Las democracias en América Latina se encuentran en un momento crucial de transformación, marcado por el impacto de la revolución digital en cualquier aspecto social. La intersección entre el sistema político y la transformación digital conlleva desafíos y oportunidades para la región, en los que, incluso, se habla de una reevaluación de las estructuras democráticas existentes que destaca por la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado.
Sin embargo, la adopción de tecnologías digitales e inteligencia artificial en el ámbito gubernamental también plantea retos para la región. La brecha digital persistente, de acceso a la tecnología y de alfabetización digital, representa uno de los mayores obstáculos para una transformación digital inclusiva.
A esto se suma la poca atracción de inversión privada, ya que, de acuerdo con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) (Cepal, 2023), en 2022 América Latina apenas atrajo 8.2 billones de los 190 billones de dólares del mundo, lo que podría explicarse por “la mala percepción de políticas de promoción de inversión por parte de las entidades de gobierno”. Sin duda, hay oportunidades que no están siendo aprovechadas.
Además, la cuestión de la seguridad cibernética y la protección de la privacidad de los ciudadanos se convierten en preocupaciones centrales en el marco de la implementación de estas tecnologías. La región se enfrenta a la necesidad de establecer marcos regulatorios sólidos que equilibren la innovación tecnológica con la salvaguardia de los derechos individuales.
¿POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
Ejemplo de esta necesidad es el caso mexicano sobre el uso del software Pegasus. En 2017 se descubrió que el gobierno mexicano lo había utilizado para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos, lo que alertó sobre el uso de esta tecnología y fue criticado por organizaciones de derechos humanos que argumentan que viola la privacidad de las personas y limita la libertad de expresión. Una investigación de The New York Times reveló en 2023 que, a pesar de que el gobierno prometió dejar de espiar, aún usaba el software.
Con estos retos en mente, los gobiernos con entidades sólidas y eficientes juegan un papel fundamental en este proceso, ya que son los responsables de desarrollar las políticas públicas que promuevan la adopción de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Algunas de las políticas públicas que pueden contribuir a la implementación de estrategias de transformación digital en las democracias de América Latina son:
• Políticas de acceso a la tecnología que garanticen que los ciudadanos cuenten con internet y tecnologías digitales. De acuerdo con el ILIA, aunque hay avances en la digitalización de la región con 70 por ciento de penetración de internet y el uso de dispositivos, la velocidad de descarga evidencia el desafío en materia de inversión en infraestructura para promover el acceso a esta tecnología.
• Políticas de capacitación que promuevan la adquisición de habilidades digitales por parte de los ciudadanos, tanto en el ámbito público como en el privado. Los gobiernos deben atender la brecha de capital humano en el mercado laboral e integrar elementos de inteligencia artificial en los planes nacionales de educación formal escolar.
• Políticas de seguridad cibernética que protejan a los ciudadanos y a las instituciones gubernamentales de los ataques cibernéticos.
EL RETO ES MEJORAR LAS DEMOCRACIAS DE AMÉRICA LATINA
En América Latina existen algunos ejemplos de iniciativas exitosas lideradas por entidades gubernamentales en el ámbito de la transformación digital. Por ejemplo, el programa “Chile Digital” que promueve la inclusión digital de los ciudadanos o la plataforma “Gob.pe” del gobierno peruano, que facilita el acceso a los servicios públicos.
Estos ejemplos muestran que es posible implementar estrategias de transformación digital exitosas, siempre y cuando se cuente con entidades gubernamentales sólidas y eficientes, y con políticas públicas que fomenten esta transformación.
La implementación de estas políticas requiere de un esfuerzo conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, el potencial beneficio de la transformación digital es significativo, ya que puede ayudar a mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana en las democracias latinoamericanas. N
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Adriana Sánchez es politóloga por la UNAM y experta en asuntos públicos y transformación digital. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
