El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que hasta el momento el estado no ha recibido ninguna notificación respecto a los más de cinco mil amparos promovidos por ciudadanos de Jalisco para frenar el proyecto de abastecimiento de agua.
Explicó que, debido a una modificación federal, en los proyectos considerados estratégicos ya no aplica la suspensión provisional, por lo que el avance de la obra no se ha detenido.
Jiménez Lona destacó que tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, mantienen una postura de diálogo sobre el tema.
Sobre las recientes declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respecto a un acercamiento con Muñoz Ledo, señaló que ambos coincidieron en Ciudad de México, aunque no abordaron el asunto del agua.
Además, informó que el gobierno federal ha destinado 15 mil millones de pesos para la construcción del Acueducto Solís-León y 10 mil millones de pesos para el Tren Interurbano, únicamente en concepto de derecho de vía.
A nivel nacional, México enfrenta una crisis hídrica que afecta a más de 27 millones de personas, según datos de la Conagua. En 2024, el país registró un déficit promedio de 25% en los niveles de las presas y, en al menos 18 estados, se implementaron medidas de emergencia para garantizar el abasto de agua potable.
Además, los conflictos legales por proyectos de infraestructura hídrica han aumentado: en la última década se interpusieron más de 8 mil amparos en diferentes entidades, principalmente en zonas donde las obras impactan cuencas interconectadas entre varios estados.
En Guanajuato, la presión sobre el recurso es particularmente alta. El estado obtiene 70% de su agua de acuíferos sobreexplotados, y la demanda anual crece en promedio 3.5%, impulsada por la industria y el crecimiento urbano, según el Instituto Estatal de Ecología.
El proyecto Acueducto Solís-León, que busca abastecer a municipios como León, Celaya, Salamanca, Silao e Irapuato, es considerado estratégico porque pretende garantizar el suministro a 1.8 millones de habitantes. Sin embargo, su ejecución ha enfrentado oposición de comunidades y autoridades de Jalisco, lo que mantiene la disputa legal y política sobre el uso del agua de la cuenca compartida.
