Migrantes hondureños aseguran que no se arriesgarán de nuevo


Migrantes hondureños aseguran que nunca se arriesgarán de nuevo a hacer la travesía a EU



Al haber crecido en Rivera Hernández, uno de los barrios más tristemente célebres de San Pedro Sula por la violencia de pandillas y el crimen, Carmen Martínez, de 28 años y madre de dos hijos, conoce las reglas para sobrevivir.

Si ella quiere invitar a su casa a una amiga o incluso a un familiar de fuera del barrio, primero tiene que obtener el permiso del líder de una pandilla; si quiere abrir un negocio, también necesita su bendición y espera tener que pagar altas cuotas de extorsión en cuanto empiece a ganar dinero; si le dicen que se vaya de la ciudad, tiene 24 horas antes de que su vida esté en riesgo.

Como la mayoría de los vecindarios en San Pedro Sula, Rivera Hernández es “dirigido por las pandillas”, y el distrito está dividido entre por lo menos siete grupos rivales, incluidos “Mara Salvatrucha” (MS-13), “Barrio 18”, conocida en Estados unidos como la pandilla 18th Street, y “Batos Locos”, quienes se esfuerzan por hacerle honor a su nombre.

“Si no sigues sus reglas, entonces tal vez recibas algunas advertencias de un miembro de una pandilla”, dice a Newsweek Martínez, cuyo nombre real se ha omitido para proteger su identidad. Si sigues sin obedecer las reglas, entonces ese miembro de la pandilla te dará a elegir, dice ella: “Lárgate o te mataremos”.

“He visto gente que no ha pagado la renta o no ha pagado sus cuotas de extorsión, y reciben una advertencia anónima diciéndoles que dejen su casa en un plazo de 24 horas”, comenta ella.

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“He aprendido a sobrevivir en estas condiciones”

La madre de 28 años, quien ha pasado la mayor parte de su vida en el vecindario viviendo con su pareja y sus dos hijos, una niña de 6 años y un niño de 1 año, sabe cuán real puede ser la amenaza de un miembro de una pandilla.

“A mi hermano lo reclutaron a la fuerza… Lo hicieron unírseles, lo tatuaron”, dice ella. “Luego, lo mataron. Tenía 26 años”. Después de haber tenido un hijo propio años después de la muerte de su hermano, Martínez temió que su niño pudiera enfrentar un destino similar si crecía en el vecindario.

“El reclutamiento en las pandillas, la extorsión… incluso si tratas lo mejor posible o te aseguras de que estas cosas no pasen, aun así son difíciles de prevenir”, expresa ella.

El barrio Rivera Hernández en San Pedro Sula, Honduras, es conocido como una de las áreas más peligrosas de la ciudad, a pesar de una disminución en los homicidios en años recientes.

Por ello es que, en abril, Martínez y su familia decidieron que ella debía aventurarse en la travesía ardua hasta Estados Unidos con su hijo, con la esperanza de que allí pudieran ser capaces de construirse un futuro mejor.

Sin embargo, cuatro meses después, sentada y conmocionada en la oficina del centro de recepción de niños deportados a Honduras en San Pedro Sula, Martínez dice que nunca intentará de nuevo lo que empezó como una búsqueda del “sueño americano” que se convirtió rápidamente en una “pesadilla”.

En vez de hallar un lugar seguro para su pequeño, “mi hijo casi murió”, comenta Martínez.

“Quiero una vida mejor, pero no lo intentaré de nuevo”

La madre y el niño casi habían llegado a Estados Unidos, abriéndose paso hasta Reynosa, México, la cual tiene frontera con Texas, cuando fueron aprehendidos por las autoridades mexicanas de inmigración.

“Estábamos subiendo a un camión en Reynosa, cuando los oficiales de inmigración nos pidieron que presentáramos nuestros papeles. No teníamos ninguno, así que nos llevaron a una perrera”, dice ella, refiriéndose a la celda donde estuvieron en custodia ella y su hijo. Luego, dice Martínez, su hijo se enfermó de gravedad, desarrollando una tos severa y síntomas de gripe. “Sus ojos estaban hinchados, tenía tos y gripe. No comía y no bebía”.

Tampoco ayudó que en las dos semanas que Martínez y su hijo estuvieron detenidos, fueron obligados a dormir en el suelo frío y duro “hasta que le rogué a alguien de inmigración que me diera un pequeño colchón, y lo hicieron”.

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Al rememorar la experiencia, Martínez explica: “Es una pesadilla. Quiero una vida mejor, pero no lo intentaré de nuevo”.

“Todos los que se marchan quieren llegar a Estados Unidos. Me pintaron un sueño americano muy bonito, pero nadie me dijo que tendría que saltar cercas con un niño… Nadie me dijo que si inmigración me atrapaba, tendría que dormir en el suelo y pasar hambre. Ellos solo hablaban del sueño americano… No de todo lo que tienes que pasar para llegar allí”.

Sin planes de intentar de nuevo la travesía difícil a Estados Unidos, Martínez dice que espera “tratar de sobrevivir” mediante abrir una pollería. Si su tienda empieza a hacer dinero, posiblemente enfrentará una “cuota de extorsión”, el precio de tener un negocio en San Pedro Sula.

“No tenemos mucho dinero y no tengo otra opción. He aprendido a sobrevivir en estas condiciones”, dice ella.

“Lo importante, para mí, era que operaran a mi hijo…”

A poco más de 32 kilómetros de San Pedro Sula, en un pueblo rural llamado Naco, Lurbin Pasita Contreras, una mujer con cinco meses de embarazo y madre de otros dos niños, dice que también ha aprendido a sobrevivir con lo poco que tiene.

Compartiendo un pequeño cuarto improvisado con su marido y dos niños en una choza donada por la comunidad local, Contreras, de 25 años, y su familia han aprendido a vivir sin agua, electricidad o servicios sanitarios básicos.

Mientras tanto, una bandera estadounidense extendida que sirve como la única puerta en el hogar de la familia es un recordatorio constante de otra puerta que, dice Contreras, su familia ha cerrado firmemente.

Como Martínez, Contreras dice que también ha renunciado a la idea del sueño americano tras su propia experiencia desgarradora al tratar de llegar a Estados Unidos en busca de un tratamiento para su hijo enfermo.

Parcialmente ciego, Antony, de 8 años, “solo ve sombras” y tiene necesidades especiales, dice Contreras. Sin embargo, él nunca ha sido evaluado formalmente por un médico, por lo que ella no sabe el nombre o la causa de su condición.

Lurbin Pasita Contreras y su familia hablan con una trabajadora de UNICEF en su hogar, el cual fue donado por la comunidad local en Naco, Honduras.

Aun cuando la madre de 25 años tenía la esperanza de llegar a Estados Unidos cuando decidió salir de Honduras con su hijo, finalmente “no me importaba adónde fuera. Lo importante, para mí, era que operaran a mi hijo”.

Sin embargo, en cuanto ella y su hijo llegaron a México, tuvieron miedo de seguir avanzando hacia la frontera estadounidense y, más bien, pasaron meses viviendo en las calles, temiendo por su seguridad.

“No lo intenté porque estaba asustada… Especialmente por mi hijo, porque había secuestros y era demasiado riesgoso”, comenta ella. sin embargo, al vivir en una tienda de campaña en las calles de México, Contreras dice que también temió por su vida y la de Antony. “No teníamos dónde vivir… y no podía hallar trabajo. Estaba asustada de que pudieran asaltarnos… Había oído de cosas que pasan en la calle”.

Por supuesto, los miedos de Contreras están lejos de ser infundados, pues miles de migrantes y buscadores de asilo que viajan a través de México cada año son víctimas de grupos criminales que se ganan la vida secuestrándolos y pidiendo rescate por ellos, mientras que aquellos cuyas familias no pueden pagar, enfrentan la amenaza de ser asesinados. Algunos son torturados o abusados sin importar si su familia podía pagar su liberación, mientras que las mujeres y niñas son especialmente vulnerables a violación y abuso sexual.

Eileen Baquedan, una psicóloga que trabaja en el centro de recepción de niños deportados a Honduras en San Pedro Sula, dice que ha oído recuentos desgarradores de niños y padres traumados por su travesía en busca de refugio.

Los niños regresan a Honduras ansiosos, cansados, hambrientos y enfermos. Algunos muestran signos de depresión, mientras que otros parecen haberse encerrado en una burbuja de silencio.

“Algunos niños que han tenido experiencias en verdad difíciles dice que ha presenciado violencia y rapto”, dice ella a Newsweek, sentada ante su escritorio en su oficina. “La mayoría de los niños que son raptados no parecen haber sido abusados, pero sus padres sí. Los padres en ocasiones son violados y los niños tienen que ver cómo pasa eso”.

Según Amnesty USA, se cree que alrededor de 20,000 migrantes son víctimas de secuestro cada año, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México calcula que las pandillas criminales ganan alrededor de 50 millones de dólares cada año con los secuestros.

Los migrantes cuyas familias tal vez no tengan los medios para pagarles a los grupos criminales su liberación, enfrentan la amenaza de ser asesinados, mientras que otros podrían enfrentar tortura y abuso.

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Amnistía Internacional calcula que 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante la travesía de Centroamérica a México.

Contreras dice que aun cuando ella y su hijo fueron “afortunados” al haber evadido a los grupos criminales en México, un ex vecino con quien habían estado viajando no fue tan afortunado.

“Nos separamos en el viaje y nos preocupaba que algo le hubiera pasado”, dijo Contreras. Luego, sus peores miedos se confirmaron cuando sus amistades de vuelta en casa le contaron que lo habían matado en Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco.

Durante el tiempo que vivieron en las calles, Contreras dijo que su hijo, Antony, también se puso “muy enfermo”, haciéndola temer más de una vez que la vida de él pudiera estar en peligro durante esos meses difíciles. “Él se enfermaba mucho… Hacía frío en la noche y a él le daba fiebre”, comenta ella.

Lurbin Pasita Contreras, de 25 años, dice que ha perdido toda esperanza en el “sueño americano” y quiere enfocarse en construirse una vida en Naco, a poco más de 32 kilómetros de San pedro Sula, Honduras, donde su familia vive en una choza donada sin agua, electricidad o servicios sanitarios.

Temiendo por lo que podría pasar si se quedaban en México, Contreras finalmente decidió que era hora de regresar a casa y renunciar por completo al sueño americano.

“Ahora, solo quiero construirme una vida aquí”, dice ella. “Quiero arreglar esta casa y quiero darle una mejor vida a mis hijos”. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el programa gubernamental financiado por UNICEF que donó la casa en la que actualmente viven Contreras y su familia, está haciendo lo que puede para ayudarle a hacer eso. Sin embargo, los recursos para apoyar a los miles de hondureños que regresan al país son escasos y la familia ha dependido del ingreso que pueda traer el esposo de Contreras, quien trabaja como chofer de autobús y conserje, así como en la bondad de los vecinos, quienes a menudo reciben a la familia en sus hogares para que usen sus baños y electricidad.

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