La organización Las Libres exigió a la Universidad La Salle Bajío garantizar la seguridad, justicia y atención integral para las mujeres dentro de su comunidad, tras el caso de violencia de género y revictimización institucional cometido contra Isabella, exalumna que, señala el colectivo, fue agredida por un excompañero y posteriormente desprotegida por las autoridades universitarias.
En conferencia de prensa, Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, acompañada de Paola Fernández, coordinadora jurídica, señaló que el caso expone una falla grave en los protocolos de atención y una omisión sistemática por parte de la institución educativa.
La agresión ocurrió en mayo de 2024, durante una pre-fiesta de graduación, cuando el agresor intentó ahorcar a la víctima. Aunque la joven presentó denuncia y obtuvo medidas de protección, la universidad permitió que el agresor continuara asistiendo a clases, argumentando que el ataque había ocurrido fuera del campus.
“La universidad sabía que yo estaba en riesgo, que él me había agredido, y aun así no hizo nada. Sentí que me dejaban sola, que proteger al agresor era más importante que protegerme a mí”, relató Isabella.
Tras más de un año de proceso legal, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito resolvió el amparo en revisión 114/2025, concluyendo que la Universidad La Salle Bajío incurrió en violencia de género al no garantizar la seguridad física ni psicológica de la víctima.
El fallo, emitido el 24 de julio de 2025, ordena a la institución replantear su protocolo de atención contra la violencia de género en un plazo máximo de seis meses, marcando un precedente judicial en Guanajuato.
Durante el juicio, la universidad sostuvo que Isabella “había propiciado la situación” por asistir al evento y mantener una relación con su agresor, lo que Las Libres calificó como un acto de revictimización institucional.
“La universidad tuvo señales o se le advirtió, y no sólo hizo caso omiso, sino que después de la agresión decidió proteger al agresor”, afirmó Verónica Cruz Sánchez, quien además subrayó que el caso no es aislado.
“Esta sentencia es un paso hacia la justicia, pero no debe ser la excepción. La Salle tiene la obligación de replantear su política de atención y asegurar que ninguna otra mujer viva lo que vivió Isabella”, enfatizó.
Finalmente, Verónica Cruz recordó que han documentado otros casos de violencia de género en instituciones públicas y privadas del estado de Guanajuato sin que existan sanciones efectivas, y reiteraron su exigencia para que las universidades implementen mecanismos reales de prevención, atención y reparación del daño a las víctimas.
