Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la discusión de diversos recursos interpuestos en contra del primer decreto del paquete de reformas electorales conocidas como “plan B”, que fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, el proyecto de sentencia puesto sobre la mesa propone declarar la invalidez de las normas por posibles violaciones al procedimiento legislativo.
Los recursos que se discutirán son la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, promovidas por partidos políticos y legisladores de oposición que demandan la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022.
El motivo por el cual el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán plantea invalidar en su totalidad dichos ordenamientos es porque, a su consideración, estas reformas violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución, al haber sido aprobadas sin observar los procedimientos legislativos.
“El decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución de la Cámara de Diputados y las irregularidades cometidas en comisiones de la Cámara de Senadores impidieron la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo”, indica el proyecto.
El “plan B” de AMLO llega a la Corte
El plan original del presidente era que el Congreso aprobara una reforma constitucional en materia electoral que planteaba puntos como hacer que los consejeros electorales fueran elegidos por voto directo, desaparecer a los institutos locales y una nueva forma de elegir a los diputados federales.
Sin embargo, debido a que la oposición logró frenar la iniciativa —que requería de mayoría calificada—, Morena y sus aliados utilizaron a su favor su mayoría simple para aprobar en fast track las dos iniciativas del llamado “plan B” del presidente, con las que lograron cambiar leyes secundarias.
El primer decreto —que la Corte discutirá a partir de este lunes— busca acotar el concepto de “propaganda gubernamental”, con el fin de que las expresiones de los funcionarios públicos no sean consideradas así.
Sobre este asunto, la Corte recibió siete acciones de inconstitucionalidad, mismas que fueron turnadas al ministro Pérez Dayán, quien a su vez concedió una suspensión de dicho decreto para que el “plan B” no se aplicara en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, que se encuentran en desarrollo.
Por esta razón, tanto el Poder Ejecutivo como las cámaras de Diputados y de Senadores promovieron recursos de reclamación contra la suspensión, en los que argumentaron que las normas expedidas por el Congreso solo pueden intervenirse mediante el voto de ocho ministros.
En respuesta al recurso de reclamación del Ejecutivo, la ministra Loretta Ortiz Half presentó un proyecto que proponía revocar la suspensión de dicho decreto. No obstante, la Segunda Sala desechó el proyecto con solo dos votos a favor y tres en contra, con lo que se mantuvo el freno al “plan B”.
Con el segundo decreto, que cambió tres leyes y expidió una nueva, el gobierno federal busca reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como acotar la duración de los procesos electorales.
Los recursos contra ese decreto cayeron en la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, que admitió la demanda e igualmente concedió una suspensión.
La filtración del proyecto de sentencia
El proyecto de sentencia de Pérez Dayán fue dado a conocer primero por el portal de Aristegui Noticias, lo que llevó a que Presidencia acusara a la Corte de ser “irresponsable” y filtrar el documento, algo que calificó de “ilegal”.
“El actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”, señaló Presidencia mediante un comunicado.
Finalmente, el proyecto fue enlistado el 2 de mayo para ser discutido en el pleno este lunes 8 de mayo; se requiere del voto de al menos ocho ministros para invalidar las normas revisadas.
En una última jugada, la Consejería Jurídica de Presidencia solicitó a la Corte posponer el análisis y la discusión de la primera parte del “plan B” para resolver impugnaciones pendientes a la Ley de Comunicación Social, expedida en mayo de 2018.
De acuerdo con la Consejería, la petición se hizo para evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica.
Sin embargo, por unanimidad de votos, las y los ministros rechazaron la solicitud de Presidencia al considerar que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se enlistó con fecha fija y con el carácter de electoral, mientras que el proyecto de 2018 no tiene este estatus y aún no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos. N
