El reto de establecer un marco jurídico que respalde de manera eficiente las necesidades de las empresas en México, nacionales y extranjeras, sigue vigente. Tras muchos años y diferentes colores en los gobiernos, seguimos precisando de un mejor Estado de Derecho, una cultura de la legalidad aún más firme y mayor presencia ciudadana, para así enaltecer las oportunidades emergentes de la integración económica mundial.
La inversión en la frontera norte de México crece y nos urge fortalecer las capacidades de gestión de los diferentes gobiernos para impulsar el desarrollo económico nacional. Hoy, existen importantes deficiencias en las condiciones generales de operatividad que nuestro país ofrece a las empresas extranjeras en cuestiones normativas, burocráticas y de mercado. Un ejemplo de lo anterior son las dificultades relacionadas con la política energética.
Los complicados procesos burocráticos necesarios para acceder a los recursos energéticos en la frontera norte figuran como una gran desventaja. Específicamente, provoca que múltiples empresas extranjeras no consideren viable invertir en la región, impactando no solo en el desarrollo de las entidades federativas, sino también en el progreso del país.
De hecho, según un estudio realizado por BBVA Research entre miembros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados: las industrias de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León se encuentran entre las más perjudicadas, con afectaciones del 39% en temas energéticos y 21% en temas relacionados al agua.
Por su parte, las empresas que deciden hacer Nearshoring en nuestro país, se enfrentan a la incertidumbre de asegurar un retorno de inversión, consecuencia de las problemáticas que no se han atendido y que son dependientes de disposiciones gubernamentales y de largos procesos burocráticos.
Por tanto, nos urge fortalecer el marco regulatorio y la transparencia institucional para brindar seguridad a los inversionistas de que su capital se encuentra respaldado por una normativa eficiente. Hasta el año 2023, el Rule Of Law Index mostró a México en el lugar 45 de 142 en transparencia gubernamental, y es a través de acciones en favor de un mejor Estado de Derecho que será posible mejorar tal posición para consolidar la certeza de que los procesos correspondientes a la inversión extranjera se llevarán a cabo de la manera más adecuada.
Tenemos que fomentar políticas públicas para crear mejores condiciones para la inversión, disminuyendo la incertidumbre, mejorando la economía y brindando más oportunidades de empleo para los fronterizos. Si logramos potenciar un Estado de Derecho, las empresas tendrán una mayor disposición para invertir en nuestro país.
La participación ciudadana es fundamental para reforzar el Estado de Derecho en el territorio. Fomentar la participación ciudadana en la vida pública y en la toma de decisiones, les convertirá en agentes de cambio y les brindará conocimiento sobre la importancia de fortalecer el Estado y de hacer cumplir la ley.
La democracia siempre debe ser participativa y nutrirse de los ciudadanos que se acercan a votar a las urnas. Fortalezcamos continuamente esta participación para que las personas hagan valer su derecho con una resistente cultura de la legalidad. Si las personas se informan y desarrollan conocimiento en materia política, demandarán líderes capaces de tomar las mejores decisiones.
Fomentando la cultura político-electoral entre los ciudadanos es posible fortalecer la democracia, tener gobiernos más eficientes y abonar a la consolidación de un Estado de Derecho que brinde certidumbre a las empresas, con líderes que tengan la disposición de atender las dificultades en materia normativa y burocrática.
La base para un Estado fuerte es que los ciudadanos lo reconozcan y que mediante su participación lo fortalezcan, encaminando la toma de decisiones para un mejor futuro. N
