solicitud de información (folio 0001700171115), que en operativos tendientes a combatir el narcotráfico incautó diez vehículos (sin especificar tipo, modelo y marca) que pertenecían al exdesertor del Ejército –acaecido el 7 de octubre de 2012 tras un tiroteo con infantes de la Secretaría de Marina en Progreso, Coahuila– así como cuatro armas y 17 explosivos.
Según el oficio SJAI/DGAJ/07158/2015 entregado a Criterio por la fiscalía, los 588 aseguramientos de bienes del Z-3 –de los cuales, afirma, desconoce su valor monetario- se llevaron a cabo en 2008 y 2009. Entre las propiedades identificadas por la PGR también se encuentran 501 cartuchos o municiones, 28 accesorios, 27 objetos (sin especificar tipo) y un inmueble ubicado en Querétaro.
Aunque la PGR sólo menciona ese inmueble, en un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 4 de julio de 2012 para dar a conocer la captura de Emmanuel Pérez Reséndiz, presunto sicario de Los Zetas, en Monclova, Coahuila, también reveló que había asegurado escrituras de 28 inmuebles que pertenecían al Lazca, adquiridos con recursos de procedencia ilícita, por amenazas o extorsiones.
Entre éstos, resumió la dependencia, “se contaron ranchos, residencias, lotes y terrenos de considerable extensión, que en su totalidad suman aproximadamente 500 hectáreas, ubicados en diferentes entidades del país como Hidalgo (su estado natal), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas”.
De acuerdo con otra solicitud de información (folio 0681200056214), que respondió el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de 2008 a enero de 2015 este organismo descentralizado de la administración pública recibió de la PGR diez casas habitación, un local comercial, dos ranchos, cuatro terrenos con construcciones y 25 terrenos urbanos confiscado en Hidalgo a narcotraficantes y otros criminales que incurrieron en delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sólo una vivienda, en 2012, fue devuelta al no comprobar su pertenencia a sujetos involucrados con la delincuencia organizada.
Del total de esos 42 inmuebles dos fueron confiscados en Acaxochitlán, ocho en Pachuca, tres en Tula de Allende y uno, respectivamente, en Atotonilco de Tula, Cuautepec de Hinojosa, Epazoyucan e Ixmiquilpan. De los 25 restantes no especifica el lugar en el que fueron localizados.
Asimismo, la PGR entregó al SAE once vehículos que incautó y eran utilizados por el crimen organizado: nueve camionetas pick up, seis camionetas de pasajeros, dos tractocamiones, una motocicleta, un camión de carga de 3/2 toneladas, una camioneta de carga de 3/2 toneladas y un automóvil no apto para circular.
Aunque el SAE no precisa quiénes son los narcotraficantes a quienes pertenecían los bienes, la PGR dio a conocer a través del comunicado 882/08, con fecha de 30 de octubre de 2008, que los dos ranchos de Acaxochitlán se denominan Quinta la Paloma y Los Alpes y pertenecían a Jesús El Rey Zambada, uno de los cuatro jefes del Cártel del Pacífico, vinculado también con Joaquín El Chapo Guzmán. En cumplimiento a una orden de cateo, el Ejército ingresó a estos predios ubicados en la zona montañosa del Valle de Tulancingo, los cuales en conjunto suman una superficie de 60 hectáreas.
Entre otras bestias que se alojaban en el inmueble –que contaba con aditamentos, caballerizas, bodega, establos y una cuenca lechera–, hallaron 90 ejemplares de ganado vacuno, 40 venados, 500 puercos y dos cebras, esto de acuerdo con los reportes dados a conocer aquel año por la PGR.
Al dar a conocer aseguramientos de inmuebles del Rey Zambada, la fiscalía afirmó que dio golpes importantes a las estructuras financieras de grupos criminales; sin embargo, a siete años, el combate frontal contra el crimen organizado continúa.
