Tijuana, B.C.- A través de un comunicado de prensa las organizaciones que conforman la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. en Baja California y el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM, expresaron su preocupación ante la posible designación de Jorge Alejandro Palau Hernández como encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California por los antecedentes que le preceden.
Palau Hérnandez fue señalado en una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con folio 102/2021, el 6 de diciembre de 2021, por permitir la agresión física a migrantes que eran parte de una caravana cuando transitaban por el municipio de Tapachula, Chiapas, cuando fungía como director de la estación migratoria Siglo XXI.
La agresión se registró el 28 de agosto de 2021 y quedó grabada en video. En las imágenes se observa que trabajadores de INM golpearon en repetidas ocasiones a personas en contexto de movilidad cuando estos transitaban por el municipio previamente citado. En la recomendación emitida por la CNDH, testigos presenciales indicaron que Palau Hernández estuvo presente durante la agresión sin poner un alto a los funcionarios bajo su cargo. En el video grabado por periodistas se le observa forcejear con una persona migrante.
En el comunicado, los activistas de Baja California señalan que, de acuerdo con diversos reportes periodísticos, el mencionado funcionario ha estado vinculado previamente a actos de agresión contra personas migrantes, lo que derivó en la suspensión temporal de su puesto. Además de estar señalado como un personaje con una visión policiaca.
Quienes integran la Coalición Pro-Defensa del Migrante y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, refieren que, a pesar de estos antecedentes, y tras un intento fallido de nombrarlo como titular del INM en Ciudad Juárez, ahora existe la posibilidad de que se le otorgue un nuevo cargo en Baja California. Nombramiento que podría llevarse a cabo sin la transparencia debida y sin notificación oficial por parte de las autoridades competentes.
“La posible asignación de un funcionario con tales antecedentes, es motivo de alarma para las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas de diversas nacionalidades, especialmente en un estado como Baja California, que ha sido uno de los bastiones más importantes en su defensa”, reza dicho comunicado.
Y añade, “Consideramos que la eventual inclusión de servidores públicos sin un perfil humanitario y con antecedentes de violaciones a los derechos humanos supondría un grave retroceso en los avances logrados en políticas inclusivas y de respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
Por lo anterior, hicieron un llamado al Comisionado del INM, Francisco Garduño y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, para que reconsideren este posible nombramiento.
Además, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevar a cabo una investigación sobre los antecedentes y las posibles violaciones a los derechos humanos que involucran a este funcionario, para asegurar que los cargos públicos relacionados con la migración sean ocupados por personas comprometidas con el trato digno, humano y empático hacia las personas migrantes y refugiadas. N
