Entre 2013 y 2021, en 13 municipios de Hidalgo se registraron 19 fallecimientos de personas mientras estaban bajo resguardo de las policías de esas demarcaciones.

Pese a que en Hidalgo hay 84 municipios, solo Pachuca y Tepetitlán cuentan con un reglamento para los centros de retención primaria; en el primer caso han ocurrido decesos de este tipo.

“Él no podía haberse matado”

De una puerta de metal pintada de café sale un adulto mayor de unos 80 años. Con su bolsa de mandado, se apresura a caminar colina abajo la calle 20 de Noviembre, en la colonia Francisco I. Madero, de Tulancingo.

Pasa la panadería ubicada al lado de la puerta azul, que previo a la pandemia aún horneaba para satisfacer el gusto de los vecinos.

Mientras camina hacia el centro, en dirección opuesta a la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, Tomás Sosa hace un esfuerzo por recordar lo que ocurrió hace nueve años:

—Sí, a mí me dieron la noticia primero, porque vivo cerca de la comandancia. Pero yo no lo quería creer.

Llega a una esquina y toma un respiro a la vez que hace memoria. Tiene la cabeza cubierta con una gorra azul, que deja entrever una cabellera completamente cana.

—Era mi nieto, tendría unos 18 años— confirma.

Sigue avanzando y repasa la lista de mandado que trae en las manos mientras guarda silencio hasta llegar a la siguiente esquina. Parece que cada intersección le sirve para tomar aire y hacer memoria.

—Yo no lo creo que se haya colgado, como dijeron los policías. Él era muy flaquito y no podía haberse matado, que según se ahorcó con su pantalón. A mi hijo, una policía que era su amiga le dijo que sí había habido abuso policial, algo hubo de eso, pero él no pudo haberse matado— insiste.

Al llegar a la calle 21 de Marzo Norte, que lleva al centro de Tulancingo, el señor Sosa continúa haciendo memoria:

—Ya no me acuerdo más, pero fue una situación muy fea. No vi el cuerpo después. Mi hijo ya no vive conmigo, pero él puede darle más información—, concluye mientras se disculpa y se dispone a terminar sus compras.

Tomás Sosa promete una entrevista posterior y confirma que su nieto Aris Alberto Sosa Cordero falleció en la barandilla de Tulancingo en mayo de 2013.

El deceso de Aris Alberto es uno de los 19 casos de muertes en áreas de retención primaria

—conocidas también como galera o barandilla— que han ocurrido en 13 municipios de Hidalgo de 2013 a 2021, de acuerdo con un recuento realizado por Criterio, basado en solicitudes de información y en notas periodísticas publicadas por este medio.

Estos espacios son contemplados para personas que han cometido alguna falta administrativa, estipulada en alguno de los reglamentos municipales, cuya sanción es permanecer en arresto por 36 horas, en la mayoría de los casos y dependiendo de la gravedad del acto.

En Hidalgo, de los 84 municipios, solo dos cuentan con reglamentos específicos para barandillas: Pachuca y Tepetitlán.

En el primer caso, el documento expone las causas por las cuales son ingresadas las personas a la galera de la capital hidalguense, así como las multas a las que pueden hacerse acreedoras.

Ambos documentos establecen lo que le corresponde a la Policía municipal realizar en el caso de la detención de una persona: mantener el orden y la vigilancia en el espacio de retención, evitar maltratar a los detenidos en cualquier momento, no practicar cateos sin orden judicial, evitar retener a su disposición a alguien sin motivo legal justificado, no portar armas fuera de horario de servicio o usar el uniforme o parte del mismo fuera del horario de trabajo.

Además, la ordenanza de Tepetitlán contempla también el tratamiento que se le debe dar a personas con algún tipo de discapacidad. El documento establece, asimismo, 62 acciones por las que se puede ser ingresado a la barandilla. Fue publicado en 2007 y desde entonces no ha sido actualizado, mientras que el de la capital hidalguense entró en vigor en 2001 y tampoco ha sido reformado.

Sobre los 82 municipios restantes, sus respectivas áreas de Transparencia respondieron no contar con el documento o tenerlo en elaboración, pero al cierre de este reportaje ninguno había publicado la ordenanza en sus portales de información web.

Huehuetla es un caso aparte. Consultado respecto a si cuenta con un reglamento específico de barandilla, a través de una solicitud de información respondió que no, pero que para tales efectos se guiaba con los carteles que proporciona la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), que es un decálogo de los pasos a seguir.

Estos, que también son tipo cómic, señalan la forma en que deben ser tratados quienes son ingresados a la barandilla, como: el policía debe identificarse, advertir la intención de utilizar el arma y dar tiempo a la persona para que tenga en cuenta la situación.

Asimismo, al momento de remitir a alguien a galera se debe realizar un inventario de sus pertenencias, las personas deben ser certificadas por un médico y vigilarlas de forma permanente; además, deben retirárseles agujetas, cinturón y otros objetos con los que se puedan hacer daño, así como mantener fuera de su alcance objetos que pongan en riesgo su integridad.

Evitar exponerla ante los medios de comunicación, establecer un área de detención para mujeres, notificar a los familiares el motivo del arresto y permitirles a ellos, así como a los abogados, el acceso al área de retención. Y, por último, agilizar los trámites de salida.

Entre otros cómics en forma de carteles, existen aquellos en los que se advierte a los elementos de la Policía municipal que no se debe hacer uso de la fuerza pública si no es necesario.

No obstante, estos pósteres son solo una “herramienta de difusión, pero no de protección”, “muy específicos y muy genéricos”, de acuerdo con Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la CDHEH.

“Existe un informe policial homologado, que no se aplica porque las personas no conocen los protocolos, pero, sobre todo, en muchas veces en temas administrativos no quieren aplicar ese protocolo. No lo hacen, porque para faltas administrativas, para muchos asuntos, los ven como ‘Uhm, para qué voy a perder el tiempo’.

“Lo mejor que podemos hacer es acompañarnos en temas de prevención. Nosotros tenemos espacios, por ejemplo, la dignidad de la detención es uno de los puntos más importantes. El que una persona se encuentre en estado de detención no significa que deba perder su dignidad. Un ejemplo: si una mujer está vomitada, por las circunstancias en las que se encontraba, lo que tenemos que hacer es dotarle de ropa limpia, productos de aseo, retirarlos en ese momento, porque nada más es para su aseo, y estarla vigilando que los utilice para ello y retirarlo para que no se pueda hacer daño. Esto lo tiene que hacer el municipio”, agrega.

“Las barandillas tienen que ser espacios dignos, no pueden ser un espacio de cuatro por cuatro (metros). Necesitamos un espacio digno para que eso suceda”, añade. Sobre los decálogos, señala también que deben estar a la vista de las personas detenidas, lo que no ocurre.

Por su parte, Francisco Jaime Hidalgo González, exsubprocurador jurídico y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), asegura que existen reglamentos que deben seguirse para la puesta a disposición de las personas.

“Sí existen protocolos, existen reglamentos y este es el Protocolo Nacional de Detenciones, en el que se deben basar todos los municipios”, afirma.

Ese documento es de observancia nacional y está por encima de todos los reglamentos, por lo que debe ser considerado, asegura el también extitular de Unidad Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

El 15 de febrero pasado, Hidalgo González asumió la titularidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGJEH, pero terminó el cargo con el cambio de administración estatal, el 5 de septiembre de 2022. Antes se había desempeñado en la CDHEH, organismo autónomo en el cual estaba encargado de generar el diagnóstico de las 84 barandillas municipales que hay en Hidalgo.

El más reciente de esos documentos, que señalan el estado que guardan los espacios para la retención primaria de las personas, fue emitido en agosto de 2022, luego de que Parra Bonilla asumiera la titularidad de la CDHEH.

De 2013 a 2018, la comisión emitía diagnósticos de este tipo de manera semestral, pero a partir de 2019 comenzó con la publicación anual y la de 2021 se vio retrasada por los casi ocho meses que estuvo acéfalo el organismo autónomo luego de que su otrora titular, Alejandro Habib Nicolás, fuera designado procurador de Hidalgo en la recta final de la administración de Omar Fayad Meneses.

Todos los diagnósticos fueron consultados para la elaboración de este reportaje y cotejar el número de decesos en esos espacios, por lo que fueron tomados como oficiales los datos que ahí aparecen.

Hidalgo González asevera que hay barandillas que parecen “calabozos, están en pésimas condiciones”.

“Es un trabajo que pude constatar cuando estaba en Derechos Humanos. Yo me encargaba de elaborar los instrumentos de ese cuestionario, las baterías, porque es importantísimo saber cómo están las barandillas”, afirmó en entrevista realizada en marzo pasado. El ahora exfuncionario asegura que la primera actividad que llevó a cabo cuando se integró a la CDHEH fue emitir una recomendación a los 84 municipios para que mejoraran sus instalaciones de barandilla. El archivo está disponible en internet; además, vía Transparencia, se solicitó la batería del cuestionario.

El instrumento solo contiene las preguntas realizadas por los encuestadores y los registros, como que evitaran condiciones de hacinamiento, contaran con espacios específicos para hombres y mujeres y videovigilancia.

Cuando estuvo al frente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Hidalgo González afirma que el primer trabajo que llevó a cabo fue inspeccionar la barandilla de la Policía de Investigación, de la PGJEH.

Asegura que ese espacio cumple con “todo el respeto a los derechos humanos” y existen protocolos para el ingreso y permanencia de las personas detenidas, quienes son imputadas de algún delito.

“Yo quisiera hacer la aclaración, pues luego se presta a confusiones. Aquí, en la barandilla de la Policía de Investigación, se ingresa solamente a personas imputadas por algún delito del fuero federal, porque luego la gente piensa que se mete también a infractores y no es así. Los infractores son los ingresados a los municipios, en las barandillas; los imputados de delitos federales son aquí, en la barandilla de la Policía de Investigación”, explica sobre los también llamados separos de la PGJEH.

Pese a que Hidalgo González asevera que, en esas celdas, se cumplen todos los derechos humanos, el 28 de abril de 2021 se reportó el presunto suicidio de un sujeto originario de Estado de México, que había sido ingresado a la barandilla de la Policía de Investigación por probable robo con violencia.

La entrevista fue realizada al subprocurador casi un año después de este caso. Asimismo, se le solicitó el permiso para ingresar a los separos de la Policía de Investigación y accedió a otorgarlo, en un primer momento, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta para calendarizar la fecha, a pesar de que se enviaron oficios a la PGJEH para concretarlo.

Por otra parte, el ayuntamiento de Tulancingo de Bravo negó el acceso al área de barandilla cuando se le solicitó, para conocer el estado en que se encuentra dicho espacio. En un oficio de contestación, aseveró que la CDHEH ha tenido acceso, por lo que cualquier información necesaria debe consultarse con el organismo autónomo.

En el informe correspondiente al diagnóstico de 2021, la comisión señala que la barandilla de Tulancingo tiene instalaciones en buen estado, con todas las medidas necesarias para su funcionamiento, además de que cuenta con un espacio para menores infractores, mejoras en bitácoras y áreas de retención. En general, el organismo autónomo otorgó una calificación “buena” a este lugar.

Estado: “Bueno”

En el diagnóstico penitenciario y de barandillas de 2021, la CDHEH señala que la de Tulancingo tenía instalaciones en “buen estado, con todas las medidas necesarias para su funcionamiento”

Además, cuenta con un espacio para menores infractores, mejoras en bitácoras y áreas de retención. En general, el organismo autónomo otorgó una calificación “buena” a este lugar

“La barandilla huele a meados”

Martina estaba muy enamorada de Fernando y “hacía todo” lo que él le pedía, asegura.

En enero de 2013, la pareja solía reunirse en el parque Hidalgo, de Pachuca, un sitio que se ha vuelto común entre parejas para frecuentarlo por la tarde-noche y sostener encuentros sexuales a escondidas.

Martina y Fernando —cuyos nombres reales fueron cambiados a petición de los entrevistados— se disponían a ello, pero antes decidieron fumar un “churro”.

“Yo no fumaba (marihuana) en ese entonces, pero yo hacía todo lo que él me pedía. Estábamos cachondeando y me dijo: ‘Oye, traigo un churro, ¿nos lo echamos para aumentar el placer?’. Y yo dije que sí”, refiere Martina.

“En esas estábamos cuando él prendió el churrito y no tardaron ni dos minutos cuando se aparecieron dos policías hombres, quienes sometieron a mi novio de ese entonces. Lo tiraron al piso, le pusieron un pie en la espalda. A mí sí no me tocaron, porque soy mujer, pero sí me hicieron que casi me volteara de cabeza para ver qué más salía de mis bolsillos”, agrega Martina, quien tenía 23 años cuando ocurrieron los hechos.

A nueve años de distancia, recuerda que subieron a su ahora exnovio entre los dos policías a la patrulla y lo aventaron. A ella le permitieron subirse por cuenta propia: “Eso sí, a mí no me tocaron un pelo porque soy mujer y ellos eran puros hombres”, insiste.

La pareja fue trasladada a la barandilla de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pachuca, ubicada sobre el bulevar Minero.

Martina afirma que estuvo ahí dentro, en los separos, por siete horas, porque no lograba localizar a su mamá por teléfono, hasta después de las 19:00 horas.

“Es un lugar muy frío. Huele a meados todo el tiempo. No son las condiciones para tener a las personas ahí. Yo insisto, no fumé marihuana ese día y les pedí a los policías que me dejaran ir, pero no ocurrió. Incluso les dije que me hicieran pruebas de sangre para que vieran que no me había drogado”.

Martina afirma que antes de entrar a la barandilla fue examinada por una médica, pero no para determinar si estaba bajo influjo de sustancias psicotrópicas, sino como rutina.

“Me hicieron quitarme hasta el brasier, que por que con eso luego se ahorcan”, asevera en entrevista.

Recuerda que su mamá pasó a recogerla cerca de las 19:30 horas y pudo pagar la multa por la falta administrativa, pero su novio se quedó las 36 horas de arresto que marca el reglamento de barandilla de Pachuca.

El caso de Martina y Fernando no es el único que evidencia las irregularidades que ejercen los elementos de Seguridad Pública de Pachuca.

En julio de 2022, Alexis y su amigo fueron agredidos por uniformados municipales, uno de los cuales, asegura Alexis, bajó a su acompañante del carro, jalándolo por el cuello, sin advertirles si habían cometido alguna falta.

“Estábamos saliendo de un antro. Íbamos jaladones, sí, pero ya íbamos a la casa a descansar y subimos el puente enfrente de Galerías. Pasamos y ellos (los policías) estaban en el Tec de Monterrey. No había alcoholímetro”, sostiene.

Alexis sostiene que se dirigían a Puerta de Hierro, cuando, a la altura de Walmart, en el bulevar Colosio, una patrulla que los seguía desde Galerías les marcó el alto.

“Nos desviamos hacia Soriana del Valle, nos empezaron a silbar los cabrones y yo le dije a mi amigo ‘Ya párate, güey’. Y nos detuvimos a la altura de Walmart, entonces los policías abren la puerta, lo agarran fuerte del cuello y lo sacan”.

Alexis rememora que les empezó “a decir un chingo de jaladas”, porque le molestó el hecho de que lo sacaran sin siquiera preguntar y abrir la puerta del carro sin advertencia. Además, sostiene que en ningún momento los policías se identificaron.

Mientras él se mantenía dentro del carro, en el asiento del copiloto, un elemento forzaba la manija de su puerta. Recuerda que tenía abajo el vidrio de la ventana y un elemento de Seguridad intentó hacerlo descender de la unidad. “Bájame, hijo de tu puta madre, tócame, tócame y vas a ver, cabrón”, le advirtió.

“Entonces me bajo, suben a mi amigo, lo esposan y lo suben a la camioneta. Le pregunto a los policías, ‘¿A dónde se lo llevan?’ y me dicen ‘Usted investigue’”.

Tras llevarse a su acompañante, Alexis estuvo media hora esperando taxi para ir a casa y contar a sus padres lo ocurrido. Recuerda que, horas después, por la mañana, acudió a la comandancia de Pachuca, donde le confirmaron que habían ingresado a su amigo.

“Llego y le digo ‘Quiero pasar a ver a mi amigo, se llama tal y aquí está mi credencial’. Me negaron el acceso: ‘Sáquese a la chingada de aquí, si no, lo vamos a meter a usted también’, fueron las palabras del oficial que estaba en la entrada”, recuerda.

En la comandancia de Pachuca, ubicada sobre el bulevar Minero, Alexis estuvo acompañado de su mamá, su hermana y su pareja, quien es agente del Ministerio Público (MP).

“Pasa mi cuñado, que es MP. Me dice ‘Cálmate, yo voy a hablar con ellos’. Se pasa a ver a mi amigo y mi amigo lo único que le dice es que lo subieron a la camioneta, no le dijeron nada, le quitaron un chaleco Calvin Klein que se acababa de comprar, muy chingón. Traía en su cartera 2 mil pesos, pero lo llevaron atrás de galeras y ahí lo bajaron, lo golpearon y le quitaron el dinero y el chaleco”.

Tras pagar una multa de más de 4 mil pesos y el arrastre al corralón del carro, Alexis asegura que nunca les dijeron qué falta administrativa habían cometido; además, recuerda, solicitó que le descontaran los 2 mil pesos que presuntamente los policías le quitaron a su amigo, lo cual no ocurrió.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, los integrantes de las instituciones policiales tendrán la obligación de informar al imputado al momento de su detención los hechos que establece la Constitución y demás normas aplicables, inscribir de inmediato las detenciones en el registro correspondiente, así como poner a disposición de las autoridades a las personas detenidas sin dilación.

Y, según la fracción XLIII del artículo 48 de la misma legislación, es obligación de los integrantes de las instituciones policiales “resguardar la vida y la integridad física” de los detenidos.

Los ayuntamientos niegan o reservan información de los decesos en galeras

La de Aris Alberto es una de las 19 muertes ocurridas en las barandillas de 13 municipios de Hidalgo entre 2011 y 2021. Es también el primero de cuatro decesos en el interior de la galera de Tulancingo ocurridos entre 2013 y 2019 y el único reportado como “ahorcamiento por suspensión (se colgó con su pantalón)”, en ese municipio.

El registro de estos decesos fue obtenido a través de un recuento hemerográfico y mediante respuestas a solicitudes de información, con lo que se elaboró una base de datos.

Sin embargo, este deceso no es reconocido por el gobierno municipal, pues, consultado sobre cuántas muertes de este tipo se registraron entre 2011 y 2021 en Tulancingo, el ayuntamiento contestó que en 2013 se tenían cero incidencias reportadas; no obstante, reconoce tres casos: uno, en 2016; otro, al año siguiente, y el más reciente, en 2019.

El caso de Aris fue detectado a través de una nota periodística y mediante una entrevista directa con el abuelo de la víctima.

Las tres personas que el ayuntamiento reconoce que murieron en la barandilla de la Secretaría de Seguridad Pública municipal fueron ingresadas por faltas administrativas, como alteración del orden público o conducir en estado de ebriedad.

El primer caso que admite el ayuntamiento es el de Néstor Hernández Vargas, de 25 años de edad, quien el 24 de enero de 2016 falleció en la barandilla de Tulancingo tras haber sido ingresado por una falta administrativa: “Alteración del orden público”. Según el ayuntamiento, Néstor cometió suicidio “colgándose con los barrotes de la celda con su camisa”.

La presidencia municipal de Tulancingo, a través de su área de Transparencia, reconoce que, el 4 de junio de 2017, Omar Villena Cruz, de 39 años, también falleció en el interior de la barandilla municipal.

Según el documento obtenido vía Transparencia a través del recurso de revisión 005/2022 —iniciado luego de que el ayuntamiento excediera el tiempo límite de repuesta y no solicitara la ampliación del plazo—, Villena Cruz fue remitido a la galera por “alteración del orden público en estado de ebriedad”. La causa de muerte reportada por el municipio fue “congestión alcohólica”.

El fallecimiento más reciente registrado en la barandilla de Tulancingo corresponde a Francisco Vargas Kuri, de 61 años. Este adulto mayor fue ingresado a los separos por “conducir en estado de ebriedad y posesión de sustancia blanquecina granulada con características similares a la droga conocida como cristal en el interior de una bolsa transparente (sic)”. El ayuntamiento reportó que la causa de muerte también fue “congestión alcohólica”.

En 2013, año en que Martina y Fernando fueron detenidos, ocurrió un deceso en el interior de la barandilla de Pachuca de Soto, justo en el área en que Fernando cumplió sus 36 horas de arresto.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, “obra en los archivos el fallecimiento de una persona por accionar arma de fuego, mismo que ingreso al área de retención por incurrir en una falta correspondiente al capítulo segundo ‘Infracciones contra la tranquilidad y el orden público’ en su artículo 36 fracción IV del Bando de policía y gobierno del municipio de Pachuca, consistente en alterar el orden público (sic)”.

En una nueva solicitud de información, se requirió al ayuntamiento explicar si el arma de fuego había sido accionada por la persona que murió o por alguien más. La respuesta al requerimiento fue que “la información es inexistente”, por lo que no podría proporcionarla. Posteriormente, la alcaldía advirtió que, todos los registros de 2013, fue destruida conforme a la Ley de Archivo para el Estado de Hidalgo.

La CDHEH no tiene registro de este deceso, pues los diagnósticos comenzaron a realizarse en 2014 y no existe en su portal prueba de que en 2013 se haya hecho alguna inspección.

Un caso similar ocurre con Huejutla de Reyes, cuyo ayuntamiento niega tener información sobre el presunto suicidio de una persona de 20 años, lo que habría ocurrido el 29 de junio de 2021, en la cárcel comunitaria de Ixcatlán.

Se solicitó al ayuntamiento conocer cuántas personas habían fallecido en las galeras o cárceles comunitarias de 2011 a 2021. La respuesta fue que no se encontró información.

Se inició una nueva petición de datos, cuya respuesta el Comité de Transparencia clasificó como reservada por cinco años; al impugnarlo, el Instituto de Transparencia, Ac-ceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos del Estado de Hidalgo (Itaih) determinó sobreseer el expediente, al considerar que el ayuntamiento de Huejutla contestó lo solicitado, aunque ello sucedió a destiempo.

Las demás muertes en barandillas en el periodo en mención ocurrieron en Atlapexco, El Arenal, Huautla, Progreso de Obregón, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río, Tlanchinol, Tula de Allende, Tezontepec de Aldama y Zapotlán.

En 2013, en Tezontepec de Aldama se registró el deceso de un hombre de 46 años que fue ingresado al área de retención primaria por conducir en estado de ebriedad, de cuya muerte no se proporcionó más información, pero en marzo de 2014 el gobierno de Hidalgo aseguró que se tenía una carpeta de investigación en integración.

Al año siguiente, el 24 de marzo, un hombre de la comunidad Santa Lucía, de Tlanchinol, cuya edad no se reveló, falleció en la barandilla de ese municipio: “Fue arrestado el 23 de marzo del 2014, por los alguaciles, por alterar el orden público y que se encontraba en estado de ebriedad. Y este en la mañana siguiente se encontró sin vida, atado con un cinturón en la puerta de la barandilla”, asegura el ayuntamiento.

El 7 de abril de 2014, Trinidad Miranda Sánchez, de 46 años de edad, fue ingresado al área de retención primaria de El Arenal por alteración del orden público y murió por ahorcamiento por suspensión.

En tanto, en Tula, el 8 de enero de 2015 Rubén García Ángeles, de 53 años de edad, fue ingresado a la barandilla de ese municipio tras un accidente automovilístico; el hombre amaneció muerto por una presunta broncoaspiración.

Además del caso ocurrido en 2016 en Tulancingo, se suscitaron otras tres muertes en barandillas ese año: en Zapotlán, Misael Segura Ramos, de 21 años de edad, fue ingresado a los separos tras un accidente vial y por “conducir en estado inconveniente y alterar el orden público”. El ayuntamiento sostiene que la causa de muerte fue “asfixia por mecanismo de ahorcamiento en su modalidad de suspensión incompleta”.

Asimismo, Ricardo N, de 37 años de edad, fue hallado muerto en la cárcel comunitaria de Cuatolol, donde, según el ayuntamiento de Tepehuacán de Guerrero, “se suicidó dentro de la cárcel comunitaria, ahorcándose con su camiseta”. Fue ingresado “por encontrarse en estado de ebriedad”.

Mientras que el 11 de mayo de 2016 un menor de edad de la comunidad Santa Lucía, Tlanchinol, fue hallado sin vida en la galera de ese municipio, donde fue hallado sin vida “atado con un pañuelo en la puerta de la barandilla”.

En tanto, durante 2019, además del caso de Tulancingo, se registró otro deceso, pero en Atlapexco, donde el 13 de noviembre un hombre, que había intentado agredir a su esposa, pereció en la cárcel comunitaria de Cochiscuatitla, adonde fue remitido por violencia familiar.

Al año siguiente, en 2020, se reportaron dos casos: uno, en Tepeji del Río, donde el 19 de mayo un migrante guatemalteco, de iniciales A. S. R. M., perdió la vida por una presunta broncoaspiración en el área de retención, adonde había sido ingresado por alterar el orden público.

El otro deceso ocurrió en la cárcel comunitaria de Texcapa, Tepehuacán de Guerrero, donde Marcial Salvador Prospero, de 28 años, fue hallado muerto; había sido ingresado, según el ayuntamiento, “por encontrarse en estado de ebriedad”.

En 2021 se registraron tres muertes de personas mientras estaban en resguardo de las policías. El primer caso ocurrió el 28 de abril en el área de retención de la Policía de Investigación, en Pachuca de Soto, a donde fue remitido un hombre que presuntamente había cometido robo con violencia y fue hallado ahorcado.

Mientras que el 9 de junio de 2021, Beatriz Hernández Ruiz falleció tras presuntamente haber cometido intento de suicido en la barandilla municipal y ser trasladada a una clínica de Progreso de Obregón. Tenía 29 años de edad y fue ingresada tras verse involucrada en un choque vial. En dos solicitudes de información, el municipio negó que se hubieran registrado muertes en su barandilla; sin embargo, al resolverse el recurso de revisión 012/2022, el ayuntamiento, a cargo de Armando Mera Olguín, confirmó que se había reportado un intento de suicidio en su área de retención primaria, a las 18:53 horas de ese día.

En tanto, el 10 de agosto de 2021, Pedro U. C., de 53 años, falleció en una cárcel comunitaria de Huautla, a donde fue ingresado por alterar el orden público. El ayuntamiento aseguró no tener muertes de ese tipo en el periodo en mención.

“Los policías son coléricos”

Un patrón constante en la detención de personas es que los policías usen la fuerza para tratar de inmovilizar a un sujeto.

Aunque el Protocolo Nacional de Detenciones señala que en ningún momento debe hacerse uso de la fuerza, salvo cuando la persona a someter esté en posesión de armas de fuego, ha sido constante el empleo de la misma, como se evidenció en el caso de la detención del amigo de Alexis.

El presidente de la organización civil Defensa, Formación e Investigación en Derechos Humanos (Defiendeh), Gerardo Romero García, asevera que los policías son coléricos, pues “hacen su trabajo enojados” y en ocasiones intervienen sus emociones con su desempeño.

Aunado a ello, señala, la falta de buenos salarios también incide en que hagan su trabajo o que se vuelvan “policías coléricos” e incluso sometan a las personas de manera incorrecta, “como en el caso de la doctora Beatriz”, refiere.

El 9 de junio de 2021, Beatriz Hernández Reyes viajaba de Pachuca a Tezontepec de Aldama, de donde era originaria.

La doctora de profesión terminó su guardia en el Hospital General de Pachuca y se dirigía a casa de su abuela. Casi a la mitad del camino, a la altura de la entrada a Progreso de Obregón, Beatriz, de 29 años de edad, se vio involucrada en un accidente vial.

Según testigos, se bajó a ayudar a los demás afectados, pues presuntamente había provocado el accidente y se presentó como médica para atender la situación.

Un video grabado por testigos y que fue exhibido en internet muestra cómo una mujer policía somete a Beatriz por el cuello con el borde de la mano izquierda. A simple vista se observa que ejerce presión. Luego de ello fue ingresada a la barandi-lla de Progreso de Obregón.

El videoclip difundido en redes sociales, de apenas 35 segundos de duración, fue desestimado por las autoridades como prueba de abuso policial en el juicio para resolver el presunto feminicidio de Beatriz, quien falleció en la Clínica Humana, a menos de cinco minutos en carro de la comandancia municipal.

Por este hecho, al día siguiente de lo ocurrido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) indicó, a través de una tarjeta informativa, que en el distrito judicial de Mixquiahuala de Juárez inició una carpeta de investigación por la muerte de B. H. R., cuya indagatoria se desarrollaba bajo el protocolo de feminicidio.

Tras analizar los videos de vigilancia de la barandilla, la jueza encargada del caso determinó que Beatriz “se suicidó con un pañuelo blanco” que estaba en el interior de su celda, versión que coincidió con la señalada por el ayuntamiento de Progreso de Obregón, a través de un comunicado posteado en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, por este caso, la familia de Beatriz obtuvo como reparación del daño la cantidad de 780 mil pesos. Este es el único caso que ha accedido a ese beneficio, de los 19 registrados en nueve años en Hidalgo.

La reparación del daño es un derecho que la ley otorga a las víctimas indirectas.

Aunque medios de comunicación refieren que la doctora tenía 29 años al día de su muerte, en el documento emitido vía Transparencia, como respuesta a la solicitud de información 1302131000026221, el gobierno de Hidalgo señala que tenía 25 años y que fue remitida a la barandilla de Progreso de Obregón por el “delito de daño en propiedad ajena (hechos de tránsito terrestre)”.

Consultada al respecto de las actuaciones de las policías, la activista de los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), Pamela Álvarez, asegura que estos decesos se deben a la falta de capacitación de los primeros respondientes, que son las policías municipales, además de que existe “poca vigilancia” en las barandillas y las condiciones de estas no son las óptimas.

“Muchos (de las personas ingresadas a galeras) están en estado de ebriedad. No tienen un médico de base (en el área de retención), no tienen una vigilancia constante y no tienen las condiciones dignas para tener a las personas”.

Además, Álvarez considera que la situación se agrava porque no hay una supervisión constante, es decir, “no hay una cámara, no hay un custodio permanente que los esté vigilando”, lo que propicia que ocurran estas situaciones mientras las personas están en resguardo.

Asimismo, sobre el protocolo para las detenciones, la activista asegura que los primeros respondientes “ni lo conocen ni lo siguen”.

“A veces, ejercen una fuerza no necesaria, hacen sometimientos no necesarios cuando no están oponiendo resistencia y no hay un médico permanente, sobre todo en el horario nocturno, no hay un médico de base”, asegura.

Municipios invierten cero pesos en videovigilancia

De los 13 municipios que de 2013 a 2021 registraron decesos en barandillas, solo Huejutla, Tulancingo, Pachuca, Tepeji del Río y Tula accedieron, en el ejercicio fiscal de 2020, al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

De acuerdo con el gobierno federal, el Fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando ejercen la función de Seguridad Pública, con el que se puede dar entrenamiento y aplicar evaluaciones de control de confianza a los elementos operativos en las instituciones locales.

Durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con copias del anexo técnico del programa que obran en posesión de Criterio, ninguna de estas cinco demarcaciones invirtió en el subprograma Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.

No obstante, destinaron gran parte de los recursos al programa Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública.

La administración de Raúl Badillo Ramírez (Huejutla, 2016-2020) proyectó gastar 6 millones 401 mil 693 pesos en 360 botas, 360 camisas o camisolas, 360 pares de pantalones, 360 gorra tipo beisbolera, 172 fornituras, 45 bastones policial PR-24, 40 cascos antimotín, 40 escudos antimotín, 58 gases lacrimógenos, 15 chalecos balísticos mínimos, 40 cascos balísticos mínimos y cinco pickup doble cabina equipadas como patrulla con balizamiento.

Por su parte, el exalcalde de Tulancingo Fernando Pérez Rodríguez planteó un gasto de 8 millones 222 mil 971.42 pesos en cinco motocicletas equipadas como patrullas con balizamiento, seis pickup doble cabina equipadas como patrulla con balizamiento, 488 camisolas o camisas, 488 pantalones, 488 gorras tipo beisbolera, 244 chamarras, 488 pares de botas y 15 cascos balísticos mínimos.

En tanto, con Yolanda Tellería Beltrán al frente del gobierno de Pachuca, se proyectó gastar 13 millones 47 mil 397 pesos en cuatro drones, seis pickup doble cabina equipadas como patrullas con balizamiento, un material de apoyo de operación para primer respondiente, cien sistemas de grabación portátil en patrulla, 50 chalecos balísticos mínimos, 15 cascos para ciclista, 50 cascos para motociclista, 15 coderas tácticas, 15 rodilleras tácticas, 200 kepí, 400 pares de zapatos tipo choclo, 600 pares de botas, 300 gorras tipo beisbolera, 500 chamarras, mil pantalones, 500 playeras (por especificar modelo) y mil camisolas o camisas.

En Tepeji del Río, el gobierno de Moisés Ramírez Tapia gastaría 3 millones 391 mil 653 pesos en 160 pares de botas, 160 camisolas o camisas, 160 pantalones, 160 gorras tipo beisboleras, 80 chamarras, 80 fornituras, dos pickup doble cabina equipadas como patrullas con balizamiento, dos motocicletas equipadas como patrulla con balizamiento y un material de apoyo de operación para primer respondiente.

Mientras que el gobierno de Ismael Gadoth Tapia Benítez, en Tula, propuso un gasto de 8 millones 755 mil pesos en 15 mil municiones para arma larga, 30 mil municiones para arma corta, tres sedán equipados como patrulla con balizamiento, tres pickup doble cabina equipadas como patrulla con balizamiento, 25 chalecos balísticos mínimo, 500 gorras tipo beisbolera, 500 pantalones, 250 fornituras, 250 chamarras, 500 camisolas o camisas y 500 pares de botas.

Además, de estos cinco municipios, solo Tulancingo y Pachuca programaron gastar recursos del subprograma Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública, en el concepto de Formación Continua (Derechos Humanos): el primero, por 105 mil pesos, para entrenar a 30 uniformados, y el segundo, por 176 mil pesos, para capacitar a 44 elementos.

Consultado al respecto, Octavio Magaña Soto, diputado local por el distrito XIV, con cabecera en Tula de Allende, y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia en la LXV Legislatura de Hidalgo, asegura que los municipios solicitan dinero al Poder Legislativo para mejorar la infraestructura de Seguridad Pública, pero no lo aplican.

Además, afirma que, en tema de las detenciones de personas, no existe una visión en el ramo municipal sobre la protección de los derechos humanos.

El legislador sostiene que existe una falta de infraestructura municipal para tener una perspectiva de Seguridad Ciudadana con visión de derechos humanos.

“En el tema específico de los derechos humanos, no existe el recurso (en los municipios) y cuando existe no se le destina al fortalecimiento de infraestructura, al fortalecimiento de capacitación en dos vertientes: en los recursos humanos y en los recursos materiales que se tienen”.

Además, considera que las demarcaciones solo les requieren dinero, pero no lo aplican.

“A nosotros nos exigen dinero […], pero ellos (los municipios) se van mucho por el rescate de espacios públicos, alumbrados”.

Inversión

105 mil pesos del Fortaseg destinó en 2020 el ayuntamiento de Tulancingo para capacitar en Derechos Humanos a 30 policías municipales

176 mil pesos del Fortaseg destinó en 2020 el ayuntamiento de Pachuca para capacitar en Derechos Humanos a 44 policías

Rigen usos y costumbres en las cárceles comunitarias

Al menos cinco de los 19 decesos ocurridos en barandillas tuvieron lugar en cárceles ubicadas en comunidades de municipios indígenas, como Atlapexco, Huautla, Huejutla y Tepehuacán de Guerrero.

Estos espacios, de acuerdo con Agustina Andrade de la Cruz, jueza conciliadora de Huejutla, no son regidos por ninguna ley, sino por los usos y costumbres de las comunidades.

Es decir, los delegados, que fungen como autoridad auxiliar de una localidad, son los encargados de derivar a alguna persona que ha infringido las normas de la localidad a una “cárcel de castigo”, como también las define Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

Parra Bonilla asegura que ninguno de los usos y costumbres puede permitir que se ponga en riesgo la vida de las personas.

“Todo derecho humano está sobre los usos y costumbres, siempre. Si nosotros ponderamos los usos y costumbres, ningún uso ni costumbre va a estar por encima de los derechos de las personas y esa ponderación nos invita también a analizar el contexto”.

Sin embargo, en la última década ocurrieron cinco decesos de personas en esos espacios, de los que, de acuerdo con Andrade de la Cruz, el ayuntamiento de Huejutla recibe los reportes de los delegados, para que el municipio pueda después intervenir.

“Normalmente el delegado se comunica con nosotros. Nosotros verificamos si el detenido tiene alguna lesión y por qué lo tienen retenido. Verificamos la situación, si yo veo que no ponen en peligro su vida y demás y en qué tiempo lo tuvieron, pues ya lo traemos nosotros a comandancia. Hablan ellos a una patrulla para que lo canalicen ya lo ponen a mi disposición o vemos para dónde canalizarlo: si es conmigo, al Ministerio Público o al Centro de Atención a Víctimas”.

Por su parte, el diputado Octavio Magaña Soto coincide con la presidenta de la CDHEH en que “los derechos humanos no están a debate”, pero que el gran reto que tienen como legisladores es el respeto a los usos y costumbres.

“La visión que puedan tener los usos y costumbres en una comunidad es algo complejo, porque te sorprendes no solo de la violación de los derechos humanos no solamente en este tipo de cuestiones, sino en niños y niñas y adultos por el simple hecho de la justificación”.

El legislador del PVEM considera que “se tiene que hacer una campaña, una política pública de mucha consciencia entre los niveles de gobierno y trabajar en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos” para que prevalezcan las garantías individuales sobre los usos y costumbres.

 

Crisis familiares, económicas o de relaciones detonan la tendencia suicida

Aris Alberto Sosa Cordero, Trinidad Miranda Sánchez, Misael Segura Ramos, Ricardo N., Néstor Hernández Vargas, Beatriz Hernández Ruiz y Silverio H. M., además de dos hombres y un menor de edad cuya identidad no fue revelada, son los nombres de personas que fueron ingresadas a barandillas o cárceles comunitarias de municipios de Hidalgo, cuya muerte fue reportada como presunto suicidio.

De acuerdo con Jocelyn Lugo, psicóloga especializada en Suicidología y miembro del Instituto Hispanoamericano de Suicidología (Inhisac), la tendencia a quitarse la vida deriva de crisis económicas, familiares o de relaciones amorosas.

“Existe una visión de túnel; es decir, en la que la persona tiene ve todo de manera sombría y considera que todo lo que hace está mal hecho”, señala en entrevista.

Asimismo, afirma que existen factores de alerta para detectar una tendencia suicida, como son que, días antes de atentar contra su vida, una persona empiece a regalar sus pertenencias, busque métodos para terminar con su vida o bien, recolecte medicamentos para cometer su propósito.

“Se trata de conductas autodestructivas, en las que el dolor emocional les invade”.

Además, explica que en algunos casos existe un antecedente de depresión que detona una conducta de este tipo.

Consultada respecto al uso de drogas, alcohol y otras sustancias nocivas, la especialista explicó que estas generan un estrés emocional que puede acrecentar el riesgo de suicidio.

“Ocurre porque algunas drogas, así como el alcohol, desinhiben a la persona que las consume; es decir, si ya existe un antecedente de conducta suicida, con el consumo de estas sustancias se incrementa el riesgo potencialmente porque las personas no están cien por ciento conscientes de sus actos”.

Lugo recomienda que las familias estén al pendiente y detecten posibles conductas suicidas, como que las personas se despidan de sus amigos o regalen sus pertenencias; asimismo, que estén al tanto de las amenazas que realizan.

“Algunas personas amenazan con que se van a suicidar, y en ello debe haber una desmitificación: no es que lo estén advirtiendo, es que están llamando la atención para solicitar ayuda psicológica o psiquiátrica. Muchas de las veces, es cierto que quienes advierten que van a cometer suicidio lo hagan”, refiere.

Para pedir ayuda en temas de suicidio, la especialista del Inhisac recomienda solicitar atención al 911, en la Línea de la Vida, o recurrir a organizaciones como de la que es parte, ubicada en Ciudad de México, aunque refiere que los gobiernos de las entidades también deben contar con un este tipo de unidades de atención psicológica.

Rizieri Plascencia | Pachuca