La justicia británica asestó este martes un golpe implacable al primer ministro Boris Johnson al considerar “ilegal y sin efecto” su decisión de suspender el parlamento hasta los días previos al Brexit.

Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, afirmó estar “profundamente en desacuerdo con lo que los jueces dictaron”.

“No cabe duda de que hay mucha gente que quiere frustrar el Brexit”, denunció. Sin embargo, “éste es obviamente un veredicto que respetaremos”, aseguró.

Decisión de la Corte

Tras tres días de vistas y cuatro de deliberación, once jueces de la Corte Suprema de Londres dictaminaron unánimemente la suspensión parlamentaria como “nula y sin efecto”.

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La decisión de “suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, afirmó la presidenta de la Corte, Brenda Hale.

En consecuencia los diputados volverán al trabajo el miércoles por la mañana, anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un “ultraje constitucional”.

“Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir”, afirmó el diputado nacionalista escocés Ian Blackford.

Afuera, a las puertas de la Corte Suprema un grupo de manifestantes coreaba “¡Johnson fuera, Johnson fuera!” y un hombre caracterizado como el primer ministro y vestido de preso agitaba una pancarta que decía “¡Culpable!”.

También desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton, el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar.

“Corbyn está diciendo cosas ilógicas”, declaró Johnson desde Nueva York, considerando que “lo obvio ahora es organizar elecciones”.

El primer ministro ya había intentado convocar legislativas anticipadas a mediados de octubre, pero para adelantar los comicios necesita el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, y los laboristas rehúsan dárselo hasta descartar totalmente el riesgo de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre.

Precedente judicial

Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas, por un periodo que duraría cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, o sea, dos semanas antes del Brexit.

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Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno pero que suele prolongarse solo unos diez días.

Pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea.

La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictasen sentencias contradictorias.

Según Tony Travers, politólogo de la London School of Economics (LSE), el hecho de que la Corte Suprema haya considerado que el debate no pertenece únicamente a la esfera política crea un importante precedente convirtiéndola en “una especie de Tribunal Constitucional en un país sin constitución escrita”.