En México el federalismo implica corresponsabilidad. La distribución de facultades entre Federación y estados no solo reparte recursos y competencias, también impone el deber de responder con liderazgo ante los desafíos sociales. Sin embargo, cuando el costo político es alto, muchos gobiernos estatales eligen el silencio.
Las movilizaciones de la CNTE lo evidencian. Mientras el gobierno federal asume la interlocución directa, los gobernadores de las entidades con mayor presencia magisterial han optado por mantenerse al margen. El problema es que el conflicto nace y se enraíza en sus territorios, donde los bloqueos y protestas afectan la vida cotidiana, sin que haya una estrategia local visible para canalizar el descontento.
La gobernabilidad no puede construirse solo desde el centro. Si la presidenta de la República visita regiones cada semana para escuchar demandas en territorio, ¿por qué esa lógica de cercanía no permea en los gobiernos estatales? El trabajo de escritorio no basta cuando se trata de actores sociales organizados y persistentes.
Los reclamos del magisterio no solo exigen respuestas técnicas; también demandan presencia política. El diálogo, la mediación y la construcción de acuerdos deben comenzar en origen. De lo contrario, los conflictos locales terminan desbordando a la Ciudad de México, que se convierte en caja de resonancia de problemas no atendidos.
No se trata de buscar culpables, sino de sumar capacidades. Los gobiernos estatales tienen en sus manos la posibilidad de anticipar tensiones, abrir espacios de interlocución y evitar que la protesta escale. Fortalecer la comunicación institucional y tender puentes con los movimientos sociales no debilita a los gobiernos locales: los legitima.
Este momento exige una nueva forma de ejercer el federalismo: no solo como reparto de funciones, sino como construcción compartida de soluciones. En el caso del conflicto magisterial —como en muchos otros—, lo que se necesita es más política de territorio, menos distancia y, sobre todo, más responsabilidad compartida.
Mientras tanto, los impactos ya son medibles. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX), las pérdidas para los comercios establecidos de la capital superan los 15 mil millones de pesos. Y más de un millón de estudiantes permanecen sin clases en la recta final del ciclo escolar.
Frente a este escenario, urge recuperar el papel de los gobiernos estatales como articuladores del diálogo social y la gobernabilidad en territorio. El momento exige colaboración real, visión compartida y una política más cercana a las personas. Porque construir soluciones sostenibles no es tarea de un solo nivel de gobierno: es una corresponsabilidad que empieza desde lo local.
*Consultora en comunicación política, con enfoque en narrativas institucionales y estrategia aplicada al ámbito político y gubernamental
