Cada jueves, con paso firme y pañuelo blanco en la cabeza, las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina volvían a la plaza. Rodeaban la Pirámide como quien recorre una herida abierta, esperando que esa vez hubiera respuesta. Cada vuelta era un grito: sus hijas e hijos, nietos y nietas, no desaparecerían en el olvido.
En México, durante la llamada “guerra sucia”, más de cien mujeres -madres, hermanas, esposas- se declararon en huelga de hambre. Con el estómago vacío, pero el corazón lleno de preguntas, se plantaron frente al poder, ocuparon plazas públicas y convirtieron su hambre en una exigencia colectiva: la presentación con vida de sus seres queridos desaparecidos.
En Chile, durante el régimen de Pinochet fueron también las mujeres quienes bordaron la memoria. Con hilos de colores y retazos de vida, las arpilleras contaron lo que estaba prohibido decir. Cada puntada fue un testimonio, cada figura un reclamo. Así, transformaron el dolor en arte, y el arte en resistencia.
Rodeadas de peligro y represión, enfrentaron al Estado. No solo exigieron justicia; abrieron un camino de dignidad y valentía para miles de mujeres buscadoras en todo el continente.
Décadas después, llegamos a este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con la exigencia de mirar de frente una de las heridas más profundas y persistentes de las Américas. La desaparición forzada no es un tema del pasado ni un asunto cerrado. Es una tragedia viva que lacera hoy a cientos de miles de familias.
Las cifras son estremecedoras: en México, la cifra oficial supera las 130.000 personas. En Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición documentó más de 121.000 víctimas de desaparición forzada relacionada con el conflicto armado entre 1985 y 2016 y estimó que, a causa del sub-registro, podrían superar las 210.000. Aún hoy, cada 36 horas alguien desaparece en ese país en un contexto de conflicto armado y violencia. Es una realidad tan devastadora que cuesta dimensionarla, porque detrás de cada persona desaparecida hay familias condenadas a la incertidumbre.
Lo que sucede en nuestra región no es un fenómeno aislado ni accidental; responde a políticas estatales que lo permiten y perpetúan. La militarización de la seguridad pública es un ejemplo claro. En México, tras la llamada “guerra contra las drogas” en 2006, la crisis de desapariciones se incrementó exponencialmente, dejando una estela de violencia y ausencia que persiste hasta hoy.
Un patrón similar comienza a repetirse en Ecuador. Desde 2024, con el despliegue de las fuerzas armadas en el marco del llamado “Plan Fénix”, las denuncias de desapariciones se han multiplicado. Lejos de ofrecer seguridad, la militarización ha abierto la puerta a graves violaciones de derechos humanos. La falta de políticas y protocolos claros para la búsqueda e investigación solo profundiza la impunidad y retrasa la justicia.
En Venezuela, las desapariciones forzadas forman parte de un patrón sistemático de represión de la disidencia -sea real o percibida como tal- con características de crímenes de lesa humanidad. Nuestro informe “Detenciones sin Rastro” revela cómo las autoridades cometen este crimen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, siendo un instrumento de castigo y terror para profundizar el miedo.
Frente a esta realidad los Estados han fallado; y son las familias, principalmente las mujeres, quienes cargan con la búsqueda. Madres, hijas, hermanas y esposas recorren morgues y fosas clandestinas, interpelan a instituciones indiferentes y arriesgan sus vidas en contextos de amenazas, estigmatización y violencia. Nuestro informe “Desaparecer otra vez” recopila el testimonio de 600 mujeres buscadoras de personas desaparecidas en México.
El 97% de ellas reportó haber sufrido algún tipo de violencia; una de cada dos ha sido discriminada por su género, situación económica, identidad étnico-racial o condición migratoria. Entre 2011 y 2025, al menos 31 personas buscadoras han sido asesinadas en México; 16 eran mujeres.
Los Estados en la región no pueden seguir postergando el reconocimiento del derecho a buscar, ni ignorar que las mujeres buscadoras son defensoras de derechos humanos protegiendo su seguridad y dignidad. Nuestro informe “Transformar los dolores en derechos” muestra cómo las mujeres buscadoras de Colombia impulsaron la aprobación de la Ley 2364 de 2024, que las reconoce y protege. Un avance histórico que, de implementarse con seriedad, podría comenzar a saldar la deuda del Estado con quienes han sostenido la búsqueda durante décadas.
En Venezuela la investigación abierta por la Corte Penal Internacional, la primera sobre un país en las Américas, abre la puerta a que la desaparición forzada sea juzgada como crimen de lesa humanidad y a que sus responsables enfrenten a la justicia.
Frente a este drama regional, el silencio no es opción. La desaparición forzada busca borrar personas, pero también pretende desaparecer la memoria, la lucha y la verdad. Y, sin embargo, hay algo que nunca logra desaparecer: el amor.
El amor que cava en la tierra con las manos.
El amor que borda pañuelos con nombres.
El amor que exige respuestas, aunque el Estado calle.
Ese amor, más fuerte que el miedo, mantiene viva la exigencia de justicia. Desde Amnistía Internacional exigimos a los Estados que protejan a quienes buscan, investiguen cada denuncia y encuentren a todas las personas desaparecidas. Y a la comunidad internacional, que no tolere la impunidad y use todos los mecanismos de la justicia para que no haya impunidad para los responsables.
La verdad no desaparece. Y mientras haya una sola persona que pregunte “¿Dónde están?”, la lucha por encontrarles no parará.
