Puebla, Pue. El ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, consideró que las sanciones impuestas a la ex secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, deben ir más allá del ámbito administrativo y convertirse en penas judiciales, al advertir que el daño financiero causado por la inversión de 600 millones de pesos en el extinto Accendo Banco constituye un acto fraudulento que debe castigarse con prisión.
Romero Serrano afirmó que la responsabilidad de este quebranto no recae únicamente en Castro Corro, sino también en la ex secretaria de la Función Pública y ex titular de la ASE, Amanda Gómez Nava, quien —dijo— fue “complaciente” con las irregularidades cometidas durante la administración del fallecido exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
“Si ya se había decretado que existía una quiebra por parte de Accendo, la inversión de antemano resulta fraudulenta. Lo que me extraña es la complacencia de Amanda Gómez Nava, quien fungió como secretaria de la Función Pública y después como auditora superior del Estado; esa complacencia la hace responsable también”, expresó el ex auditor.
El ex funcionario señaló que las sanciones impuestas hasta el momento —una inhabilitación por 20 años y una multa de 362 millones de pesos— son únicamente de carácter administrativo, por lo que urgió a las autoridades judiciales a proceder penalmente contra los responsables del desfalco.
Romero Serrano recordó que, en su caso, fue encarcelado por acusaciones “insignificantes y basadas en presunciones”, por lo que consideró que, ante la magnitud del daño al erario público, Teresa Castro Corro y Amanda Gómez Nava deben enfrentar la cárcel si se confirma su responsabilidad penal.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla confirmó la culpabilidad de Teresa Castro Corro en la inversión irregular, al determinar que la operación se realizó pese a que ya existía una declaratoria de insolvencia del banco Accendo.
El fallo fue considerado como un primer paso para fincar responsabilidades, aunque, de acuerdo con Romero Serrano, la justicia aún debe alcanzar el ámbito penal.
Con este pronunciamiento, el ex auditor se suma a las voces que demandan castigo ejemplar por el daño patrimonial causado al estado de Puebla durante la pasada administración, señalando que “no puede haber impunidad cuando hay pruebas claras de un fraude financiero cometido con dinero público”.
