Discapacidad en papel: el festín de la sobre-legislación

En México tenemos una extraña fascinación por la sobre-legislación. Cada cierto tiempo, los congresos locales y el federal anuncian con entusiasmo la creación de nuevas leyes, reformas y decretos sobre discapacidad. El problema no es que se legisle, sino cómo y desde dónde se legisla. Muchas de estas propuestas nacen de un profundo desconocimiento del tema, de la confusión entre lo que significa discapacidad y lo que implica garantizar derechos humanos, o bien, de la costumbre de escuchar a voces que, aunque válidas en su experiencia personal, no necesariamente representan un activismo informado ni un enfoque de derechos.

En pocas palabras, se confunde el magnesio con la magnesia. Y así, las leyes terminan siendo ocurrencias legislativas que en la práctica se convierten en un festín burocrático: letra muerta, buenas intenciones en papel y cero impacto en la vida de quienes vivimos con discapacidad.

Un caso reciente en Aguascalientes lo ejemplifica con claridad. “Con bombo y platillo” se anunció una propuesta legislativa sobre salud visual, presentada como un esfuerzo de inclusión hacia las personas con discapacidad. Nada más alejado de la realidad. La iniciativa, en esencia, atiende un tema de salud pública, no de discapacidad ni de inclusión. Y conviene subrayarlo: señalarlo no implica descalificar la propuesta, que puede ser positiva para la salud de la población. El punto es otro: la confusión constante que existe entre discapacidad y enfermedad, entre derechos y rehabilitación, entre inclusión y asistencialismo.

Según datos del INEGI (2020), en México existen más de 20 millones de personas con algún tipo de discapacidad o limitación para realizar actividades cotidianas. Esto significa alrededor del 16% de la población. Sin embargo, pese a esa cifra contundente, las leyes que se promulgan rara vez impactan de manera estructural en este sector. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) señala que seis de cada diez personas con discapacidad consideran que sus derechos no se respetan. No lo dicen por falta de lentes, bastones o medicamentos, sino por barreras sociales, urbanísticas, laborales y culturales que ninguna ley improvisada atiende.

Aquí es donde radica el problema central: se legisla desde el paradigma médico-rehabilitador. Se piensa la discapacidad como una limitación individual que debe ser corregida o mitigada, en lugar de entenderla desde el modelo social y de derechos humanos, que enfatiza la eliminación de barreras y la creación de condiciones de igualdad. Así, en lugar de promover reformas que garanticen la accesibilidad universal, la educación inclusiva, la igualdad de oportunidades laborales o la protección jurídica contra la discriminación, terminamos celebrando leyes que poco tienen que ver con la realidad de nuestro día a día.

Lo más preocupante es que estas iniciativas muchas veces son presentadas como resultado de parlamentos abiertos o consultas ciudadanas. En teoría, un parlamento abierto debería recoger la voz plural y diversa de la sociedad civil organizada y de las personas directamente involucradas. En la práctica, sin embargo, se vuelve un trámite protocolario donde se escuchan a quienes confunden la experiencia personal con una representación colectiva. No es lo mismo vivir una discapacidad que comprender las dimensiones legales, sociales y estructurales que implica legislar sobre ella.

Cuando desde el poder legislativo se valida esta confusión, lo que se consigue es reforzar los lugares comunes: que la discapacidad es sinónimo de enfermedad, que basta con repartir sillas de ruedas o lentes para hablar de inclusión, que un curso de sensibilización equivale a derribar barreras estructurales. Esta narrativa no solo es limitada, también es peligrosa, porque perpetúa un modelo asistencialista que ya deberíamos haber superado hace décadas.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha señalado de manera reiterada que México padece un rezago en la implementación real de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), pese a que nuestro país fue uno de los primeros en ratificarla. La paradoja es evidente: tenemos una de las constituciones y marcos jurídicos más robustos en papel, pero en la vida cotidiana, las personas con discapacidad seguimos enfrentando desempleo, inaccesibilidad, discriminación y falta de representación efectiva.

Lo que necesitamos no es más legislación hueca, sino legislación útil, con dientes, con presupuesto y con mecanismos de evaluación. Necesitamos leyes que realmente cambien entornos, que obliguen a gobiernos y empresas a garantizar accesibilidad, que sancionen la discriminación y que promuevan la autonomía de las personas con discapacidad. Y sobre todo, necesitamos que esas leyes sean producto de un diálogo informado entre legisladores, sociedad civil organizada y especialistas en derechos humanos, no de ocurrencias ni de aplausos fáciles en los medios.

Aguascalientes, como muchos otros estados, tiene la oportunidad de dar un paso al frente y convertirse en referente nacional en materia de derechos humanos para personas con discapacidad. Pero para lograrlo se requiere dejar atrás los lugares comunes y los discursos vacíos, y asumir con seriedad que legislar sobre discapacidad no es un gesto de caridad, sino una obligación del Estado.

En resumen: legislar más no es legislar mejor. Si seguimos confundiendo salud con discapacidad, asistencia con derechos, y experiencia personal con representación colectiva, seguiremos acumulando leyes que lucen bien en los boletines de prensa, pero que dejan intactas las barreras reales que enfrentamos día tras día. Y ese, lamentablemente, es el verdadero festín en el que se convierte la sobre-legislación en México.