El Gobierno de Guanajuato erogó 19.1 millones de pesos para la liquidación de 14 exfuncionarios públicos, según informó el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, durante su comparecencia en la glosa legislativa.
Ante la pregunta del diputado local del PRI, Alejandro Arias Ávila, sobre los costos asociados al cambio de administración, Salgado Banda detalló que el monto se destinó “con apego a la ley y con respeto a la dignidad de los trabajadores”.
También aseguró que el gobierno tiene la obligación de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales aplicables a la administración pública estatal y a las personas servidoras públicas de su adscripción”, con el objetivo de garantizar “bienestar, respeto a sus derechos humanos y a su dignidad”.
Entre los ex funcionarios beneficiados con los millonarios finiquitos se encuentra Juana de la Cruz Martínez, ex secretaria particular del gobernador, quien recibió más de 2 millones de pesos. En la misma situación está el ex secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, con una liquidación similar.
Asimismo, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Trujillo Flores, obtuvo 1.3 millones de pesos.
Salgado Banda explicó que estos pagos corresponden a los cambios en las dependencias y aseguró que “estamos comprometidos con la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos, garantizando el respeto a los derechos laborales del personal”.
Durante la misma comparecencia, también se abordó la capacidad de financiamiento del estado. El secretario de Finanzas afirmó que los indicadores de deuda pública reflejan que Guanajuato “se ubica por debajo del promedio nacional”, lo que genera la posibilidad de solicitar créditos sin que representen una presión significativa para las finanzas estatales.
Explicó que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, la entidad “puede acceder a un techo de financiamiento de hasta el 15% de sus ingresos de libre disposición”, lo que permitiría contratar hasta 9,016 millones de pesos en 2025.
Salgado Banda concluyó que la estabilidad financiera del estado permite considerar la contratación de nuevos créditos, siempre que se destinen a proyectos estratégicos.
“En este gobierno estamos obligados a garantizar el cumplimiento de las disposiciones financieras y laborales, asegurando la transparencia en cada decisión”, puntualizó.
