La quinta edición del Índice de Estado de derecho en México evidencia la falta de avances substantivos en materia de Estado de derecho en la mayoría de las entidades del país. La calificación promedio general de los 32 estados es de 0.42 en una escala del 0 al 1. Desde la versión pasada, los puntajes mostraron cambios marginales: aumentaron en 19 estados, descendieron en 3, y permanecieron sin cambios en 10.
El World Justice Project (WJP) presentó la quinta edición del Índice de Estado de derecho en México (IEDMX), un informe con los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país. El IEDMX 2022-2023 fue presentado por WJP y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Las entidades peor evaluadas son Guerrero, con 0.36; Ciudad de México, con 0.36, y Quintana Roo, con 0.36 de calificación.
DESAFÍOS PARA ALCANZAR UN ESTADO DE DERECHO SÓLIDO
“Los resultados de esta edición indican que los avances en materia de Estado de derecho son escasos”, afirmó Alejandro Ponce, director global de investigación en WJP. Agregó que “todos los estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea, y tienen desafíos para alcanzar un Estado de Derecho sólido, sobre todo en cuanto a seguridad y justicia penal”.
En tanto, Alejandro González, director de proyectos de Estado de derecho y de la oficina de WJP en México, dijo que “en un contexto marcado por una creciente polarización, el WJP continúa con su enfoque constructivo y decidió destacar los casos de entidades con tendencias positivas, e invitarlos a compartir sus experiencias y estrategias para mejorar el Estado de derecho, y encontrar puntos de vista en común que nos permitan avanzar”.
Nuhad Ponce, presidente de la ANADE, resaltó las acciones en conjunto con WJP para fortalecer el Estado de derecho y remarcó que el Índice es “una herramienta con información medible, actualizada y necesaria para la toma de decisiones”.
EN MÉXICO, 6 ESTADOS MEJORAN SU ESTADO DE DERECHO
El WJP mide el conjunto del Estado de derecho por medio de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Bajo este panorama, seis entidades federativas destacan por mostrar una tendencia de mejora desde la primera edición del Índice en 2018.
En específico, Querétaro se ubicó en quinto en la edición de 2018 y está en primero en 2022-2023 con 0.42 de calificación. Guanajuato pasó de la posición 12 a la segunda con 0.48. Sinaloa mejoró de la 11 a la quinta. Baja California Sur pasó de la 31 a la sexta, Tamaulipas pasó del lugar 19 al 12, y, Sonora pasó del lugar 29 al 20.
Por tercera ocasión consecutiva, los resultados del Índice muestran una contracción del espacio cívico en las entidades federativas. La efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público tiene un puntaje menor en 20 estados del país. Solo 11 entidades muestran un avance: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.
ESTANCAMIENTO EN AUSENCIA DE CORRUPCIÓN
Al igual que en años anteriores, esta edición del Índice muestra una tendencia al estancamiento en ausencia de corrupción, la cual cayó en 7 estados (Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas) y se mantuvo en los mismos niveles bajos en 10 entidades.
El Índice de Estado de derecho en México es único en su tipo, ya que utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país.
Es la quinta edición que se realiza en México, lo que permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de en las entidades federativas. El primer Índice se publicó en octubre 2018, recolectando y analizando datos por lo menos 12 meses antes de su publicación. N
