Lo ocurrido en el Hospital General de Ensenada no es simplemente una crisis coyuntural ni un caso aislado dentro del sistema de salud pública. La carencia de insumos básicos, como una licuadora para pacientes con necesidades alimentarias específicas, ha captado la atención pública, pero es apenas la punta del iceberg. El problema de fondo tiene que ver con una combinación de abandono institucional, decisiones presupuestarias erráticas y un deterioro acumulado que revela debilidades profundas en la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales. No se trata de caer en alarmismos, sino de entender que lo que está en juego es la legitimidad del sistema sanitario como un pilar del pacto social.
Opera en condiciones insostenibles
El hospital, que da atención a una población superior al medio millón de personas, opera hoy bajo condiciones que bordean lo insostenible. No hay medicamentos suficientes, escasea el personal, los equipos son obsoletos y hasta los elementos más elementales —como ropa de cama limpia o bolsas para desechos— faltan con frecuencia. El personal médico ha tenido que improvisar constantemente, ya sea trayendo sus propios insumos o recurriendo a redes informales de apoyo. En febrero de 2025 se suspendieron servicios clave por falta de fármacos y seguros de ambulancias. Desde entonces, las respuestas institucionales han sido insuficientes y reactivas.
Este tipo de fenómenos puede ser interpretado a la luz de lo que Daron Acemoglu y James A. Robinson han descrito como “instituciones extractivas”: estructuras que, en lugar de fortalecer el bienestar colectivo, reproducen ineficiencia, concentración del poder y ausencia de rendición de cuentas. Si bien México no encaja del todo en su modelo, la lógica subyacente ayuda a explicar cómo los recursos públicos se diluyen sin fortalecer los servicios esenciales. Cuando el dinero se desvía a contratos opacos o se canaliza hacia fines clientelares —como ha ocurrido con pagos millonarios a empresas como Fisamex por auditorías sin impacto tangible en la calidad del servicio— lo que se debilita no es solo la infraestructura hospitalaria, sino la confianza en la acción del Estado.
Una cadena de fallos: improvisación crónica y parches institucionales
Este deterioro sostenido también responde a lo que el politólogo Arjen Boin denomina “cascadas de fracaso institucional”. Cuando una primera falla no se atiende —como el desabasto de medicamentos o la falta de personal— genera una reacción en cadena. La institución se adapta mal, improvisa soluciones temporales, y cada nuevo parche erosiona más su capacidad operativa. En lugar de una corrección estructural, se privilegia el control mediático o la contención política, sin resolver los nudos críticos. El Hospital General de Ensenada vive desde hace años bajo esta lógica. La incorporación al modelo IMSS-Bienestar, lejos de resolver las fallas previas, ha generado nuevas incertidumbres: el personal desconoce los protocolos, la coordinación entre niveles de gobierno es deficiente y los pacientes, desorientados, se enfrentan a una atención desigual.
Desde la salud pública, autores como Michael Marmot han subrayado que la atención médica no puede desvincularse de los determinantes sociales: empleo, vivienda, alimentación, educación. En Baja California, la pérdida reciente de más de 22 mil empleos en la industria de la transformación tiene efectos directos en la salud de la población. Aumenta la demanda sobre el sistema público, pero también incrementa la morbilidad asociada a la pobreza, el estrés crónico y la inseguridad alimentaria. Lo que ocurre en el hospital, entonces, no puede entenderse sin el contexto económico y social que lo rodea.
La biopolítica del abandono: decidir quién vive y quién espera
En paralelo, resulta útil retomar el concepto de biopolítica de Michel Foucault. El Estado, al regular quién accede a los servicios, en qué condiciones y con qué calidad, también toma decisiones sobre la vida y la muerte. Cuando se deja de invertir en un hospital regional, cuando se normaliza que falten insumos para cirugías o para atender una emergencia obstétrica, se está estableciendo una jerarquía implícita sobre qué vidas importan más. No se trata de una política explícita de exclusión, pero sí de una inercia que favorece la omisión como forma de gobierno.
Entre la vocación y el abandono: el límite del esfuerzo individual
Es importante reconocer que la crítica no debe caer en simplificaciones. Existen trabajadores comprometidos, médicos y enfermeros que sostienen el sistema con esfuerzo personal. También hay sectores del gobierno que intentan resolver estas deficiencias. Pero sin un rediseño institucional serio, sin fiscalización del gasto y sin una planeación que ponga al centro la salud como derecho y no como costo, cualquier esfuerzo será insuficiente.
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La situación del Hospital General de Ensenada no solo revela carencias materiales. Es una señal de alarma sobre el agotamiento de un modelo que ha dejado de responder a las necesidades de la población. El futuro no puede construirse sobre la improvisación permanente. Como advierten Acemoglu y Robinson, las instituciones solo se transforman cuando existe presión social organizada y voluntad política para romper con estructuras que ya no cumplen su función. La salud pública debe ser defendida no sólo por quienes la ejercen, sino por todos los que entienden que su debilitamiento afecta el corazón mismo de lo público. N
