Estados Unidos ya raciona indirectamente la atención médica mediante la capacidad para pagar. No podemos permitir que eso suceda cuando combatimos el COVID-19.
En las áreas del país más afectadas por el COVID-19 los médicos clínicos ya son obligados a tomar decisiones trágicas de racionamiento: sobre a quién admitir en el hospital, a quién transferir a la unidad de cuidados intensivos y a quién poner en los escasos ventiladores. Estas decisiones se sienten impropias con nuestra identidad nacional. Normalmente nos pensamos como demasiado adinerados, demasiado comprometidos con preservar las vidas estadounidenses, como para racionar la atención médica.
Sin embargo, el racionamiento de la atención médica estadounidense también sucede todos los días de maneras más sutiles. Lo vemos cuando un tenista de fin de semana con dolor de hombro decide abstenerse de pasar por una resonancia magnética, o cuando un fumador con un poco de ardor de estómago se toma unas cuantas tabletas de antiácidos en vez de programar una cita con su médico de atención primaria. Retrasan la atención porque sus aseguradoras les exigen soltar copagos y deducibles para cubrir el costo de estos servicios, y ellos han decidido que es mejor gastar su dinero de otra manera.
Esto tal vez no suene como racionamiento en sí. Pero tenme paciencia. Porque cuando ese “ardor de estómago” resulta ser un paro cardiaco, cuando esa tos se convierte en una infección del COVID-19, retrasar la atención para evitar gastos extra puede ser fatal.
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Por ello, necesitamos una legislación que obligue a las aseguradoras de atención médica privadas y gubernamentales a retirar todos los copagos y deducibles por lo menos los próximos tres meses, para que ningún estadounidense retrase su atención médica necesaria por miedo a la ruina financiera.
En tiempos normales, tiene sentido pedirle a la gente que pague una porción de su atención médica. Un copago de 250 dólares incentiva al tenista de fin de semana a decidir si en verdad necesita esa resonancia magnética. Pero la gente no siempre sabe si necesita atención médica. Veintenas de estudios han mostrado que cuando la gente enfrenta altos costos extra no solo busca una atención médica menos derrochadora, sino que también retrasa la factura de la atención necesaria. Después de todo, la mayoría de las personas no son médicos, y no se puede esperar que sepan cuando están mareados por un resfriado menor o por una apoplejía en desarrollo.
Reconociendo los problemas provocados por tales retrasos en la atención, la recién aprobada Ley CARES estipula que los pacientes no enfrentarán cargos extra por pruebas y tratamiento relacionado con el COVID, o por vacunas contra el COVID cuando una esté disponible. Ese es un gran comienzo. Pero no es suficiente.
Supongamos que tu vecino Sam tiene fiebre y su respiración se siente dificultosa. Llama a su médico y le dicen que vaya a la sala de emergencias, donde es admitido en el hospital. El hospital le practica una prueba gratuita de COVID, y es negativa. Buena noticia, excepto que Sam sigue teniendo neumonía por una infección diferente, y a causa de los detalles en la cobertura de su seguro le ensartarán 10 por ciento del costo de su estancia hospitalaria.
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Es una locura cobrarle a alguien miles de dólares simplemente porque tuve la enfermedad “errónea”. Es una locura aun mayor darle a la gente un incentivo —“¿Oíste cuánto tuvo que pagar Sam cuando fue al hospital?”— para retrasar o evitar la atención médica necesaria en medio de una pandemia contagiosa.
Normalmente, no me agrada la atención médica totalmente gratuita. Cuando la atención es gratuita, la gente exige intervenciones que no necesitan obligatoriamente a un precio que la sociedad no puede costear. Pero estos no son tiempos normales. Hasta que tengamos esta pandemia bajo control, el Congreso necesita exigirles a las aseguradoras que dispensen los copagos y deducibles de cualesquiera servicios de atención médica.
No te preocupes de que dispensar los copagos dispare la demanda de atención innecesaria. Para conservar los recursos para los pacientes con el COVID, el sistema de salud de Estados Unidos ya ha dejado de llevar a cabo pruebas y procedimientos optativos. Ofrecer atención gratuita ahora no hará que la gente busque intervenciones triviales; más bien, evitará que retrasen la atención que les salvaría la vida. Dispensar los copagos también frenará la propagación del virus, porque retrasar la atención a menudo significa retrasar el autoconfinamiento.
No te preocupes de que las aseguradoras caigan en bancarrota por renunciar a los copagos y deducibles unos cuantos meses. El Congreso sostendrá a la industria. Pero el Congreso no puede hacer algo para deshacer el daño provocado si la gente evita recibir intervenciones necesarias.
Cobrarle a la gente la atención médica durante una pandemia tal vez ahorre algunos centavos, pero es horriblemente tonto.
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Peter Ubel, doctor en medicina, es profesor universitario Madge y Dennis T. McLawhorn de comercio, política pública y medicina en la Universidad Duke. Médico y científico conductual, Ubel también es el autor de Sick to Debt: How Smarter Markets Lead to Better Care. Las opiniones expresadas en este articulo son propiedad de su autor.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
