La plataforma internacional de alojamientos turísticos Booking informó este viernes que eliminó aproximadamente el 2 % de sus 200,000 anuncios en España tras un requerimiento del Ministerio de Consumo, que acusa a los apartamentos turísticos de contribuir a la crisis de vivienda que enfrentan miles de residentes, especialmente en zonas de alta afluencia turística.
“Hemos eliminado un número muy reducido de anuncios en España (que representan menos del 2 %) a petición del Ministerio de Consumo, por no proporcionar licencias válidas”, informó Booking en un comunicado enviado a la AFP.
La medida supone la retirada de 4,093 anuncios ilegales, según detalló el Gobierno español, que lleva meses presionando a plataformas como Booking y Airbnb para que solo anuncien viviendas que cumplan con las normativas locales de turismo y urbanismo.
UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE VIVIENDA
En su comunicado, el Ministerio de Consumo —encabezado por Pablo Bustinduy— celebró la decisión de Booking, subrayando que las viviendas turísticas “son una de las causas que hay tras las dificultades en el acceso a la vivienda que sufren miles de personas”. El fenómeno ha sido particularmente alarmante en las Islas Canarias, Baleares, Barcelona y otras ciudades costeras, donde el incremento descontrolado de pisos turísticos ha reducido significativamente la oferta de vivienda de largo plazo para residentes locales.
La retirada de estos anuncios se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Pedro Sánchez, que busca frenar el impacto del turismo masivo sobre los mercados inmobiliarios urbanos. En mayo, el mismo ministerio ya había requerido a Airbnb la retirada de 65,000 anuncios que no cumplían con la normativa vigente. En respuesta, Airbnb alegó que el Ministerio de Consumo “no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos”, y anunció que apelaría todas las decisiones judiciales al respecto.
No obstante, dos tribunales españoles ya han desestimado recursos interpuestos por Airbnb, lo que marca un precedente favorable para que el Gobierno continúe con su ofensiva regulatoria.
BOOKING DEFIENDE SU COOPERACIÓN Y TRANSPARENCIA
A pesar del retiro masivo, Booking enfatizó su compromiso con las autoridades españolas:
“Desde siempre hemos colaborado —y seguiremos haciéndolo— con las distintas administraciones, tanto a nivel estatal como regional, en el marco de nuestros esfuerzos continuos por contribuir a una regulación clara y transparente del sector del alquiler de corta duración”.
La empresa, que actualmente cuenta con más de 200,000 alojamientos publicados en España, sostiene que la eliminación de este 2% representa una parte mínima de su oferta, aunque el impacto mediático y político es significativo en el actual contexto de tensiones por el acceso a la vivienda.
¿QUÉ REPRESENTA PARA EL FUTURO DEL ALQUILER TURÍSTICO EN ESPAÑA?
El endurecimiento de la postura oficial contra los pisos turísticos ilegales podría traducirse en más controles, sanciones y normativas para plataformas digitales, especialmente en comunidades autónomas que ya han aprobado leyes más estrictas, como Cataluña o las Islas Baleares.
Mientras tanto, organizaciones vecinales y plataformas por el derecho a la vivienda exigen un marco nacional unificado, que evite el descontrol actual entre regiones, y reclaman que se limite el número total de licencias que pueden otorgarse en zonas saturadas.
Con el respaldo judicial y el impulso del Ejecutivo, todo indica que España entra en una nueva fase de regulación del turismo digital, donde el acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad serán el eje de los debates sobre la sostenibilidad del modelo turístico. N
(Con información de AFP)
