Autoridades de Estados Unidos y México revisarán este martes en Washington el acuerdo convenido hace tres meses para frenar el flujo de personas migrantes sin documentos al norte, que disipó la amenaza arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.
El vicepresidente Mike Pence recibirá en la Casa Blanca a una comitiva encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en una reunión en la que también participará el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, según fuentes de ambos gobiernos.
Ebrard llega con cifras que demuestran que “la estrategia mexicana está funcionando”, según dijo la semana pasada, sin embargo las sorpresas no pueden descartarse, pues nada garantiza que un impredecible Donald Trump no ejerza nuevas presiones para reducir más el desesperado éxodo de migrantes, mayoritariamente centroamericanos.
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“El gobierno mexicano está preparado, (…) los funcionarios tienen muy claro que con Donald Trump todo puede ocurrir”, dice Leticia Calderón, investigadora del gubernamental Instituto Mora.
Marcelo Ebrard presumirá en la Casa Blanca una caída de 56% en la migración ilegal que ha logrado el gobierno mexicano desde que asumieron tal compromiso el 7 de junio pasado.
“Hay aún más trabajo que hacer”, escribió Pence en Twitter el lunes al anunciar su encuentro con Ebrard.
La migración irregular desde Centroamérica no es nueva pero se disparó desde octubre, acicateada por la organización de multitudinarias caravanas y la política migratoria más flexible que planteó López Obrador al empezar su mandato.
La reducción de migrantes
El acuerdo de junio fue el salvavidas del que México se aferró cuando Trump amenazó con imponer aranceles sucesivos a sus exportaciones -80% de las cuales van a Estados Unidos-, si no frenaba a los miles de migrantes que cruzan por su territorio.
Autoridades estadounidenses reportaron un récord de 144,255 personas detenidas en su frontera sur en mayo -casi 150% más que en enero- a lo que México respondió con una poderosa estrategia militar: 25,451 soldados desplegados en los confines norte y sur de su territorio.
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Según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, el número disminuyó a 104,362 en junio, a 82,055 en julio y a 64,006 en agosto.
La estrategia incluye también la persecución de traficantes de personas, con 778 investigaciones y 1,099 sospechosos acusados, según el gobierno mexicano.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó el lunes su preocupación por las políticas de México y Estados Unidos pues, dijo, exponen a los migrantes a más riesgos de violaciones y abusos.
“Estoy especialmente alarmada por los niños migrantes que continúan siendo detenidos (…) tanto en Estados Unidos como en México”, dijo en Ginebra.
Para el defensor de migrantes Luis Villagrán el acuerdo “puso en juego la vida de seres humanos” que huyen de la pobreza y la violencia que los acechan en Centroamérica, África y otros rincones del mundo.
Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana en la sureña Tapachula, cerca de Guatemala, estima que allí hay unos 50,000 migrantes varados, temerosos de seguir con rumbo norte y padeciendo para subsistir.
Militares y agentes migratorios están desplegados en numerosos retenes en dicha región -el principal acceso de indocumentados-, y realizan operativos constantes en varios estados del país para detener a quienes cruzan en autobuses, camiones de carga o trenes, la mayoría de ellos en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Las peticiones de México
Ebrard no solo llega a la Casa Blanca para presumir sus números, también llega con dos peticiones: que Estados Unidos cumpla con la ayuda económica que prometió para echar a andar programas sociales en Centroamérica y así impulsar el empleo, y que el gobierno del norte se comprometa a detener el tráfico de armas hacia México.
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Estados Unidos prometió apoyar financieramente el llamado Plan de Desarrollo Integral, en el que hasta el momento el gobierno mexicano ya ha invertido 60 millones de dólares para programas de empleo en El Salvador y Honduras.
Para Villagrán, esta estrategia -la gran apuesta de López Obrador- es insuficiente y mal enfocada, pues atiende a un porcentaje muy bajo de migrantes y busca retenerlos en el sur de México, históricamente empobrecido y con alto desempleo.
El canciller dijo que México insistirá en su enfoque de combatir la migración irregular con el fomento del desarrollo económico de Centroamérica. “Urgimos al gobierno de Estados Unidos a respaldar la estrategia de México”, declaró la semana pasada.
Ebrard también planteará que el Senado de EU ratifique la Convención Interamericana sobre el Tráfico Ilegal de Armas y Explosivos, que ya fue firmada por Trump.
¿Acuerdo de tercer país seguro?
En lo que México no cederá es en convertirse en un tercer país seguro, pues con un pacto así Estados Unidos podría devolver a México a los solicitantes de asilo que no hubieran pedido refugio antes en territorio mexicano.
“No lo aceptaremos”, tuiteó Ebrard.
“Reitero frente a las presiones: México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas”, añadió.
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