En 2025, Baja California enfrentará un proceso electoral histórico con la elección de 170 cargos en el Poder Judicial del Estado (PJE), incluyendo 150 jueces y 20 magistrados. La información fue revelada por Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal, quien detalló las características de esta inédita convocatoria.

De los 170 puestos en disputa, 150 corresponden a jueces en diversas áreas del derecho, como civil, penal, hipotecaria y familiar. Además, se elegirán 17 magistrados para el pleno y tres para el área disciplinaria, con un sistema de votación que variará según el cargo. Mientras que las elecciones para magistrados se efectuarán a nivel estatal, los jueces serán seleccionados por demarcación territorial o partido judicial, explicó Pon Méndez.

La reforma federal establece nuevos criterios de selección para jueces y magistrados,

Este proceso de selección se enmarca dentro de la reforma federal que establece nuevas bases para la elección popular de jueces y magistrados, una medida que busca una mayor democratización del Poder Judicial. Entre los requisitos para los aspirantes, se establece que deben contar con una calificación mínima de 8 en la licenciatura en Derecho y 9 en una especialidad o maestría, además de tres años de experiencia jurídica para postularse a una magistratura.

La reforma también contempla la creación de un tribunal de disciplina y un consejo de administración, que serán fundamentales para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del sistema judicial estatal.

La reforma fue diseñada en conjunto con el Poder Ejecutivo y Judicial

Pon Méndez subrayó que la reforma fue diseñada en conjunto con el Poder Ejecutivo y Judicial, buscando armonizar la normativa federal con las particularidades del estado. “El Poder Judicial de Baja California es diferente al federal, pero mantenemos una excelente coordinación con nuestros jueces y magistrados. La reforma busca mejorar esa relación, especialmente en áreas donde puedan existir diferencias”, señaló.

En cuanto a los costos del proceso electoral, el consejero jurídico destacó la intención de optimizar los recursos federales, aprovechando las infraestructuras del Instituto Nacional Electoral (INE), como las casillas, capacitadores y supervisores electorales, con el objetivo de reducir gastos.

La reforma al PJE fue aprobada el pasado 27 de octubre por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso local, y posteriormente validada por tres Cabildos del estado. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó en una rueda de prensa que la iniciativa fue trabajada de manera conjunta entre los tres poderes del estado.

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El cambio legislativo marca un hito en la evolución del sistema judicial de Baja California, buscando no solo un proceso más democrático, sino también una mayor transparencia y profesionalismo en la elección de quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia en el estado. N