El Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes (OVSGA) informó que actualmente acompaña 46 procesos relacionados con personas desaparecidas en el estado, de los cuales al menos el 80% presentan patrones de desaparición forzada, señaló Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio.
Tras la localización de un campamento criminal en Rincón de Romos el pasado 26 de julio, donde fueron detenidas 18 personas, varias con reporte de desaparición, el OVSGA afirma que el reclutamiento no ocurre únicamente por redes sociales, sino dentro de comunidades, con falsas ofertas de empleo.s
“Se trata de personas que acudieron a buscar un empleo o a una cita, muchas con algún oficio, y que posteriormente fueron localizadas y tratadas como delincuentes, a pesar de no haber tenido antecedentes”, explicó.
Además, entre los nuevos hallazgos del colectivo, identificaron personas con diagnósticos de neurodivergencia y con escolaridad incompleta.
“También debo decir que dentro de este grupo encontramos personas que no sabían leer y escribir y que tienen diagnóstico con neurodivergencia que les impedía incluso tomar algunas decisiones y que no ha sido esto tomado en cuenta por las autoridades”, indicó.
Mariana destacó la necesidad de un análisis más profundo de contexto, pues señala que muchos de los procesos no se están gestionando dentro de la fiscalía especializada en desaparición, sino por casos de secuestro.
“No todas las carpetas que nosotras tenemos se están llevando o se estaban llevando en el área de desaparición, en la fiscalía especializada. Están por secuestro. Eso cambia totalmente el protocolo y eso debilita el análisis de contexto”, añadió.
Por último, el OVSGA subrayó la importancia de que las autoridades municipales, estatales y federales reconozcan la problemática y se involucren activamente en su prevención, interviniendo en comunidades y fortaleciendo protocolos de búsqueda.
“La gobernadora tiene que reconocer la existencia de de esta problemática y llamar a todo su su gabinete para saber cómo va a intervenir. El fiscal, por supuesto, también lo tiene que nombrar y a nivel federal tiene que haber una participación porque al día de hoy ha sido muy hostil con las familias de los 16 jóvenes que están siendo o más bien que fueron trasladados a otros estados de la República”, concluyó.
