La ciudad de Los Ángeles vive por segundo día consecutivo de redadas antimigrantes una reacción en escalada de confrontación social, alimentada por una serie de redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar con la expresión de espontáneas manifestaciones, barricadas, enfrentamientos con fuerzas federales y una creciente polarización social, lo que ha marcado el pulso de un fin de semana especialmente tenso en el sur de California.
Desde ayer viernes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llevado a cabo operaciones dirigidas a la detención de personas en situación migratoria irregular. En total, 44 personas fueron arrestadas, en su mayoría de nacionalidad mexicana, durante cuatro acciones de operación policial encubiertas que incluyeron centros laborales y espacios públicos. Una de las más significativas se realizó en una tienda Home Depot de Paramount, a unos 25 minutos de Los Ángeles, zona habitada predominantemente por población latina. Aunque ICE ha negado oficialmente el operativo en ese punto, testigos, activistas y defensores de derechos humanos aseguran lo contrario, y al paso de las horas circulan cada vez mas imágenes en redes sociales, evidenciando sometimientos agresivos por parte de elementos presumiblemente de migración, contra conductores de vehículos rompiendo cristales, peatones y trabajadores de la construcción y otros centros de trabajo.
La reacción social ha sido espontánea y cargada de indignación. Las calles se llenaron de cientos de personas, presumiblemente latinos inconformes que, al grito de “Fuera ICE”, levantaron barricadas, prendieron fuego a basura y madera, y bloquearon accesos. La quema de una bandera estadounidense frente a las oficinas del Departamento de Seguridad Interior en Paramount simbolizó la indignación acumulada por años de políticas migratorias percibidas como agresivas y con un uso desproporcionado de la fuerza, donde a decir de los manifestantes, los detenidos en ningún momento ponen en riesgo la integridad física de los agentes ni tampoco muestran resistencia a los arrestos, documentando en plataformas digitales un excesivo uso de la fuerza policial.
Los choques con las fuerzas del orden se han prolongado por al menos seis horas. La Guardia Nacional fue activada por orden del presidente Trump, y ya se desplegaron 2,000 reservistas. La Patrulla Fronteriza, equipada con equipo táctico, intervino con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras para disolver a los manifestantes. El resultado: múltiples personas detenidas y al menos dos civiles heridos por el uso de proyectiles no letales.
El gobernador Gavin Newsom, una de las voces más críticas contra la estrategia migratoria federal, denunció el uso de la Guardia Nacional como una acción “desproporcionada” que “erosiona la confianza ciudadana” y “agrava el clima de tensión”. La respuesta de la Casa Blanca fue tajante: “No cederemos ante la presión de los agitadores. Esta es una operación legal y necesaria”, señaló Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior.
En paralelo, el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González, confirmó que casi dos terceras partes de los detenidos son mexicanos, en su mayoría con años de residencia en Estados Unidos y arraigo familiar. Algunos de ellos tienen hijos ciudadanos estadounidenses. El Cónsul González advirtió que estas redadas “carecen de precedentes recientes” y pidió claridad sobre las nacionalidades involucradas.
Los arrestos provocaron protestas masivas frente al centro de detención migratoria en el centro de Los Ángeles, donde al corte de esta información ya se habían congregado más de mil personas expresando abiertamente su indignación, coraje y hasta cierta frustración e impotencia. La presión social obligó a las autoridades a reubicar a los detenidos a otros centros fuera del área metropolitana. Según el Gobierno federal, en todo el país se han realizado hasta 2,000 detenciones diarias de migrantes en situación irregular durante la semana.
La controversia escaló aún más cuando el Departamento de Seguridad Interior acusó a las autoridades locales de Los Ángeles de falta de cooperación. Aseguran que el Departamento de Policía de Los Ángeles tardó más de dos horas en acudir a la escena. Sin embargo, la policía angelina desmintió estas acusaciones, alegando que su arribo fue 55 minutos después de la notificación, y que el uso de gas por parte de los agentes federales complicó la intervención y exsacervo los ánimos.
El conflicto migratorio en Estados Unidos ha entrado en una fase crítica, con ciudades convertidas en campos de batalla simbólicos entre políticas federales y resistencia comunitaria. Lo que ocurre en Los Ángeles hoy podría marcar la pauta de una nueva dinámica de confrontación en otras ciudades santuario del país. Para los migrantes, el mensaje es claro: el asedio se intensifica, y la protección local enfrenta cada vez más límites ante la maquinaria federal N.