Las leyes de la física establecen que para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. Y la amenaza a nuestra seguridad personal y colectiva por parte de cárteles criminales y grupos terroristas es real y creciente, y hace que muchos se cuestionen su compromiso con la democracia tal y como se practica en la actualidad.
Al observar los grandes conflictos a los que nos enfrentamos hoy en día, en especial la amenaza del crimen organizado y el terrorismo, me pregunto si el péndulo de la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos se ha acercado de forma peligrosa a un punto en el que nuestras leyes ya no pueden proteger al ciudadano promedio.
Abraham Maslow clasificó la seguridad como la segunda necesidad humana más importante después de la salud. Sin embargo, esta necesidad humana imperativa se ha visto diluida desde hace muchos años por una legislación de derechos humanos que parece potenciar los derechos de los delincuentes. Puede que el péndulo haya oscilado demasiado en dirección liberal.
A escala nacional, muchas democracias atribuyen los mismos derechos a los delincuentes que a sus víctimas. Desde una perspectiva filosófica, esta opción resulta atractiva. Sin embargo, muchas veces pareciera que los derechos de las víctimas son secundarios frente a la protección de los derechos de los delincuentes. El argumento aquí es que las leyes nos protegen a todos por igual. El problema es que no todos nos comportamos igual.
SIN CONFIANZA EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS
Las bandas criminales y terroristas utilizan la ley para proteger sus intereses y protegerse de la aplicación de la justicia por parte de la sociedad. El precio que paga la sociedad es la pérdida de confianza en nuestros sistemas jurídicos y la insatisfacción de los ciudadanos.
Y esto conduce a la frustración y a la tendencia a buscar alternativas radicales a un sistema de gobierno que no parece responder a las necesidades de la sociedad. A escala internacional, la legislación sobre derechos humanos es una broma.
Los signatarios de las diversas cartas internacionales de derechos humanos ignoran estos derechos de forma habitual y cínica y causan a sus ciudadanos daños y, en muchos casos, muertes innecesarias.
Cuando países como China, Cuba y Sudán forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este organismo pierde toda credibilidad. Cuando los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU parecen perseguir sus propios y estrechos intereses nacionales a expensas de miles o incluso millones de víctimas de abusos, la confianza en nuestras instituciones multilaterales se erosiona hasta el punto de hacerlas irrelevantes. Son muchos los gobiernos que ignoran los tratados que han ratificado y cometen abusos graves contra los derechos de sus ciudadanos, con escasas o nulas sanciones.
Creo en los derechos y las garantías legales. Como ciudadano, sin embargo, exijo el derecho de caminar por las calles de mi ciudad sin temor a ser acosado o asesinado. Exijo el derecho a vivir sin que nadie me ataque por mi perfil religioso, sexual o racial. También exijo que quienes piensen distinto a mí respeten mis decisiones y no me obliguen a pensar como ellos. Que aceptemos discrepar en lugar de atacarnos de manera violenta mediante atentados terroristas.
EL CASO DE EL SALVADOR
¿Cómo gestionamos las exigencias contradictorias? Los delincuentes y terroristas de hoy no juegan con las reglas de la sociedad, ni respetan a los demás.
Hace unos años, El Salvador era el país más violento de América Latina. Había sido superado por bandas criminales organizadas cuyo dominio de las calles salvadoreñas era absoluto. El presidente Nayeb Bukele declaró la guerra contra el crimen organizado. Desde entonces ha encarcelado a 65,000 delincuentes conocidos y ha declarado que trabajarán en proyectos civiles para ganarse el sustento en prisión.
Los resultados son palpables. San Salvador se ha convertido en una de las ciudades más seguras de América, y cerca de 90 por ciento de los salvadoreños apoya plenamente a Bukele.
Muchos latinoamericanos miran a El Salvador como un ejemplo de lo que deberían hacer sus líderes en lugar de negociar con organizaciones criminales para su propio beneficio político o financiero.
El presidente Castro de Honduras, proveniente de la izquierda, que hizo campaña sobre una plataforma de desmilitarización del sistema de seguridad del país, ha dado marcha atrás y ha implantado un estado de emergencia al estilo salvadoreño para combatir la delincuencia, aunque a una escala más limitada.
Nuestros sistemas jurídicos se basan en la premisa de que todo el mundo juega con las mismas reglas. También se basan en la creencia de que nuestros dirigentes y quienes aplican la justicia no están corrompidos por sobornos o amenazas de bandas criminales.
LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS ES UNA FARSA
Sin embargo, las bandas criminales y terroristas no siguen nuestras reglas. Con frecuencia superan en armamento a nuestras fuerzas del orden y asesinan, intimidan o corrompen a nuestro poder judicial. La sociedad juega a las damas mientras sus enemigos juegan al ajedrez, y lo hacen mucho mejor de lo que la sociedad puede hacerlo con las herramientas de que dispone en la actualidad.
Por eso me pregunto si nuestra legislación nacional e internacional sobre derechos humanos es adecuada y si nuestros dirigentes tienen el valor de actuar con decisión y ofrecer resultados a sus ciudadanos.
A mi entender, el apaciguamiento del discurso de odio, las manifestaciones racistas de todo tipo, las actividades de los cárteles de drogas y las bandas criminales y terroristas no ha funcionado en ningún lugar. Si no se aplican las leyes y se garantiza que el sistema judicial funcione para las víctimas, las cosas solo irán de mal en peor.
Los gobiernos y las instituciones multilaterales van a tener que encontrar la manera de aplicar mejor las leyes para satisfacer las necesidades de seguridad de la sociedad, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley.
Y no hay un camino sencillo para proteger los derechos del ciudadano medio, por un lado, y perseguir un sistema de justicia que sea rápido y eficaz, por otro. N
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Eduardo del Buey es diplomático, internacionalista, catedrático y experto en comunicaciones internacionales. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
