Puebla, Pue. El preso político de la administración barbosista, Francisco Romero Serrano, se registró en el Congreso local en busca de repetir como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por un periodo de siete años a partir del 1 de enero de 2026.
Romero Serrano fue encarcelado en febrero de 2022 durante la administración del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta; estuvo acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia familiar.
Aun cuando se tiene la presencia del diputado local Julio Huerta Gómez, fiel primo de Barbosa Huerta, Romero Serrano confía en que no intervenga para frenar su postulación.
Del resto de los operadores del barbosismo, el exauditor dijo que “ya no ve a ninguno cerca del Congreso”, incluso sostuvo:
“Yo veo que ya no está Don Miguel y eso es absolutamente suficiente para sentirme bien, que no van a meter las manos para entorpecer mi participación”.
“Para mí, el estar aquí representa más que una revancha política, una revancha personal. Todas las decisiones que en un momento dado tomó el Congreso del Estado son soberanas. No creo que exista una desventaja”. —Al ser cuestionado si se considera un preso político de Luis Miguel Barbosa, respondió— “Bueno, los resultados lo dicen”, señaló.
Sobre el proceso jurídico que enfrentó, reiteró que salió absuelto de todos los señalamientos; nunca llegó a juicio. Aun cuando fue detenido, el proceso se resolvió por la vía del sobreseimiento, “estoy en libertad con mis derechos políticos intactos”.
La vía de sobreseimiento es la resolución judicial que pone fin a un procedimiento sin emitir un fallo sobre el fondo del asunto, debido a causas legales que impiden su continuación.
De llegar a ocupar nuevamente la titularidad de la ASE, Francisco Romero Serrano confirmó que, si fuera necesario, iniciaría una revisión a las cuentas públicas de la administración del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Pero aclaró que, así como abriría esa investigación, también lo haría hacia otras administraciones estatales, incluyendo la del sucesor Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
El ex titular de la ASE, Francisco Romero, abordó el tema del hueco financiero de más de 600 millones de pesos a través del extinto Accendo Banco: “Los focos rojos prendieron y apagaron con anticipación”.
La administración de Barbosa Huerta —donde se señala a María Teresa Castro, José Enrique Girón Zenil y Amanda Gómez Nava— conocía las alertas sobre los indicadores del banco, lo que implica posibles responsabilidades.
“Si en algún momento dado hay alguna responsabilidad sobre ella —Amanda Gómez Nava— que se aplique”.
La inhabilitación de María Teresa Castro Corro fue dictada por 20 años y una multa de 362 millones de pesos, mientras que la inhabilitación del subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, fue de 15 años y una multa de 241 millones 988 mil 452 pesos.
La investigación por el caso Accendo Banco continúa por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP).
