Mexicali, B.C.- Durante años, Baja California ha sido testigo de múltiples escándalos donde el poder público y los intereses privados se entrelazan sin pudor. Sin embargo, las recientes revelaciones sobre Carlos Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, representan un punto de quiebre que pone en entredicho los discursos de transparencia y la legalidad que pregona la actual administración.

El reportaje de Animal Político hermano de Newsweek en esta casa editorial, documenta cómo Torres ha mantenido influencia sobre diversas dependencias gubernamentales, esto pese a no ostentar un cargo público formalmente, pero sí ejercer materialmente autoridad. A través de su presencia informal en juntas, reuniones privadas y decisiones de alto nivel, ha logrado una posición de privilegio con acceso irrestricto a información privilegiada en toda la estructura orgánica del gobierno del estado, e incluso de incidir en la política y relación oficial con algunos medios determinando “criterios de operación” en materia de comunicación social. Su participación tras bambalinas, particularmente en temas sensibles como asignaciones presupuestales y nombramientos estratégicos, despierta inquietudes no solo éticas, sino jurídicas, como lo expreso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Mexicali, Octavio Sandoval López.

Sandoval López, quien el pasado mes de marzo fue electo por unanimidad por los presidentes de organismos empresariales representa un liderazgo respetado y consolidado en la capital del estado, y ha venido señalando no solo el pésimo manejo estratégico de esta crisis política por parte de la gobernadora del estado, sino que aseguro haber planteado el pasado 12 de mayo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, una serie de propuestas como el “que se deshiciera de la persona que le estaba causando tanto daño a su gobierno, porque tenía mucho poder y nada de responsabilidades, al tiempo de sugerirle que relanzara su gobierno”, expreso.

El líder empresarial señalo que Carlos Torres ejerce gasto público, y “todo acto de autoridad tiene repercusiones públicas aunque no este remunerado, sosteniendo que de otra manera se incurre en tráfico de influencias en el servicio público” declarando que “si desea incursionar en el ámbito público lo haga con las condiciones de ley apropiadas”, señalo.

La defensa oficial ha sido predecible: negar cualquier intromisión y apelar a la vida privada de la pareja gobernante. Sin embargo, cuando los contratos, las órdenes de compra y los cambios administrativos coinciden con los intereses del círculo cercano de Carlos Torres, la “coincidencia” deja de ser argumento válido. En política, los silencios también hablan.

El caso ilustra una vieja pero vigente lógica de poder: gobernar no desde el cargo, sino desde la cercanía. Torres, exfuncionario federal, ha sabido posicionarse como operador y consejero informal, acumulando influencia sin tener que rendir cuentas. Su situación recuerda las prácticas de otros personajes que, sin aparecer en boletas electorales, han tenido más poder que los titulares de despacho.

Lo más preocupante es el efecto corrosivo que esto tiene sobre la vida pública. La ciudadanía ya sospecha de la clase política. Estos episodios solo refuerzan la percepción de que las instituciones están capturadas por intereses familiares o de grupo, y que el discurso de “transformación” es apenas una intención.

La continuidad de este esquema genera daños de largo plazo. Se deslegitima el servicio público, se debilita la credibilidad de los programas estatales, se pone en entre dicho el actuar de la gobernadora y se alimenta el cinismo social. ¿Cómo exigirle a un funcionario menor que actúe con ética si desde lo más alto del gobierno se permite y normaliza la influencia privada en decisiones públicas?

El “después” de estas revelaciones es incierto. Lo que está claro es que Baja California no puede permitirse que el poder siga operando desde las sombras. Si no hay rendición de cuentas ni una separación real entre lo público y lo privado, la gobernabilidad se convierte en mera simulación.

Este escándalo no es anecdótico ni personal. Es estructural. Y si no se toma con seriedad, pronto lo pagarán los bajacalifornianos con una institucionalidad más débil, con funcionarios obedientes a intereses ajenos, y con una ciudadanía cada vez más alejada y asqueada de la política.

Esta semana el esposo de la gobernadora difundió en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“Sé que, en momentos como este, la polarización y los señalamientos -aunque infundados- no ayudan al clima que el estado y su gente necesitan. He hecho una pausa en los proyectos sociales y de participación pública en los que venía colaborando de manera honoraria. Lo hago con la tranquilidad de saber que hay un gran equipo humano que seguirá trabajando con compromiso en beneficio de miles de familias”.

Torres agregó que dedicará más tiempo y atención a su familia y que se mantendrá activo y enfocado en nuevos proyectos personales y profesionales.

“Sé que el tiempo acomoda todo, y cerrar esta etapa también abre la posibilidad de comenzar otra cuando sea el momento. Mientras tanto, sigo aquí, a disposición de mis amigos, de mi familia y de quienes siempre han confiado en mí”.

A este último y más reciente comunicado le precede el del pasado 10 de mayo, donde Torres confirmó a través de sus redes que le notificaron el retiro de su visa asegurando que se trata de una medida que responde a disposiciones internas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que la decisión no está relacionada con acusaciones, investigaciones ni señalamientos, ya sea de México o Estados Unidos N.